Austeridad, el camino para Viva
La pasada gerencia se interesó en otros megaproyectos, que la nueva calificó de “complejos”.
Así lo dispuso esta entidad de la Gobernación tras reportar pérdidas por $3.447 millones en 2020. Su misión con Antioquia: 75.000 soluciones de vivienda antes de 2024. Estos son los desafíos.
Tras cerrar 2019 con pérdidas por $10.999 millones, acumular 96 procesos judiciales en su contra, que suman pretensiones por $42.625 millones, y arrastrar líos en al menos tres proyectos constructivos, la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia (Viva) arrancó el 2020 con números rojos.
Con la meta de alcanzar 75.000 soluciones de vivienda social en menos de tres años, la entidad encargada de liderar ese sector en el departamento emprendió un proceso de transformación. Sanear las finanzas, reducir el riesgo jurídico y culminar los proyectos heredados del pasado gobierno hacen parte de la estrategia de la institución para “recuperar su foco” fundacional.
Desandar los pasos
El 17 de julio de 2019, el entonces gobernador Luis Pérez Gutiérrez sancionó el Proyecto de Ordenanza N° 18, con el que la Asamblea permitió modificar el objeto social de Viva. Pensando en potenciar su proyección, aquel cambio le abrió las
puertas a la entidad para que incursionara de lleno en la construcción de obras de infraestructura pública.
Según quedó plasmado en el informe de gestión de 2016 2019, bajo ese enfoque Viva se encargó de ejecutar desarrollos por $261.515 millones. Entre ellos, el autódromo de Bello, la Universidad Digital, cicloinfraestructuras, escenarios deportivos y parques educativos, entre otros.
Aunque en el papel la idea buscaba fortalecer el músculo financiero de la entidad, los retrasos y problemas que surgieron en varios de esos megaproyectos se convirtieron en un dolor de cabeza.
Según los datos de la nueva Administración, el autódromo de Bello cerró 2019 con un avance del 36 %, la Universidad Digital del 35 % y las cicloinfraestructuras de Oriente, Occidente y Urabá (contratadas en 2017) con porcentajes inferiores al 70 %.
María Fanery Sucerquia Jaramillo, quien desde enero de 2020 se desempeña como gerente de Viva, consideró que la decisión de cambiar el rumbo de la empresa hacia ese enfoque la alejó de su ADN.
“El reto que recibimos fue retomar la vivienda social. La empresa estuvo enfocada a la infraestructura y la recibimos con unas capacidades organizacionales, operativas y financieras muy complejas”, expresó Sucerquia Jaramillo, para quien “había que empezar una transformación sin abandonar lo recibido”.
Según explicó la gerente, el plan para recuperar el foco en la vivienda se centró en varios frentes.
Virar el timón
Desde el componente financiero, la entidad implementó un plan de austeridad con el que se redujeron en $2.749 millones los gastos de administración y operación. Según el último informe de gestión, aunque al cierre de 2020 las cifras se mantuvieron en rojo, las pérdidas se redujeron en un 69 %, pasando de $10.999 millones en 2019 a $3.447 el año pasado.
Desde el componente organizacional, Sucerquia explicó que se emprendió una reforma administrativa. Aunque se conservaron los 54 cargos directivos que conformaban el organigrama, se crearon nuevas direcciones, como una de
“Recibimos Viva con unas capacidades organizacionales, operativas y financieras muy complejas”.
MARÍA FANERY SUCERQUIA
Gerente de Viva
Vivienda y Hábitat, y se suprimieron otras, como la de Proyectos Especiales.
En tercer lugar, agregó la gerente, se estrecharon los vínculos con otras organizaciones públicas y privadas.
ONU Hábitat, las cajas de compensación familiar y gremios como la Federación Nacional de Cafeteros y Camacol, hacen parte de los actores con los que se busca fortalecer los vínculos.
El cierre de brechas
Aunque bajo la mirada de la nueva Administración, la raíz de los problemas de la entidad subyace en haberse alejado de su quehacer fundacional, exfuncionarios del pasado periodo defendieron la ampliación
del objeto social.
Luis Eduardo Tobón, exgerente de Viva, planteó que los procesos contractuales con problemas deberían ser revisados de forma individual. Esto, con el objetivo de encontrar a los funcionarios o instituciones responsables y no desviar la discusión al objeto social. “A estas alturas del gobierno es inaudito hablar de retrovisor”, cuestionó Tobón, para quien la incursión en el campo de la infraestructura es una oportunidad.
Según la última Encuesta de Calidad de Vida de la Gobernación, en 2019 Antioquia tenía un déficit cuantitativo de 98.041 viviendas y un déficit cualitativo de 294.870.
Bajo ese contexto, el nuevo rumbo de la entidad será puesto a prueba durante los próximos tres años. Sucerquia Jaramillo aseveró que la meta será reducir en un 20,6% esos indicadores