Cómo retomar la senda en EPM
A raíz de la llegada de otro gerente a la compañía, abordamos el impacto de la actual inestabilidad y las claves para superarla.
Nueve horas después de la renuncia de Alejandro Calderón Chatet, el alcalde de Medellín anunció el reemplazo en la gerencia del Grupo EPM.
Tras una sesión extraordinaria, la junta directiva, según informó en comunicado EPM, recomendó por unanimidad la designación de Jorge Andrés Carrillo Cardoso, ingeniero civil y ambiental y máster en gerencia ambiental de la Universidad de los Andes, exviceministro de agua y saneamiento y superintendente delegado para acueducto, alcantarillado y aseo.
Es decir, esta vez no hubo un proceso de selección con firma cazatalentos como el que se dijo había ocurrido con el anterior nombramiento.
Sus principales retos al frente de la segunda empresa pública del país serán la puesta en operación de Hidroituango, la cobertura local de servicio domiciliarios, la renovación de la compañía y sus procesos, y la consolidación de sus filiales, con Afinia en primer orden.
“Tendrá la misión muy importante de continuar la obra que venimos desarrollando, defender los intereses de EPM en la demanda, pero también hacer una EPM de la gente”, le encomendó el alcalde Daniel Quintero, quien presentó ayer a su cuarto gerente de la empresa de servicios públicos en menos de 16 meses de gobierno.
Carrillo dijo que “es un honor gerenciar la empresa teniendo en cuenta que toda la vida he admirado a EPM, toda la vida le he tenido cariño y estar al frente es un reto”.
¿Incompatibilidad?
Carrillo venía desempeñándose como miembro de las Juntas Directivas de ISA y de EPM, a las cuales llegó en agosto de 2020, cuando el alcalde nombró nueva junta tras la crisis de gobierno corporativo, cuando dieron un paso al costado sus ocho miembros.
Ahora bien, ¿se configura alguna incompatibilidad por venir Carrillo de la junta directiva? Como en la mayoría de debates jurídicos, hay dos posiciones. Pero empecemos por la norma que funda la discusión.
El artículo 10 del Decreto 128 de 1976 dice que los miembros de las juntas o consejos, durante el ejercicio de sus funciones y dentro del año siguiente a su retiro, no podrán prestar sus servicios profesionales en la entidad en la cual actúan o actuaron.
En el concepto 123241 de abril de 2019, el Departamento de la Función Pública consideró “que la persona que se encuentra desempeñando el cargo de miembro de junta de una empresa de servicios públicos se encuentra impedido para ser vinculado como gerente de la misma durante el ejercicio del cargo y dentro del año siguiente a su retiro”.
La otra posición (en la que se funda EPM), proviene de un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, emitido en febrero de 2019.
“La norma (artículo 10 del Decreto 128 de 1976) debe ser interpretada bajo la óptica de que lo proscrito es que miembros de juntas o consejos directivos, durante el ejercicio de sus funciones y dentro del año siguiente a su retiro, celebren contrato de prestación de servicios profesionales con el establecimiento público respectivo”, indicó. En consecuencia, añadió, debe entenderse como permitida la vinculación legal y reglamentaria de los exmiembros de juntas o consejos y de los exgerentes, tanto en las entidades descentralizadas y en las empresas oficiales de servicios
públicos domiciliarios.
El secretario General de la Alcaldía de Medellín, Jonathan
Villada, dijo al respecto en su cuenta de Twitter que las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el Decreto 128 de 1976 no afectan el nombramiento del gerente de EPM, debido, indicó, a que su “ingreso lo hace como empleado público y no como contratista”.
Debate jurídico
El abogado y exsecretario general de EPM, David Suárez Tamayo, opinó en su cuenta de Twitter que los conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil no obligan, ni vinculan, ni tienen fuerza normativa y que, por tanto, no garantizan que una decisión sea la correcta o no lo sea.
“Hace mal la Alcaldía y EPM en afirmar que nuevo gerente no tiene incompatibilidad (no es inhabilidad), basados en concepto de Sala de Consulta. Ese concepto no le da validez, ni seguridad total al nombramiento. Igual hacen mal quienes pretenden afirmar con ‘certeza’ que existe una incompatibilidad”, indicó.
“Entonces nadie hoy tiene la verdad, nadie tiene la respuesta correcta (¿existe eso en derecho?). La respuesta la daría la jurisdicción administrativa si alguien demanda el nombramiento. Ni la Alcaldía ni EPM deberían asegurar nada, ni los que se oponen”, concluyó Suárez.
Esteban Hoyos, abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Eafit, opinó que más allá de la discusión legal, “el alcalde debe elegir un gerente sobre el que no haya dudas (ni en su trayectoria, ni en su hoja de vida, ni sobre el que haya un debate jurídico de si puede o no ser el gerente por ser miembro de junta). Y creo que nuevamente se equivoca Quintero”.
Gobierno corporativo, el eje
Ricardo Mejía Cano, gerente de Sala de Juntas, compañía especializada en consultorías de gobierno corporativo, planteó que, además de la renuncia de Calderón y las dudas jurídicas del proceso de Carrillo, un factor que debe estudiarse es la reacción de la junta directiva a lo ocurrido. A su juicio, el hecho de que una persona con un currículo cuestionado hubiera obtenido el respaldo de ese órgano dejaría en tela de juicio su independencia ante a los intereses de la alcaldía.
