Esto es lo que pasa en Cali
La ciudad es un enclave importante para las dinámicas legales e ilegales del Pacífico, según académicos.
Crisis financiera por la pandemia, recepción constante de población, influjo de grupos ilegales y conflictos sociales de la región la hicieron epicentro del caos en el paro. Análisis.
Cali ha sido escenario de los hechos más graves en el marco del paro nacional, al registrar tiroteos contra manifestantes, destrucción del 90% sistema de transporte masivo y desabastecimiento de alimentos y combustible.
Según las autoridades, desde el 28 de abril, nueve bloqueos en Cali y 29 en el resto de Valle generaron escasez de vacunas anticovid, oxígeno, gasolina y alimentos, así como pérdidas financieras a un sector empresarial que venía en crisis por la pandemia (ver cuadro sector empresarial).
Ante la inquietud de por qué Cali se volvió el epicentro del caos, Alberto Sánchez, académico caleño e investigador en temas de seguridad, le dijo a EL COLOMBIANO que desde el paro del 21 de noviembre de 2019 se preveía que la situación desbordaría al sistema de defensa de la ciudad.
“A diferencia de Bogotá o Medellín, la criminalidad en Cali es desorganizada, hay graves problemas de delincuencia común en la periferia y comunidades con poco acceso a servicios públicos. Es una falla sistémica y supera los recursos de las autoridades”, indicó.
Añadió que Cali juega un papel esencial es dinámicas regionales (Buenaventura, Cauca, costa Pacífica), legales e ilegales, y esto dificulta el control de las entidades locales .
En lo legal, basta recordar que Valle y el norte de Cauca producen cerca de la tercera parte de los huevos, pollo y medicamentos del país, y casi el 100% del azúcar, como recordó el exministro Juan C.
Echeverry (ver recuadros). Y respecto a lo ilegal, en Cali convergen redes del Eln, disidencias de las Farc y grupos narcotraficantes que usan el Pacífico como plataforma de exportación de la droga.
“En la ciudad se dan toda clase de negocios clandestinos y ajustes de cuentas. Pasa todo el tiempo”, contó Sánchez, y agregó: “Es lamentable que estas condiciones, que vienen de tiempo atrás, estallen durante el paro, porque afectan la legitimidad de la protesta”.
Dichos factores están mediadas por dos fenómenos: la constante recepción, desde hace más de una década, de población desplazada de Cauca y Nariño, por conflictos entre grupos armados que se disputan los cultivos ilícitos.
Y segundo, por una atomización del crimen organizado. Según fuentes policiales, el desmantelamiento de “los Rastrojos” en 2015, la estructura que aglutinaba a la mayoría de bandas, generó desorden en el mapa delincuencial y dejó sin patrones a cerca de 182 grupos delictivos, según Unodc (2019).
“En Cali tenemos dos tipos de bandas: las oficinas de cobro, involucradas en narcotráfico y sicariato; y pandillas juveniles, que acostumbran formar riñas y vandalizar. De estas últimas, 19 estuvieron en
saqueos durante las protestas”, explicó a EL COLOMBIANO un agente de la Dijín.
La violencia escaló a tal punto que se registraron enfrentamientos entre algunos marchantes y otros ciudadanos. El caso más grave fue el 9 de mayo, cuando desconocidos dispararon contra una chiva que transportaba indígenas que acudían a las movilizaciones, en el sector El Lido. En su reacción, los afectados invadieron un conjunto residencial, destruyeron carros y propiedad privada. Hubo nueve indígenas y dos uniformados heridos, según el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y la Policía.
Se presume que en este incidente participaron personas relacionadas con las bandas, aunque la Dijín no lo ha esclarecido, por lo que ofreció $100 millones de recompensa por información.
Según la Fiscalía, las marchas han sido infiltradas por redes urbanas del Eln y disidencias. Aunque esto ocurre en otras metrópolis, el fenómeno es crítico en esta zona, pues entre Valle, Cauca y Nariño se concentran ocho facciones disidentes, con cerca de 1.000 integrantes (entre combatientes y milicianos), que utilizan a Cali como centro de logística y abastecimiento de insumos criminales.
Inteligencia Militar indicó que las estructuras más activas allí son el frente 30 y las columnas móviles Adán Izquierdo y Alfonso Cano.
Juan Carlos Ruiz, profesor de la U. del Rosario y experto en seguridad, estimó que lo que viene ocurriendo en Cali “pudo suceder también en otras capitales como Bogotá o Pereira, porque existe el mismo caldo de cultivo de desigualdad social y delincuencia”.
Aun así, “el factor diferencial es que Cali lleva varios años teniendo la tasa más alta de homicidios de Colombia, situación que comparte con municipios vecinos como Palmira y otros de Cauca”.
Cifras del Observatorio de Seguridad de Cali precisan que en 2020 hubo 1.078 homicidios y una tasa de 47,9 casos por 100.000 habitantes, en una urbe de 2,2 millones de pobladores. Aunque se registró una leve reducción con respecto a 2019 (1.126 muertes y tasa de 50,2), siguen siendo indicadores elevados. En Medellín, que tiene 400.000 habitantes más, el año pasado hubo 363 asesinatos y una tasa de 14,13.
“Gran parte de la crisis social se relaciona con el narcotráfico del Pacífico, que involucra a campesinos, indígenas, cultivadores y raspachines. Y este es un tema que a las autoridades les tomó ventaja”, prosiguió Ruiz.
Entre las razones de este vacío en la atención, están que “Cali nunca ha tenido una política de seguridad diseñada para atender los fenómenos delincuenciales”, dijo Juan G. Albarrín, docente de Ciencia Política de la U. Icesi.
La falta de control que señalaron los analistas se nota en varios hechos, como que el Sistema de Transporte Masivo estuvo detenido 13 días, por la destrucción del 90% de sus estaciones y buses.
Albarracín expresó que “los problemas escalaron porque la Alcaldía falló en su gestión para evitar que los bloqueos se distensionaran”. Añadió que en eso influyó la desarticulación existente entre el Gobierno local y el nacional. “En Bogotá y Medellín hay una coordinación importante entre todas las fuerzas de seguridad (Policía, Fiscalía, Ejército y secretarías), aquí no hay eso, y se nota además una falta de profesionalización en el aspecto administrativo de esas funciones”, concluyó.
“Bomba social”
Sobre los fenómenos que propiciaron esta crisis, y la sensación de que la ciudad se le salió de las manos a las autoridades, el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Rojas, le contestó a Colprensa que “este no es un problema de seguridad, es social. Tenemos el antecedente de 180.000 empleos perdidos, una población migrante de entre 60.000 y 80.000. La crisis humanitaria de la población migrante tiene un impacto gigantesco en Cali, personas que no cuentan con techo ni sistema de salud, con esto se genera una presión social grande, una población que antes de la pandemia tenía una manera de generar sus ingresos, que desaparece totalmente”.
Precisó que “hay presiones sociales y económicas de tres décadas, no resueltas, que constituyen una bomba social. Debe abordarse desde un punto de vista donde el Estado interpreta estos conflictos sociales y territoriales. Esto no se resuelve con paños de agua”
“Es lamentable que estas condiciones, que vienen de tiempo atrás, estallen en el paro, porque afectan la legitimidad de la protesta”.
ALBERTO SÁNCHEZ
Investigador académico en seguridad