Justicia y compensación, la fase que sigue tras colapso en Miami
El rescate de cuerpos está por acabar, mientras las acciones judiciales siguen abriéndose paso.
se apaguen las cámaras y comience el arduo trabajo para garantizar la recuperación, nos aseguraremos de que el camino sea lo más fluido posible”, esa fue la promesa de la congresista Debbie Wasserman Schultz al referirse al desafío que tienen los organismos del gobierno y la comunidad en Miami-Dade para sostener el acompañamiento sico-social, económico y técnico a las familias que perdieron a sus seres queridos o quedaron damnificadas tras el colapso del bloque de apartamentos del edificio Champlain Towers.
Hasta ayer los organismos de rescate habían encontrado 97 cuerpos, 90 de ellos identificados, entre los que se encuentran cinco de los seis colombianos fallecidos en el hecho: los esposos Julio y Ángela Velásquez y la familia conformada por Luis Fernando Barth, Catalina Gómez y su hija Valeria. Quedaban 8 cuerpos por rescatar de los escombros, incluyendo el de Teresa Velásquez, hija de Julio y Ángela. La alcaldesa de MiamiDade, Daniella Levine Cava, dijo el jueves que la etapa de recuperación de víctimas mortales está en su fase final.
Agotado por el dolor y los esfuerzos de las últimas tres semanas, Sergio Barth, hermano de Fernando, agradeció en diálogo con EL COLOMBIANO la disposición del Consulado colombiano en Miami, así como la información oportuna entregada por las autoridades norteamericanas.
“Al centro de encuentro que instalaron íbamos dos veces al día a que nos entregaran reporte de las acciones de rescate. Allí también entregaban ayudas gracias a una cadena de voluntarios que ofrecían una mano amiga a decenas de personas que llegaban allí diariamente. De la acción de las autoridades debemos agradecer que hicieron todo lo que estaba a su alcance desde el minuto cero hasta el instante en que nos entregaron los cuerpos”, manifestó.
Según precisó Sergio, con la entrega de las cenizas finaliza – en lo que a ellos respecta– el deber de las autoridades estadounidenses tras lo cual esperan hacer la repatriación, por la cual responderá el seguro que los Barth habían adquirido.
Manifestó también la gratitud de haber afrontado la situación con nutrido apoyo de familiares y amigos allí en Miami. “No requerimos la atención sicológica y emocional, pero muchas personas sí pudieron contar con este apoyo que ofrecieron no solo las autoridades sino también la población de Surfside, con una amplia comunidad judía que se brindó completamente en donaciones y acompañamiento”, contó Barth.
Las expresiones de solidaridad confluyeron en la iniciativa Support Surfside que hasta ahora ha recaudado US$2,9 millones, de los cuales el primer millón de dólares se destinó para comenzar un proceso de entrega de US$5.000 para sobrevivientes, familias que hayan perdido seres queridos, o quienes fueran propietarios de un apartamento aunque no estuvieran presentes durante la tragedia.
La congresista Wasserman
Schultz dijo que los donativos serán un gran soporte, pues aunque incluso el presidente Joe Biden prometió movilizar recursos federales para atender a las víctimas, sostener algunos compromisos a largo plazo (como el pago de alquiler para residentes y/o propietarios) podría atravesar algunas trabas burocráticas.
El escenario judicial
Hasta ahora se han instaurado cinco demandas, cuatro individuales y una colectiva presentada a nombre de la residente Raysa Rodríguez que busca acoger a todas las víctimas (residentes, propietarios y familias de víctimas mortales).
Todas las demandas son contra la asociación de propietarios del edificio que, según la información disponible hasta el momento, desestimó la evidencia técnica que indicaba graves daños estructurales incluso desde una década atrás. Así como contra la firma de ingeniería Morabito –por presuntas omisiones en los informes técnicos– y cualquier otro contratista o funcionario responsable que surja de la búsqueda de causas múltiples derivadas de las investigaciones en curso y que cuentan, entre otros expertos, con Allyn Kilsheimer, ingeniero estructural que investigó el atentado contra las Torres Gemelas.
Sergio Barth dijo que hasta ahora no han decidido em
prender acciones legales ni sumarse a demandas colectivas. “Cada familia, cuando lo crea conveniente y de acuerdo a lo que conduzcan las investigaciones, adelantará su proceso legal. Lo cierto es que hay un interés de la justicia y autoridades para esclarecer y reparar”.
El pasado miércoles, el juez Michael Hanzman, de la Corte del Sur de la Florida, zanjó un debate que dividía opiniones entre las familias, al ordenar la venta del lote donde se hallaba el bloque de apartamentos, según argumentó el juez, para compensar económicamente a las víctimas mientras se surten las demandas y pleitos de fondo. El precio del terreno alcanzaría los US$110 millones.
No obstante, algunas familias solicitaban que en dicho sitio se erigiera un monumento en honor a las víctimas. Pablo Rodríguez, residente en Miami y quien perdió a su mamá y abuela, le respondió a este medio que aunque respetaba profundamente la posición de estas familias, apoyaba la decisión del juez por su temor a que un eventual memorial terminara convertido en atractivo turístico.
“El homenaje debe ser conocer la verdad de lo que ocurrió y arrebató la vida a nuestros familiares”, dijo.
Pablo, a diferencia de la congresista Wasserman Schultz, espera que las cámaras no se apaguen pronto y pidió a los medios que sigan acompañando la búsqueda de la verdad y no los desamparen en esa labor que apenas comienza