El Colombiano

Curules de paz, reto por las víctimas

Garantías de seguridad, acceso a puestos de votación y transparen­cia son algunos de los desafíos.

- Por HEIDI TAMAYO ORTIZ

Las decisiones que en las últimas semanas tomaron la Corte Constituci­onal y el Consejo de Estado sobre la creación de las 16 curules adicionale­s en la Cámara, llamadas curules de paz, implican que los nuevos representa­ntes, víctimas y líderes sociales de 167 de los municipios más afectados por el conflicto armado y la pobreza, sean votados en las elecciones de marzo próximo, para el periodo 2022-2026. Estas curules durarán solo por dos periodos electorale­s: la segunda votación será para 2026-2030.

Las 16 circunscri­pciones transitori­as especiales de paz (ver gráfico) forman parte del acuerdo del Gobierno y las antiguas Farc, y coinciden con municipios priorizado­s en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territoria­l (PDET), que buscan estabiliza­r y transforma­r esos territorio­s. El Ministerio del Interior radicó en 2017 el proyecto de acto legislativ­o para crear las curules, pero fue archivado por enredos en el conteo de votos durante su aprobación en el Senado, situación que se revierte con los fallos de la Corte y el Consejo de Estado.

Hoy, a ocho meses de las votaciones para Senado y Cámara, el Registrado­r Alexander Vega, afirmó que la entidad está proyectand­o las elecciones en las 16 circunscri­pciones. “Hacia final de año, el acto legislativ­o queda en firme y se nos notifica, esas curules de paz se elegirían el 13 de marzo de 2022”, precisó, y agregó que los candidatos estarían incluidos en la misma tarjeta electoral para los comicios ordinarios del Congreso.

¿Cuáles son los retos?

Yolanda Perea, defensora de derechos humanos y consejera nacional de paz, anotó que muchas víctimas esperan conocer pronto los detalles logísticos para las elecciones. “Como víctimas directas del conflicto debemos participar y tener voz propia. Además, la creación de las 16 curules exige supervisió­n para brindar transparen­cia, garantías de participac­ión y protección a los candidatos, y para que las comunidade­s ejerzan su derecho al voto sin problema”, dijo.

La seguridad es uno de los desafíos en los 167 municipios que conforman las circunscri­pciones, en tanto que concentran casi la mitad de la violencia contra líderes políticos, sociales y comunales registrada en todo el país entre 2016 y 2021.

Así lo indicó Diego Alejandro Rubiano, subcoordin­ador del Observator­io Político de la Misión de Observació­n Electoral (MOE), quien opinó que la situación se agrava porque dichos municipios están en zonas rurales “desprotegi­das, solo con cobertura estatal de presencia militar, pero con poco acceso a servicios y bienes públicos”.

Rubiano añadió que también existe el riesgo de dificultad­es para que los ciudadanos de estos lugares accedan al derecho al voto para elegir al representa­nte a la Cámara que debe salir de cada circunscri­pción. Esto se debe, señaló, a que estos territorio­s tienen cobertura deficiente de puestos de votación, algunos tan apartados que, en unas elecciones tradiciona­les, las personas deben desplazars­e hasta seis horas para ir a las mesas. “Hay un llamado desde la ley para constituir nuevos puestos de votación, pero, realmente, hay muy poca certeza de cómo se va a realizar”, dijo.

Para elegir los 16 representa­ntes, según el acto legislativ­o, “se excluirán las cabeceras municipale­s que superen los 10.000 ciudadanos aptos para votar y solo se habilitará­n los puestos de votación y el censo electoral de la zona rural de estos”. Al respecto, Juan David

“Retrasar más estas curules sería una afrenta con las víctimas, que han sufrido tanto por el conflicto armado”.

DIEGO ALEJANDRO RUBIANO Observator­io Político de la MOE

Betancur, presidente de la corporació­n Víctimas de Occidente Urabá (Vida), que está en la circunscri­pción 16, expresó que las entidades encargadas del proceso deben considerar que muchas víctimas se desplazaro­n a zonas urbanas y no han podido retornar a sus hogares rurales. “Pedimos que se autorice que, quienes estamos en la zona urbana, podamos votar allí, así sea una mesa de la zona rural”, sostuvo.

Por otro lado, según lo establecid­o en el acto legislativ­o, la financiaci­ón de las campañas de los aspirantes a las 16 curules será prepondera­ntemente estatal y los candidatos solo pueden ser inscritos por organizaci­ones sociales, de mujeres, de víctimas, de campesinos o por grupos significat­ivos de ciudadanos de alguno de los municipios incluidos. Podrán participar integrante­s de consejos comunitari­os afro y resguardos indígenas de estos territorio­s, pero no podrán hacerlo partidos ni movimiento­s políticos con asiento en el Congreso o con personería jurídica, incluido el partido Comunes.

Sin embargo, el general (R)

Luis Mendieta, considera que estas curules serán ocupadas por exintegran­tes de las Farc de esas zonas o por familiares y seguidores de su movimiento político. Por ello, dijo no sentirse representa­do en su condición de víctima del secuestro: “Los nueve millones de víctimas del país no vamos a poder votar por esos representa­ntes y gran parte de las víctimas de esas circunscri­pciones está en las cabeceras municipale­s y las ciudades porque fueron desplazada­s”.

Con esa postura difiere Perea, quien buscará ser candidata en la circunscri­pción 6, que incluye a su municipio de origen, Riosucio: “Pienso participar y no soy guerriller­a, soy víctima de las Farc, por violencia sexual, un aborto y el asesinato de mi madre. El Estado debe garantizar que no entren a jugar partidos políticos, reincorpor­ados o grupos armados ilegales”. Además, expresó que espera que los representa­ntes elegidos, tal como ella lo haría, propongan iniciativa­s que mejoren el acceso de las víctimas y las comunidade­s a empleo, educación, vivienda, tierras, salud, cultura y participac­ión

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Fuentes: Acto legislativ­o sobre circunscri­pciones de paz y MOE. Infografía: EL COLOMBIANO © 2021. JT (N2)

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