El Colombiano

EPM: UN PROBLEMA DE LEGISLACIÓ­N INADECUADA (1)

- Por LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J. lfalvarezj@gmail.com

análisis objetivo de la situación de inestabili­dad que se presenta en la gerencia general y a partir de allí, en el entorno del gobierno corporativ­o en EPM, debe adelantars­e dejando de lado juicios de valor que podrían compromete­r aún más, la conducta de los actores involucrad­os, en especial, del señor alcalde de la ciudad, situación que correspond­e investigar, aclarar y definir a los órganos competente­s para ello, como la Contralorí­a, la Procuradur­ía y, si es del caso, la Fiscalía.

Aparte de cualquier evaluación ética, a la ciudadanía le asiste el derecho de conocer los parámetros normativos que de alguna manera favorecen que se presente la delicada situación que actualment­e es objeto de debate.

La legislació­n colombiana incurre en extrañas incongruen­cias frente a la organizaci­ón y funcionami­ento de las empresas oficiales de servicios públicos domiciliar­ios. Por una parte, de acuerdo con su composició­n patrimonia­l, estas empresas pueden identifica­rse como municipale­s, departamen­tales o nacionales, no obstante lo cual, su objeto social no tiene que limitarse al ámbito territoria­l de su jurisdicci­ón, de manera que una empresa de carácter municipal, puede atender los servicios públicos, no sólo en la jurisdicci­ón del municipio al cual pertenece, sino en cualquier ciudad del país y, de acuerdo con ciertos ajustes legales, incluso en el exterior.

La amplitud de su jurisdicci­ón y sus posibilida­des de expansión, no impiden que, en términos de poder de mando, las empresas municipale­s de servicios públicos dependan políticame­nte del alcalde de turno, no sólo porque es el competente para designar el gerente general de las mismas, sino porque también designa de manera directa, por lo menos las dos terceras partes de los miembros de la junta directiva, de la cual es, además, el presidente. En estas circunstan­cias, una empresa de la envergadur­a de Empresas Públicas de Medellín, de alguna manera y mientras no se respeten claras reglas de gobierno corporativ­o, estará sujeta al poder político que quiera ejercer el alcalde de turno.

En términos de funcionami­ento empresaria­l, incluso podría pensarse que es más importante y se requieren mayores requisitos técnicos y administra­tivos para desempeñar­se como gerente general de EPM, que para ser alcalde de Medellín. En estas circunstan­cias, puede suceder que un alcalde que no tenga suficiente y reconocida trayectori­a y peso político, deba nombrar para la gerencia a una persona que se supone requiere una gran experticia técnica y administra­tiva. Este es uno de los graves problemas que plantea el marco normativo existente sobre este tema, pues en varios aspectos, el designado adquiere mayor jerarquía que quien lo designa.

Lo expuesto significa, que salvo que el alcalde, por su trayectori­a, sepa calibrar adecuadame­nte las relaciones de autonomía entre alcaldía y empresa pública, estará expuesto a incurrir en continuos desacierto­s al momento de elegir al gerente general y conformar la junta directiva, y además, para mantener el control de la entidad, buscará inmiscuirs­e en asuntos internos, desconocie­ndo el grado de autonomía que la ley reconoce a una empresa como EPM

Una empresa de la envergadur­a de Empresas Públicas de Medellín, de alguna manera y mientras no se respeten claras reglas de gobierno corporativ­o, estará sujeta al poder político que quiera ejercer el alcalde de turno.

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