REFORMA MILITAR
Los colombianos tenemos motivos suficientes para sentirnos orgullosos de nuestro Ejército y su historia. Nació con la gesta libertadora e hizo posible nuestra independencia de España; participó exitosamente en las contiendas libertarias de las cinco repúblicas bolivarianas y acompañó con dificultades el devenir republicano del país hasta la Constitución de 1886, donde se estableció que la Nación requiere para su defensa un ejército permanente y que todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan, para defender la independencia y las instituciones patrias. Este buen propósito se vio interrumpido por la guerra civil de los mil días, de manera que fue solo hasta el año 1907, durante el gobierno del general Rafael Reyes, cuando se establecieron los fundamentos del Ejército Nacional y su modernización, proceso que por definición debe ser continuo y paralelo al fortalecimiento del Estado y de nuestra identidad como Nación.
Hoy, la carta política que nos rige hace precisión en cuanto a la finalidad de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. A las primeras les da como función la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional; mientras a la Policía Nacional le asigna el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, a la vez que asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.
Si bien el orgullo nacional está ligado a nuestras Fuerzas Militares, el propósito de mantener esta característica obliga un juicioso análisis de las realidades actuales y la necesidad de mantener una relación de equilibrio, armonía y simetría de la institución con los intereses de nuestra sociedad. Este esfuerzo requiere mirar con nuevos ojos y escuchar con oídos distintos.
La cotidianidad nos ha llevado a unas Fuerzas Militares centradas en la seguridad interna y la solución de problemas de orden público, mientras realidades externas presionan el debilitamiento del Estado, como la globalización asimétrica y mal gestionada, la ingobernabilidad y la violencia endémica, expresadas en el crecimiento del crimen transnacional organizado; el flujo ilegal de personas, armas, drogas, recursos financieros y otros activos; migración producto de la desesperación, minería ilegal, crisis en la salud pública y en el medio ambiente, e incremento de la protesta social desbocada con efectos negativos en el tejido social.
Estas nuevas amenazas y la visualización de vulnerabilidades escondidas deben llevar al Gobierno a articular, armonizar y potencializar las capacidades de diferentes instituciones del Estado. En este sentido, se deben redefinir roles de los ejércitos de tierra, mar y aire, y las empresas del sector defensa, sin exceptuar la seguridad privada y la defensa civil colombiana, e incorporar los conceptos de seguridad vecinal y regional, con un nuevo marco en cuanto a doctrina, sistema operacional, sistema de armas y tecnología, fundamentado transversalmente en cambios en la educación, formación y capacitación institucional. Ello es indispensable para mantener y consolidar el prestigio que las Fuerzas Militares han tenido en el contexto nacional.
La forma de hacerlo sería, si las condiciones políticas lo permiten, mediante facultades extraordinarias al Ejecutivo para que en un lapso no superior a un año presente una propuesta de ley de reforma militar, acorde con nuevas políticas públicas en temas de seguridad y defensa. El proceso deberá ser liderado por el mando militar, con asesoría de la academia y representantes idóneos de la sociedad civil
Si bien el orgullo nacional está ligado a nuestras Fuerzas Militares, el propósito de mantener esta característica obliga un juicioso análisis de las realidades actuales y la necesidad de mantener una relación de equilibrio, armonía y simetría de la institución con los intereses de nuestra sociedad.