Un paso más cerca del Distrito Medellín
La iniciativa propone descuentos tributarios y nuevas atribuciones para el gobierno local. Detalles.
En la Cámara de Representantes fue radicado el proyecto de ley con el que se busca regular la transformación de la ciudad y darle esa categoría administrativa en Ciencia, Tecnología e Innovación. Le explicamos qué contiene el texto.
La discusión para reglamentar el acto legislativo con el que Medellín se convirtió en un distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTi) comenzó esta semana luego de que se radicara en la Cámara de Representantes un proyecto de ley con el que se busca regular esa transición.
El documento, formulado por los representantes de la bancada liberal John Jairo Roldán Avendaño y Julián Peinado Ramírez, será discutido en el marco del inicio de la cuarta legislatura, que inició el pasado 20 de julio.
Según explica el representante Peinado Ramírez, luego de que el presidente de la República, Iván Duque, promulgara el acto legislativo que dio luz verde al cambio, el proyecto de ley aparece como un instrumento para reglamentar los cambios administrativos, recursos y estímulos que permitirán aplicar el nuevo modelo.
“Falta la reglamentación, que genere las herramientas y le dé dientes a la norma”, planteó Peinado, precisando que el proyecto propine desde descuentos tributarios hasta fondos.
Los detalles del texto
Compuesto por 20 artículos, el proyecto de ley está dividido en tres títulos principales. El primero, enfocado en el régimen administrativo de la ciudad; el segundo, en las medidas para el desarrollo del distrito; y el tercero, en las fuentes de financiación de ese nuevo modelo.
En materia del régimen administrativo, el documento comienza planteando que los límites territoriales que hoy comprende el municipio no sufrirían ninguna modificación y que la competencia para transformar la actual división político - administrativa del territorio quedaría en manos del Concejo, “previo análisis financiero y administrativo”.
Así mismo, en su artículo cuarto, el texto aclara que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) se mantendría como la autoridad ambiental de Medellín, hasta que el Concejo, “por iniciativa de la administración distrital”, así lo decidiera.
En su segundo título, que define las medidas de fomento para el desarrollo del distrito, en su artículo quinto, la iniciativa contempla que el gobierno local tendría la atribución de participar en la formulación de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTi).
También podría efectuar acuerdos de asociación con los distritos portuarios del país, participar en la elaboración de los planes nacionales de CTi, establecer alianzas y asociaciones público-privadas y crear un Consejo de CTi, compuesto por representantes del sector privado, organizaciones de la sociedad civil, académicos y entidades públicas con la misión de asesorar las políticas en esa materia.
Este último órgano esta
ría integrado por representantes de la Presidencia de la República, la Alcaldía, Ruta N, Empresas Públicas de Medellín, el Amva, el Instituto Tecnológico Metropolitano, el Pascual Bravo, el Colegio Mayor de Antioquia, la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad Eafit.
Esa instancia también se contaría con la participación de organizaciones como Comfenalco Antioquia, ProMedellín, el Concejo y los ministerios de Ciencia, TICS, Industria y Comercio, entre otros.
Dentro de ese mismo título, el documento formuló los estímulos a los que empresas de los sectores CTi podrían acceder cuando la transformación se consume.
En su artículo undécimo, el proyecto propuso que, en un plazo de diez años, las organizaciones de esa naturaleza que decidan asentarse en Medellín podrían acceder a un descuento gradual en el impuesto sobre la renta e IVA.
Frente al primer tributo, la idea contempla un descuento gradual del 100 % al 10 % durante ese periodo, y frente al segundo, una disminución progresiva del 100% al 20 %.
“Ese será un tema muy candente”, señaló el represente Roldán Avendaño, aclarando que, aunque considera que la idea es viable, esta tendrá que pasar por la revisión del Ministerio de Hacienda, que emitirá un concepto técnico.
Dentro de ese mismo artículo, otro de los puntos sensibles consiste en la propuesta de que la Superintendencia de Industria y Comercio delegue en el futuro distrito la competencia para asumir los trámites “en materia de patentes y propiedad intelectual para el territorio”.
Finalmente, en el tercer título, que reúne los artículos relacionados con las fuentes
“No deberían implementarse cambios en asuntos relacionados con la salud, la seguridad o temas ambientales”.
SANTIAGO LEYVA BOTERO
Experto en Políticas Públicas
de financiación, el proyecto contempla la creación de una “estampilla Pro-Innovación”, “proveniente de un 1 % de la contratación pública directa del Distrito”, que sería destinada a financiar un fondo distrital dedicado a los temas CTi.
Así mismo, otra de las competencias que adquiriría el futuro distrito sería la de declarar zonas francas “permanentes, especiales y uniempresariales de bienes o de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones”.
Lo que se viene
Aunque todavía no hay una fecha programada para el inicio de la discusión, los re
presentantes Roldán y Peinado aclararon que el camino para su aprobación aún se proyecta largo.
Según explican los parlamentarios, por su naturaleza estatutaria, el proyecto será discutido inicialmente por la Comisión Primera de la Cámara, compuesta por 38 representantes y encargada de los temas constitucionales. Tras pasar por este órgano, el texto sería evaluado por en pleno por la Cámara y luego por el Senado (Ver radiografía).
Santiago Leyva Botero,
profesor y director de la Maestría de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Eafit, planteó que uno de los factores que deberían tenerse en cuenta en la discusión es que los cambios que se formulen con miras a la creación del distrito deberían concentrarse en el fomento a la ciencia y la tecnología.
“Ese es el espíritu del acto legislativo. Por eso, creo que no deberían implementarse cambios en asuntos relacionados con la salud, la seguridad, el transporte o temas ambientales. Eso solo incrementaría el riesgo de que el cambio ocasione un desorden administrativo”, planteó el docente.
Así mismo, el académico advirtió que a la discusión podrían sumarse otros proyectos de ley similares, los cuales deberán ser conciliados. A su juicio, la clave para que el proceso tenga éxito radicará en que se convoque a una conversación abierta, en donde la academia, el sector privado y la sociedad civil participen ■