“Así como los países se gobiernan con tres órganos independientes, en una empresa, los socios, la junta directiva y el equipo de gerencia deben tener la suficiente independencia para que cada uno ejerza los pesos y contrapesos requeridos”, advirtió Mejía, añadiendo que esa falta de equilibrio está afectando a EPM.
María Andrea Trujillo, doctora en Administración de la Universidad de los Andes y fundadora del Centro de Estudios de Gobierno Corporativo del Cesa, planteó que los sucesos de las últimas semanas serían el resultado del quebranto de la comunicación entre los actores de gobierno corporativo y sus grupos de interés.
“Ese quebranto ha hecho que se pierda la confianza”, señaló la experta, agregando que la fractura ha generado que muchos actores que se relacionan con EPM duden de su transparencia.
Al ser consultados sobre los caminos para que la compañía supere su actual crisis, los expertos propusieron fórmulas distintas.
Mientras Mejía recalcó la necesidad de que se enmiende el gobierno corporativo, otros consideraron que la intervención de los órganos de control se hace necesaria.
Bajo esa óptica, Luis Guillermo Vélez, economista especializado en servicios públicos domiciliarios y exconsultor de EPM e Hidroituango, sostuvo que, de acuerdo con la Ley 142 de 1994, el alcalde estaría transgrediendo el artículo 27, en donde se ordena que las empresas de servicios públicos deben ser ajenas a “intereses partidistas”. Por esta razón, sostuvo, órganos como la Procuraduría, la Contraloría o las superintendencias deberían iniciar procesos.
Por su parte, Mejía insistió en que el papel activo de la ciudadanía y su participación a través de las herramientas que permite la ley, como las veedurías, aparecen como un factor clave para vigilar las decisiones de la empresa y proteger el patrimonio público.
“La reputación, el prestigio y la confianza tardan en ganarse, pero pueden perderse de forma intempestiva. Recuperar esos valores es la clave y puede que a EPM le tome mucho tiempo”, agregó el exministro de Minas Amylkar Acosta Medina, experto también en servicios públicos.
Impacto de la turbulencia
Desde el punto de vista financiero, analistas coincidieron en que la inestabilidad de los órganos directivos de EPM la están proyectando como una empresa con su independencia y autonomía en juego.
“Desde sus negocios y su situación financiera, EPM es una empresa sólida que sigue produciendo energía, vendiéndola y generando caja. No obstante, durante los sucesos de los últimos meses, sí se ha visto afectada su calificación crediticia”, recordó Luis Guillermo Vélez. Añadió que el principal riesgo de la compañía es perder su grado de inversión; es decir, la valoración que hacen las calificadoras de riesgo y que influye en el comportamiento de sus bonos de deuda en el mercado.
Según los últimos estados financieros, con corte al 31 de diciembre, EPM y sus subsidiarias reportaban pasivos por $36,6 billones, lo que equivale a $5,9 billones más que en 2019, cuando ese acumulado era de $30,6 billones. En materia de patrimonio, el grupo cerró 2020 con activos por $63,7 billones y un patrimonio de $27,1 billones.
Cabe recordar que la semana pasada la calificadora Fitch Ratings anunció que mantendría la observación negativa de las calificaciones de riesgo crediticio de EPM. Tal como lo reportó EL COLOMBIANO el 10 de abril, en el informe publicado por esa firma, se aludía a una “inestabilidad en la membresía directiva” de EPM, a raíz de los sucesos desatados desde la renuncia de su junta directiva, razones que la llevaron a mantener en “AAA” la calificación de riesgo crediticio local y en “BBB-” la calificación de riesgo crediticio internacional.
Frente a ese escenario,
Amylkar Acosta planteó que la confianza y la reputación son los dos activos en juego. “Esta inestabilidad crea incertidumbre y afecta el prestigio de la empresa. No habla bien del buen gobierno. Al fin y al cabo, la confianza y la reputación son los que terminan cotizándose en bolsa”, planteó.
Sobre el gerente
El nombramiento de Carrillo generó diversas reacciones.
Camilo Sánchez Ortega, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), calificó a Carrillo como una persona conocedora del sector y capacitada para conducir a la empresa por los retos que tiene.
Piedad Patricia Restrepo,
vocera de la veeduría Todos por Medellín, opinó que el alcalde perdió una oportunidad histórica para “recobrar la confianza con diversos actores (...) al no hacer un proceso transparente y riguroso”. E hizo un llamado “a la cordura y a la sensatez entendiendo que lo que está en juego es la reputación y la sostenibilidad de EPM. Que se retome el rumbo en la empresa, luego de 16 meses de gran inestabilidad y alto nivel de conflictividad, es un imperativo, no una elección”.
El sindicato Sinpro recibió con cautela la designación de Carrillo. “Nos causa sorpresa la premura para tomar una decisión tan delicada sin haber realizado un análisis juicioso de las posibles incompatibilidades del nombramiento, omisión que vislumbra demandas (...) Es obligación respetar la autonomía, el Código de Ética y gobierno corporativo de la empresa; solo de esa forma EPM podrá concentrarse en los grandes retos que tiene por delante”
“Es un honor gerenciar la empresa, toda la vida he admirado a EPM y estar al frente es un gran reto”.
JORGE A. CARRILLO CARDOSO
Nuevo gerente general de EPM