3 RECUSACIONES A UN MAGISTRADO EN CASO 007
traslado a los no recurrentes se han presentado demoras relacionadas con las dificultades de ubicar a las personas que deberían ser informadas de los trámites.
Por ejemplo, para notificar a Luis Raúl Carrillo, quien era el segundo comandate del Frente 10, para que compareciera en el caso 007, por reclutamiento de menores de edad, la JEP acudió a siete estrategias para dar con él, sin éxito. Lo buscó una comisión de la Unidad de Investigación y Acusación; lo buscó a través del sistema de salud y de su EPS, lo llamó a los números que allí registraba y le envió la notificación a la dirección reportada; lo emplazó en un periódico de tiraje nacional durante tres días; y fijo el edicto en la página web de la JEP.
Frente a todos los intentos fallidos, la Sala decidió asignarle un abogado de oficio y notificarlo por ese medio.
El abogado Gallardo reconoció que existe una dificultad para contactar a comparecientes, “porque todos tienen en la JEP, en la Agencia para la Reincoporación y la Normalización y en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz unos datos de contacto, pero en su gran mayoría no están en Bogotá ni en las capitales, sino en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación y esos son lugares bastante alejados, con mucho problema de conectividad tanto por medios virtuales como telefónicos, lo que ha impedido en algunos casos la notificación”.
Por considerar que el magistrado Iván González, relator del caso por reclutamiento de menores de edad, había prejuzgado en unas declaraciones a medios de comunicación en las que supuestamente dio juicios de valor sobre la conducta presuntamente cometida por los comparecientes y porque, según los excomandantes, “entregó información a la opinión pública sobre informes y bases de datos aportados por entidades y organizaciones civiles”, estos lo recusaron.
Según Gallardo, los comparecientes inicialmente le solicitaron al magistrado González declararse impedido, pero ante su negativa lo recusaron. “En este caso son 34 comparecientes y esos tienen 22 abogados y todos hicimos lo mismo. Este es un macrocaso con 6.000 hechos y 340 víctimas acreditadas por la Sala, las decisiones no son tan sencillas de tomar”.
De acuerdo con Linares, esto suspendió los términos para este caso en específico entre el 15 de noviembre de 2019 y el 11 de febrero de 2020, cuando el trámite fue favorable para el magistrado y la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, en segunda instancia, lo mantuvo al frente de la investigación.
Ahora, las Farc tienen los ojos encima por cuenta de
la verdad que dicen querer contar sobre el magnicidio de Álvaro Gómez; la JEP los escuchará el 4 de noviembre y hay expectativa por si acudirán a estos recursos dilatorios