Oficialismo competirá solo en Venezuela
En Venezuela, los líderes enfrentados al régimen rechazan los comicios de diciembre. En el plano internacional, Juan Guaidó pierde credibilidad.
Analizamos cómo están las fuerzas políticas para las legislativas de este año. Una realidad es que la oposición pierde fuerza.
El 6 de diciembre Venezuela está convocada a unas elecciones legislativas para renovar su Asamblea Nacional (AN), pero que hasta ahora generan muchas dudas. El Grupo de Lima, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, entre otros, piden que los comicios se aplacen, pero ni el Consejo Nacional Electoral (CNE) ni el Ejecutivo de Nicolás Maduro lo aceptan.
Los líderes de la oposición más reconocidos, Juan Guaidó (Voluntad Popular), Henrique Capriles (Primero Justicia), Maria Corina Machado ( Vente Venezuela) y Antonio Ledezma (Alianza Bravo Pueblo), no llevarán a sus fuerzas políticas a la contienda. Así las cosas, la colectividad fuerte será el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV): el de Maduro.
Hay otros grupos regionales que estarán en la jornada, como Alianza Progresista y Cambiemos, pero estos son de corte oficialista. Tampoco habrá veeduría internacional. Si bien el Ejecutivo invitó a la Unión Europea a desempeñar esta tarea, esta puso condiciones que el régimen no aceptó.
“Va a terminar siendo una elección en la que, más allá del PSUV, participarán los partidos políticos de la supuesta ‘oposición’ que el gobierno ha venido armando a su medida. Como no hay ninguna opción real para generarle contrapesos, la participación será baja”, asegura Félix Seijas, director de la firma estadística Delphos y profesor de la Universidad Central de Venezuela.
En sus cálculos está que máximo el 25 % de la ciudadanía podría acudir a las urnas. Hay dos variables que podrían cambiar esa proporción: la pandemia y los pasos que den las colectividades opositoras en las próximas semanas.
El CNE, liderado también por el oficialismo, está firme en realizar los comicios. Esta semana presentó las nuevas máquinas de votación electrónica para reemplazar las que se dañaron en marzo en un incendio. Su directora Indira Alfonzo aseguró que “aquí están dadas todas las garantías”.
La cuestión es que sin veeduría internacional esa jornada será vigilada, hasta ahora, por los mismos actores que participan: el régimen y sus partidos afines. Lo que está en juego es el futuro de la única institución del país es controlada por la oposición y que lidera el proclamado presidente interino, Guaidó.
La oposición pierde fuerza
A Guaidó 60 países, incluyendo Colombia, lo reconocen como mandatario. Él, desde enero de 2019, trazó una ruta de transición que no ha logrado materializar y tiene el reloj en su contra: el 5 de enero de 2021 vence su periodo como parlamentario, el único atajo legal que tiene para seguirse llamando “presidente”.
No son buenos días para la oposición, porque empieza a perder reconocimiento internacional. Sin ir muy lejos, el 5 de octubre la justicia británica le retiró la potestad que tenía sobre el oro que el estado venezolano guarda en el Banco de Inglaterra. Gobiernos aliados como el de Jeanine Áñez
en Bolivia están por dejar el poder; de otros como Donald Trump, en Estados Unidos, se desconoce si seguirán al mando para el próximo año.
“Nicolás Maduro siempre logra el respiro siguiente, consigue aguantar más de lo que otros pensaban. Algo que no está sucediendo con la oposición. Mientras Maduro cada día puede sobrevivir, la oposición se desgasta más a medida que pasa el tiempo y pierde credibilidad internacional”, afirma Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
Guaidó trazó un nuevo plan. Con la AN buscaría una consulta popular en la que preguntaría a la ciudadanía si rechazan las Legislativas del 6
de diciembre y si apoyan los mecanismos de presión internacional que él lidera. Ese proyecto lo planteó el 2 de octubre y, hasta ahora, no hay detalles de cómo sería esa convocatoria que no cuenta con respaldo del órgano electoral.
Entre tanto, el discurso internacional lo centra en las violaciones a los derechos humanos que están sucediendo en Venezuela bajo la anuencia del régimen, denuncias que han quedado registradas en informes de Naciones Unidas que Maduro desmiente.
Sin embargo, estos casi 22 meses de su presidencia interina dejaron claro que aún no tiene cómo demostrar su poder al interior del país, con lo que Maduro se aferra cada vez más al Palacio de Miraflores