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La apuesta de Macron por la ley contra el cambio climático.
Con una nueva legislación, el gobierno de Macron busca lograr esa meta para 2030. Colectivos ambientalistas plantean dudas.
Con 233 votos a favor y 35 en contra, la Asamblea Nacional francesa adoptó de forma definitiva el proyecto de ley Clima y Resiliencia, un documento que establece el paquete de medidas del gobierno de Emmanuel Macron para enfrentar el cambio climático.
El texto, según aseguró la Presidencia de Francia, está inspirado en las 146 propuestas de la Convención Ciudadana por el Clima adoptada por Macron.
Dentro del proyecto aprobado se incluyen medidas como la supresión de líneas aéreas internas cuando haya una alternativa en tren de menos de dos horas y media, el establecimiento de zonas urbanas sin vehículos contaminantes para 2025 y la introducción de menús vegetarianos en los comedores escolares, por ejemplo.
Así mismo, la nueva ley prohibe algunas prácticas de construcción de edificios “poco ecológicos” y exige la eliminación de los “filtros térmicos”; prescribe el etiquetado de la “huella climática” en ciertos productos y prohibe la publicidad de energías fósiles, entre otras disposiciones.
Con base en esos puntos, el biólogo Édinson Muñoz Ciro, activista y director de la Revista Ambiental Éolo, opina que, “a pesar de que no logra apuntarle a las metas de la Unión Europea- que pretenden eliminar 55 % de las emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2030- es un gran avance que servirá de ejemplo para otras naciones”.
Y es que, tal como lo dice la ley, Francia solo pretendería disminuir esa cifra al 40 %. De todos modos, Muñoz analiza que es un paso en el camino correcto. “Los efectos del cambio climático son a largo plazo, pero las acciones para evitar que se agraven tienen que ser inmediatas. Sin embargo, en un asunto societal la inmediatez es relativa, cada decisión requiere preparación, inversión y tiempo; por eso se habla de transiciones energéticas”, precisa.
Ambientalistas inconformes
Pero han salido otras voces en torno a esta nueva norma. Ese es el caso de algunas organizaciones ambientalistas, incluido el Consejo Económico, Social y Medioambiental (Cese), que además de tachar el proyecto de “poco ambicioso”, pone en duda que las acciones descritas en el documento
permitan un cambio real para enfrentar el cambio climático.
Y En una “carta abierta a Emmanuel Macron y a los parlamentarios”, 110 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Greenpeace, la Fundación Nicllás Houlot, WWF, Fundación Abbé Pierre, ATD Cuarto Mundo, Attac o la CFDT, UF-Que Choisir y la Confédération Paysanne, también criticaron la ley, “cuyas medidas no permitirán, en los hechos, cumplir el objetivo de reducir las emisiones en un 40 % hasta 2030”.
Según la misiva, la normativa “cede ampliamente el paso a la incitación y a los simples incentivos a cambiar de prácticas ahí donde lo que se necesitaría es una intervención de los poderes públicos”.
Hasta anoche, el Gobierno no se había pronunciado sobre las críticas a la ley; sin embargo, el parlamento y la presidencia estaban al tanto de los reclamos a ese proyecto de ley desde su paso por el Senado (Ver: para saber más)