EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA MEGAMINERÍA
El pasado 2 de octubre, la Autoridad de Licencias Ambientales (Anla) decidió archivar la solicitud de licencia ambiental presentada por la Sociedad Minera de Santander S.A.S - Minesa para el proyecto de “Explotación Subterránea de Minerales Auroargentíferos Soto Norte”, en Santander. Este proyecto había sido cuestionado por su impacto en el Páramo de Santurbán y en el suministro de aguas de la región metropolitana de Bucaramanga.
Esta decisión ocurrió una semana después de la visita de la Anla al municipio de Támesis en Antioquia, durante los días 20 al 28 de septiembre, para evaluar el licenciamiento del proyecto de minería subterránea de Quebradona, ubicado en los municipios de Jericó y Támesis. En esta visita se argumentó, por parte del municipio de Támesis y varios terceros, que el impacto del proyecto minero no se limita al municipio de Jericó, como lo quiso presentar la empresa proponente del proyecto en su estudio de impacto ambiental (EIA), sino que impacta también a otros municipios de la Provincia de Cartama en el Suroeste antioqueño. Estos municipios comparten identidad social y cultural, paisajes, fauna y flora, recursos hídricos y riesgos geológicos; por lo tanto, hacen parte del área de influencia del proyecto, cuyo impacto tendría un efecto permanente en la región y podría cambiar para siempre su historia.
Como tercero interviniente en el proceso de licenciamiento ambiental del proyecto Quebradona, Proantioquia se pronunció ante la Anla sobre el impacto integral del proyecto en el territorio. Entre otros argumentos, sugerimos acudir a la figura constitucional de provincias administrativas y de planificación para establecer un modelo de gobernanza de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos a nivel regional, no solo municipal, en este caso para la Provincia Cartama. Igualmente, dimos cuenta de la debilidad institucional para la toma de la decisión, mediante la presentación de derechos de petición a 29 entidades estatales relacionadas con este territorio, en cuyas respuestas se evidencia que no cuentan con los estudios y análisis suficientes para evaluar la conveniencia del proyecto.
También resaltamos que las autoridades no han atendido la sentencia SU095 del 2018, en la que la Corte Constitucional exhorta a las entidades a nivel nacional del Estado a robustecer institucionalmente sus funciones, minimizando los riesgos de la actividad minera y logrando avances en la consolidación de instrumentos que garanticen la coordinación y concurrencia de la Nación y los territorios para la toma de decisiones de uso del suelo y el subsuelo. Igualmente, argumentamos que la decisión no puede basarse en una comparación entre el interés particular y general, sino en el argumento superior de la garantía de los derechos de las personas: individuales, colectivos, de igualdad, de libertad, actuales y de generaciones futuras. Desde esta perspectiva, proponemos un mapa territorializado de los derechos que incluya el de la libertad económica de elegir otras actividades productivas para la región (agricultura, turismo, etc.), el derecho al paisaje y al espacio público rural, el derecho a la seguridad física y alimentaria y otros. Lo anterior exige un diálogo social sobre la planeación territorial, que deberá reflejarse en los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) municipales y de la Provincia Cartama.
Finalmente, concluimos que los proyectos de Santurbán y Quebradona están haciendo historia en el país. Por primera vez se cuenta con la participación de una sociedad civil organizada, técnica y jurídicamente soportada, que hace el llamado a la Nación para que se fortalezcan los procedimientos de evaluación de los megaproyectos de extracción mineral y sus consecuencias para el desarrollo sostenible
“El impacto del proyecto minero no se limita al municipio de Jericó, (...) sino que impacta también a otros municipios de la Provincia de Cartama en el Suroeste antioqueño”.