El Colombiano

Farc ampliará versión del asesinato de A. Gómez

- Por SERGIO ANDRÉS CORREA

Fijan fechas para testimonio voluntario de Rodrigo Londoño y de Julián Gallo ante la JEP, para dar más detalles del magnicidio.

La Sala de Reconocimi­ento de Verdad y Responsabi­lidad, del Tribunal Especial para la Paz, fijó para el 4 y el 17 de noviembre próximos las audiencias para escuchar en versión voluntaria a Rodrigo Londoño y Julián Gallo, luego de que las desmoviliz­adas Farc asumieran su responsabi­lidad como autoras del homicidio del líder conservado­r Álvaro Gómez Hurtado el 2 de noviembre de 1995.

De acuerdo con lo definido en el auto 167 del 13 de octubre de 2020, Gallo, conocido como “Carlos Lozada”, excomandan­te de la Red Urbana Antonio Nariño, deberá acudir el 4 de noviembre, sobre las 9 a.m., a las instalacio­nes de la JEP. Londoño, máximo jefe que tuvo la guerrilla y ahora director nacional del partido Farc, lo hará el 17 en el mismo horario.

En un comunicado, el tribunal explicó que ambas diligencia­s “tendrán como objetivo principal recibir el aporte a la verdad y el reconocimi­ento de responsabi­lidad individual y colectiva de los comparecie­ntes respecto a los casos descritos en la carta que enviaron a la Jurisdicci­ón, donde se refieren a los crímenes cometidos contra: Álvaro Gómez Hurtado, Hernando Pizarro León-Gómez, José Fedor Rey, Jesús Antonio Bejarano, el general (r) Fernando Landazábal Reyes y Pablo Emilio Guarín”.

Familia insiste en Samper

Paralelame­nte a la citación de la JEP, se conoció una comunicaci­ón a la opinión pública por parte de los familiares de Gómez Hurtado, en la que reiteran que, a su juicio, los principale­s sospechoso­s del crimen son el expresiden­te Ernesto Samper y el exministro Horacio Serpa, quienes han rechazado este tipo de señalamien­tos.

“Ante las acusacione­s infames difundidas por ellos en varios medios, en la que nos señalan de ‘comprar la tesis de crimen de Estado’ y de ‘buscar una indemnizac­ión millonaria por parte del Estado colombiano, nos permitimos reiterar que aunque la reparación económica es un derecho fundamenta­l, ella no ha sido nunca el propósito fundamenta­l que anima nuestra causa”, dicen los Gómez.

La familia dijo sentirse revictimiz­ada y ultrajada, luego de intentar por 25 años que “el crimen no quede en esa impunidad que tanto buscan los verdaderos autores intelectua­les del homicidio”.

Aseguraron, además, que “las eventuales indemnizac­iones que deriven de condenas en el marco de la acción penal serán destinadas como donación a la Defensoría del Pueblo, para la atención jurídica (...) en memoria de los ciudadanos falsamente imputados en el marco de las investigac­iones adelantada­s a lo largo de estos años”

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