Los ejes de la tributaria
Este proyecto de reforma, radicado ayer en el Congreso, busca recaudar 23,4 billones de pesos por año. Le explicamos qué contiene.
Con la radicación del proyecto de ley de “Solidaridad Sostenible” en el Congreso, el Ministerio de Hacienda desplegó las fichas con las que pretende consolidar una infraestructura de equidad fiscalmente sostenible para erradicar la pobreza, fortalecer y focalizar el gasto social y redistribuir la cargas tributarias, es decir equilibrar las cuentas estatales desajustadas por la pandemia y fijar un nuevo esquema de impuestos.
La iniciativa que debatirá el Congreso consta de 110 páginas y más de 150 artículos y contempla una redefinición de la regla fiscal, la creación del Programa Ingreso Solidario (PIS), un paquete de austeridad y eficiencia del gasto del Gobierno, ajustes en el Impuesto a las Ventas (IVA) y de renta para personas naturales y jurídicas, establece sobretasas para la gasolina y el acpm, permite a las ciudades capitales instalar peajes y crea otros impuestos.
El punto de partida de la cartera de Hacienda para plantear este proyecto es que las cuentas oficiales señalan que el déficit fiscal que en 2019 era de -2,5 % se incrementó el año pasado a 7,8 % por la covid-19 y este año se incrementaría a un -8,6 %, implicando una necesidad de financiamiento de un 22 % superior a la de 2020.
De no hacerse nada la sostenibilidad fiscal desaparecería en el mediano plazo, lo que desencadenaría que el país pierda el grado de inversión por parte de las evaluadoras de riesgos, y que no se puedan ejecutar los planes ni mantener los programas sociales.
Las pretensiones
Tras radicar ayer la iniciativa, en rueda de prensa virtual el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, explicó los alcances de esta, precisando que el propósito es recaudar 23,4 billones de pesos por año, cifra menor a la presentada en otros espacios de 26,1 billones.
La cifra se obtendría por concepto de los impuestos que pagarían las personas naturales (17 billones de pesos) mediante un esquema transicional para el incremento de las contribuciones de renta para los años gravables 2022 a 2024 (ver gráfico).
Según las cuentas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), en 2020 la entidad tomando información exógena y de factura electrónica emitió 3,1 millones de declaraciones sugeridas para personas naturales, y de aprobarse la reforma este número pasaría a 7 millones de declarantes, es decir de potenciales ciudadanos a los que se les expediría este documento.
Carrasquilla destacó la gradualidad del modelo tributario para las personas naturales, señalando que la propuesta que se presenta este año termina su recorrido, es decir se aplica plenamente, en 2025.
Para los ingresos de 2022, solo pagarán renta los asalariados que ganen más de 50 millones anuales (4,1 millones promedio mensuales), en 2023, los asalariados con ingresos superiores a 35 millones de pesos anuales (2,9 millones promedio mensuales) y en 2024, los que tengan ingresos superiores a 30 millones anuales (2,5 millones de pesos promedio mensuales).
En el caso de los pensionados con más de $7 millones, se estima que hay unos 28.000, pero el universo incluyendo todos los regímenes pueden ampliarse a 2 millones y estos también serían sujetos de tributación (ver Para saber más).
De exentos a excluidos
La semana anterior el presidente Iván Duque aseguró que alimentos como el azúcar, el café, la sal y el chocolate no serían gravados con el IVA de un 19 %. En efecto, la iniciativa llevada al Congreso en su artículo 35 enumera los productos que no causan ese impuesto, entre los que figuran también la carne, huevos, leche y hasta las toallas higiénicas y los preservativos (ver gráfico).
No obstante, el presidente la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Bedoya, explicó que lo que se pretende es pasar de la categoría de productos exentos (0 %) a excluidos estos bienes de la canasta familiar, pero ¿qué significa ese cambio?
“Para el arroz, el pollo o el pescado y todos los productos de esa lista, cualquier IVA que pague el productor en los insumos será ahora un mayor costo para él y para el consumidor. Porque cuando esos productos estaban en la categoría de exentos, el IVA que se pagaba en cada uno de los insumos la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) los devolvía al productor y no había ningún efecto de sobrecosto para el consumidor. Pero al estar en la categoría de excluidos no habrá devolución del IVA y ese mayor costo al productor se trasladará parcial o totalmente al consumidor”, dijo el dirigente gremial a EL COLOMBIANO.
También mencionó que en el paso de la lista de exentos a excluidos, que corresponde a una modificación del Artículo 424 de actual Estatuto Tributario, no se incluyeron los tractores, los costales, los aspersores y goteros para sistemas de riego, la redes para la pesca, las cose
chadoras y guadañadoras van a pagar IVA del 19 %.
“Todos estos son insumos de los productores y al eliminar el régimen de exentos están encareciendo los alimentos por la puerta de atrás, pues si los insumos tienen IVA esto generará un mayor costo para el productor. Es decir, se están yendo en contra de los productores agropecuarios”, aseguró Bedoya.
A lo anterior se suma la idea contenida en el artículo 142 que busca crear el impuesto nacional al consumo de plaguicidas de un 8 %. “Este es un país tropical en el que las plagas, enfermedades y malezas no dan tregua, y el uso de plaguicidas para los cultivos participan en el costo de producción entre un 8 % y un 15 %, dependiendo del cultivo, entonces, por esta vía también cargándole la mano a los productores del campo”, añadió el dirigente gremial.
