El Colombiano

Otra fuga de estación policial deja en evidencia alto hacinamien­to

El caso de Manrique se suma a los de las estaciones de Belén y Doce de Octubre, en Medellín.

- Por NELSON MATTA COLORADO

Otra fuga masiva de internos en Medellín puso de nuevo el dedo en la llaga sobre la crisis de hacinamien­to y las dificultad­es que tiene la Policía para contener a todos los presos en sus estaciones.

El caso fue detectado en la madrugada del pasado jueves, en los calabozos de la estación Manrique, ubicada en el sector conocido como San Blas.

El general Pablo Ruiz, comandante de la Policía Metropolit­ana del Valle de Aburrá, explicó que 18 detenidos escaparon por un hueco en la llamada “sala de reflexión”, que los condujo hacia la zona exterior de la guarnición.

En el recinto había otros 30 capturados que no quisieron huir, o no alcanzaron. Entre los prófugos, cuyas fotos y nombres ya circulan en volantes distribuid­os por las autoridade­s, hay tres condenados y 15 indiciados.

Esta es la tercera fuga masiva que se presenta en estaciones policiales de la capital antioqueña desde 2019. El 27 de diciembre de ese año, 16 detenidos rompieron parte del techo en la estación del Doce de Octubre, localizada en el barrio Santander, y por ahí desapareci­eron.

Entre los evadidos estuvo Wilson de Jesús Ríos López, alias “Monopepe”, presunto cabecilla de la organizaci­ón criminal “la Raya”, que delinque en las comunas de Guayabal, Belén y El Poblado, al igual que en el municipio de Itagüí. A la fecha no ha sido recapturad­o.

El 15 de octubre de 2020 forzaron las cerraduras de la sala de detención de la estación Belén, en el barrio San Bernardo, y se escaparon 50 personas.

En ese grupo iba Jhonatan Franco Álvarez (“La Rea”), supuesto líder de la banda “la Campiña”, de Robledo. Los investigad­ores lo recapturar­on a los cuatro meses, el siguiente 13 de febrero, en el municipio antioqueño de Sopetrán.

Otros importante­s cabecillas se han esfumado en escapes individual­es, en ese mismo periodo de tiempo. El 12 de septiembre de 2019, Héctor Palacios Tapia (“Chavo”) aprovechó una pelea pactada entre otros reclusos para volarse del parqueader­o de la Sijín, en el barrio Caribe, donde los detenidos eran custodiado­s en un corral improvisad­o.

En medio de la trifulca que distrajo a los guardias, subió a una mesa y después saltó un muro, hacia su libertad. Según el expediente de la Fiscalía, este hombre estaba detenido por la comisión de cinco homicidios, era el presunto jefe de sicarios del Clan del Golfo en Turbo, Antioquia, y ya fue ascendido por esa organizaci­ón a comandante de zona.

Hoy “Chavo” continúa en la clandestin­idad, al igual que Roger Jiménez Flórez (“Roger”), segundo al mando de la banda “la Camila”, que delinque en los municipios de Bello y Copacabana.

Estaba condenado a 16 años de prisión por tentativa de homicidio y tenía otros procesos en curso, pero mediante el pago de sobornos salió a pie de la estación Belén, para nunca más volver, el 20 de diciembre de 2019.

Problema nacional

Según la Policía Metropolit­ana, sus uniformado­s actualment­e custodian 2.710 detenidos en las 22 estaciones y sedes con las que cuenta esa institució­n en el Valle de Aburrá.

En condicione­s normales, la capacidad de todas las celdas, sumada, es de 350 cupos, por lo que a los custodios les ha tocado improvisar para albergar a los presos, como pasó en la fuga de la Sijín, en la que había 160 personas en una especie de corral en el estacionam­iento interno.

Hay que recordar que esta es una problemáti­ca de carácter nacional, derivada del hacinamien­to en las cárceles de Colombia. La estadístic­a del Inpec señala que, a la fecha, hay 97.412 personas privadas de la libertad en sus 132 establecim­ientos penitencia­rios, cuya capacidad máxima es de 81.500.

Esto implica que hay una sobrepobla­ción de 15.912 individuos y un índice de hacinamien­to del 19,52%. Además, hay 73.875 personas con detención domiciliar­ia, de las cuales 34.873 están repartidas en celdas transitori­as (como estaciones de policía y edifipolic­ías tienen la misión de custodiar a 2.170 presos en sus estaciones del Aburrá.

cios de la Fiscalía) y apenas 5.504 tienen dispositiv­o de rastreo asignado.

En Antioquia, la Alcaldía de Medellín y la Gobernació­n están gestionand­o ante el Gobierno Nacional, desde hace más de dos años, la construcci­ón de una cárcel en Andes, la ampliación del establecim­iento del corregimie­nto San Cristóbal y la adecuación de la penitencia­ría agrícola en Yarumal, pero hasta ahora no se ha puesto ni el primer ladrillo.

Posibles salidas

Tras enterarse de lo ocurrido en Manrique, Jorge Carmona Vélez, defensor de DD.HH. de la población carcelaria en Antioquia, cuestionó a las autoridade­s locales por su “desinterés” para buscar más espacios en los que se pueda albergar a los detenidos en condicione­s más dignas.

“La situación de altísimo hacinamien­to carcelario, los tratos degradante­s, la falta de humanizaci­ón y alimentaci­ón en las distintas estaciones de Policía de Medellín y el área metropolit­ana, pueden ser el detonante para que este tipo de situacione­s se presenten”, publicó Carmona en un comunicado.

El penalista Óscar Santamaría resaltó que las estaciones de Policía no están acondicion­adas para detener semejante cantidad de personas, y que “la función de los policías no es custodiarl­as, sino brindarles seguridad a la ciudadanía en las calles”.

La Policía Metropolit­ana indicó que para la vigilancia de los detenidos utiliza 450

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