Tres imputados por el caso Bernavento
Por estar presuntamente involucradas en las irregularidades que provocaron la evacuación y demolición del edificio Bernavento, en el suroccidente de Medellín, tres personas fueron capturadas y judicializadas.
Según el reporte de la Fiscalía, el lunes 12 de agosto, el CTI, con apoyo del Ejército, capturó al representante legal de la Promotora Bernavento S.A., Jorge Aníbal López Acosta; al geólogo Jhon Jairo Botero Muñoz; y al ingeniero civil Jorge de Jesús Aristizábal Ochoa.
Este último tiene como antecedente penal una condena de cuatro años y tres meses de prisión, por los errores que derivaron en el desplome de la torre 6 del edificio Space en El Poblado, en el que murieron 12 personas en 2013.
En la audiencia de garantías, ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal, el ente acusador les imputó el cargo de urbanización ilegal a los tres implicados; al representante legal le añadieron el delito de estafa en masa agravada. Todos se declararon inocentes en el estrado, y el juez les otorgó el beneficio de la libertad condicional, teniendo que presentarse cada que sean requeridos por la autoridad judicial.
En la diligencia, el fiscal del caso recordó que las irregularidades se derivaron de la construcción del edificio y la venta de la copropiedad, entre 2006 y 2010. Ubicado en La Loma de los Bernal, una zona de clase media alta, Bernavento ofreció a los compradores 48 apartamentos, 51 parqueaderos y 42 cuartos útiles. años han pasado desde la evacuación del edificio Bernavento en Medellín.
La comercialización se realizó, según la Fiscalía, ocultándoles a los compradores varios problemas, que quedaron expuestos posteriormente en los estudios técnicos: no cumplieron las normas de sismorresistencia, hubo fallas en el estudio de suelos y faltaron “los estudios de calado mínimos para establecer el correcto nivel de profundidad de la cimentación de la estructura”.
A esto se sumó que no contaron con los planos estructurales definitivos. La situación, en conjunto, “habría generado fallas no solo en estabilidad de la cuestionada obra, sino también en la de otros inmuebles aledaños, como en el edificio Bernalejas y un centro asistencial para el adulto mayor”, agregó el informe judicial.
Con el paso del tiempo la estructura empezó a resquebrajarse, y ante la amenaza de colapso, la alcaldía desalojó a los residentes en junio de 2016 y dos años después ordenó la implosión de Bernavento.
Para la parte acusadora, “los representantes legales de la obra no constituyeron pólizas de seguro que pudieran preservar en algo el patrimonio económico de las 42 familias que invirtieron en el proyecto, que a la fecha no han sido reparadas y continúan pagando créditos hipotecarios sobre apartamentos que ya no existen”