Frente a las inquietudes expresadas por los empresarios del sector agropecuario el viceministro Técnico de Hacienda, Juan Pablo Zárate, aseguró que el Gobierno se encargará de identificar las cadenas de provisión, así como los insumos para la producción de alimentos para que estos tengan una tarifa de un 0 %.
Novedades
Pese a promover la transición energética y la movilidad sostenible, la iniciativa del Ministerio de Hacienda incorporó un artículo para imponer el IVA del 5 % a paneles solares y equipos como inversores y controladores de carga para ese tipo de tecnología.
Igualmente, a la compraventa de maquinaria y equipos destinados al desarrollo de proyectos o actividades que se encuentren registrados en el Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases Efecto Invernadero y a las bicicletas convencionales y a las bicicletas, motocicletas, monopatines y patinetas eléctricos.
Igualmente, se incluyen 3 días sin IVA, que se fijarían entre el primero de agosto de 2021 y el 30 de julio de 2022, y que abarcarían vestuario y sus complementos, electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones, artículos deportivos, juguetes, juegos y útiles escolares.
Otra idea es establecer entre el primero de julio de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, un impuesto temporal y solidario a los ingresos altos (10 millones de pesos al mes), tanto para empleados del sector público como privado, y su tarifa sería del 10 %.
Otra propuesta es establecer una sobretasa a la gasolina motor y al acpm, autorizando a los municipios, distritos y departamentos, recursos que se destinarían al mantenimiento de redes viales.
En este punto, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, recordó que hasta hace 2 años la gasolina tenía IVA del 19 % y se bajó a la tarifa del 5 %. “Estamos volviendo, dentro del discurso de sostenibilidad ambiental, a desincentivar el uso de combustibles fósiles aumentando ese IVA, con la tranquilidad de que contamos con el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles para que las variaciones que tengan en el valor final lo consumidores no sean muy abruptas”.
También se promoverá que las ciudades capitales puedan, previa autorización del Concejo, instalar peajes en su jurisdicción en las vías que tengan a cargo, como fuente de financiación para la infraestructura de movilidad, que contribuya a la sostenibilidad, mejoramiento y expansión de esta.
Al respecto, Carrasquilla sostuvo que la intención es subsanar las enormes falencias en infraestructura que se observan en las capitales. “Impedir la discusión de una fuente financiamiento me parece inconveniente y no tiene relación con nuestra realidad en materia de movilidad en las ciudades, por ejemplo”.
En el texto hay un apartado sobre la creación del impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, ambalar o empacar bienes, con una tarifa de 1,81 pesos por cada gramo del envase, embalaje o empaque, cuyo recaudo se destinará al Fondo de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible (Fonclima).
Para Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos, esta iniciativa significa gravar a todos los artículos que están empacados en plásticos, entre los que se incluyen productos agrícolas, agroindustriales, bebidas, elementos de aseo y limpieza y cosméticos.
Si la idea es impulsar la economía circular, el dirigente sugirió incluir también los empaques de papel, cartón o vidrio, toda vez que los esfuerzos en materia de reciclaje y sostenibilidad competen a todos los actores (ver Dicen de...).
Regla fiscal
En junio de 2020 y dados los efectos de la pandemia en la economía se decidió suspender la regla fiscal hasta 2022, para permitirle al Gobierno un mayor nivel de deuda.
En marzo, el Comité Consultivo de la Regla Fiscal (CCRF) analizó el cierre fiscal de Colombia en 2020 y advirtió sobre la ineludible necesidad de salvaguardar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica y abogó por el restablecimiento de este instrumento que sirve para definir las metas de déficit de mediano plazo y la sostenibilidad de las finanzas públicas del país.
En el proyecto presentado ayer se dedica un apartado a redefinir la regla fiscal. Ramón Javier Mesa, integrante del CCRF, dijo que ante un cambio estructural en las finanzas públicas por efectos de la pandemia, la redefinición de la regla fiscal es una alternativa que obliga a repensar indicadores que sirven como referencia de las metas fiscales.
“Esto implica, una nueva direccionalidad, fortalecimiento de las funciones y de seguro herramientas técnicas entorno al seguimiento de las nuevas metas en el caso de que se deje a un lado las metas de balance fiscal que hoy se utilizan por indicadores de endeudamiento. Esta redefinición va en la línea de garantizar la sostenibilidad fiscal en un escenario de incertidumbre por la velocidad de recuperación de la economía y el mayor gasto para atender las urgencias de la pandemia”, anotó Mesa.
En ese sentido, Zárate comentó que lo que se planteó fue una reforma a ese esquema, con un periodo de transición. “La regla fiscal comenzará a operar en 2022, y ese periodo de transición irá de 2022 a 2025 y en 2006 comenzará el esquema completo para esa regla fiscal” ■
“La Ley de Solidaridad Sostenible es un esfuerzo gigantesco, con efectos importantísimos tanto en equidad como en reducción de la pobreza”.
ABERTO CARRASQUILLA
Ministro de Hacienda.