El Colombiano

EL ARRAIGO QUE REPARA EN ANTIOQUIA

- Por ANDRÉS CASTRO* redaccion@elcolombia­no.com.co

El 9 de abril, Día de la memoria y solidarida­d con las víctimas del conflicto armado, reiteramos el compromiso de la Unidad de Restitució­n de Tierras con las víctimas de Colombia, y celebramos que la restitució­n sea una política de Estado, más allá de cualquier interés o agenda gubernamen­tal, y que finaliza su mandato en 2031.

Desde la promulgaci­ón de la Ley 1448 de 2011, llevamos la titánica tarea de devolverle­s la tierra a las víctimas de la violencia y el terrorismo en Colombia. En Antioquia hemos restituido cerca de 20.000 hectáreas que han beneficiad­o a 5.500 personas de 43 municipios. Nos enorgullec­e que 51 % de las restituida­s del deparEl tamento sean mujeres, un enfoque diferencia­l que nos interesa mucho promover.

Con las víctimas hemos aprendido el significad­o de la resistenci­a, del arraigo, de su capacidad de volver a empezar por encima de cualquier rencor. Es claro que quieren verse con una posibilida­d real de futuro y no ancladas en el pasado.

Los campesinos antioqueño­s restituido­s, así como segundos ocupantes reconocido­s o terceros de buena fe exenta de culpa, ese universo de personas consagrada­s a su campo y que padecieron la violencia y el desplazami­ento, quieren volver a sembrar. Por eso, se han puesto manos a la obra y han implementa­do cerca de 900 proyectos productivo­s de café, cítricos, ganadería, mieles, piscicultu­ra y porcicultu­ra, para los cuales se han destinado aproximada­mente 26 mil millones de pesos. Montebello, San Carlos, Granada y San Roque son ejemplos de municipios que fueron ejes de la violencia y hoy, tras el retorno de miles de campesinos, son centros del desarrollo rural y la paz con legalidad.

El compromiso de cumplirles a las víctimas pasa por reconocerl­as y no revictimiz­ar a nadie que ocupó, por extrema necesidad, un terreno de alguien más. También, por actuar articulada­mente con las distintas institucio­nes nacionales y territoria­les, la empresa privada y la cooperació­n internacio­nal, para hacer de la restitució­n de tierras un logro sostenible en el tiempo. Los restituido­s hoy pisan territorio­s recuperado­s por la Fuerza Pública, es imperioso garantizar­les su seguridad y tranquilid­ad. De manera articulada Gobierno nacional y autoridade­s locales actuamos con atención prioritari­a en los municipios PDET, entre los cuales destacan Dabeiba y Briceño, así como el inicio de tareas de la Unidad en Medellín y su área metropolit­ana. El objetivo de este Gobierno es atender a quienes más han sufrido con todo lo necesario para recuperar la confianza perdida.

El cambio más esencial de toda la política restitutiv­a son los recursos que las víctimas necesitan para arrancar de nuevo y poder trabajar sus tierras. Estos diez años de vigencia de la Ley nos han permitido verlo con claridad y así lograr que, a través de las sentencias se reconozcan una serie de medidas de reparación, entre ellas, la implementa­ción de proyectos productivo­s con un acompañami­ento técnico de dos años, la solución de vivienda, el saneamient­o de pasivos y la provisión de bienes públicos, herramient­as imprescind­ibles para garantizar su permanenci­a en los predios restituido­s y sostener sus proyectos de vida.

Ya los campesinos restituido­s de Antioquia empiezan a nombrarse emprendedo­res rurales y a exportar; y muchos se están asociando con sus comunidade­s para salir adelante porque saben de solidarida­d. Esto es verdadera transforma­ción de vidas

* Director General de la Unidad de Restitució­n de Tierras.

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