¿Colombia puede con una tributaria
Todavía no es claro si es viable la reforma Petro ¿Cuánto pagarían los que ganen más de $50 millones al año?
En promedio en Colombia no pasan dos años sin que se hable de una nueva reforma tributaria. Desde el año 2000 en el país se han aprobado 11 reformas, pero siempre han quedado debiendo la reforma estructural, que cada gobierno avisa que le quedará al siguiente.
Ahora que Gustavo Petro fue elegido como presidente de la República y tiene un ambicioso plan de protección social a la población más vulnerable, se hace inminente una reforma más.
Según sus cálculos de campaña, el recaudo anual debería incrementarse unos $50 billones para entregar subsidios de $500.000 mensuales a madres cabeza de familia con hijos en la primera infancia ($6 billones), para que la educación pública sea gratuita para 2,5 millones de jóvenes ($10 billones), para la garantía del mínimo vital de agua ($8 billones), y $26 billones para la reducción del déficit fiscal que, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo será de 5,6% del PIB unos $75,6 billones.
Llegar a esa cifra de recaudo sería un esfuerzo sin precedentes en el país, dado que las anteriores reformas tributarias, con todo y lo complejas que han sido para el bolsillo de los colombianos, apenas han logrado recaudar entre $920.000 millones y $17 billones de pesos (la de 2021 recaudó $27,5 billones, pero la base comparativa no era justa porque el recaudo de 2020 se vio afectado por la pandemia).
Solo el déficit fiscal levanta preocupaciones a varios centros de pensamiento que aseguran que es necesaria una reforma para garantizar que se pueda cubrir. “Anif reafirma su posición de procurar, con urgencia, la discusión e implementación de una reforma tributaria seria y estructural que ataque de fondo los problemas del sistema impositivo del país”, dijo, por ejemplo, esa entidad.
El recaudo adicional que busca el gobierno entrante es del orden del 5% al 5,5% del PIB, una cifra nunca antes vista. BNP Paribas Colombia hizo un análisis de la situación y advirtió que “la historia de Colombia sugiere que sería difícil pasar una propuesta que aumente los ingresos en más del 1-2% del PIB. Aunque destacamos que esto no implicaría necesariamente un ajuste fiscal”, sino que es posible que ese recaudo vaya a parar en más gasto.
¿Sobre quiénes recaerá?
Aunque por ahora no existe un texto de reforma tributaria, el presidente electo, su designado ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y su asesor Ricardo Bonilla han dado algunos avisos a la opinión pública de lo que se trataría.
En primera medida, dijo Petro, se eliminarían las exenciones de la Ley 2010 de 2019, que permitió una normalización tributaria para que los contribuyentes con activos omitidos o pasivos inexistentes (evasores) aclararan su situación fiscal, redujo la tarifa del Impuesto sobre la Renta para las empresas al 30%, estableció los 3 días sin IVA y estableció una serie de descuentos sobre el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) que iba del 50% al 100%.
Solo con la eliminación de dichas exenciones, según el cálculo de Petro, se recaudarían $20 billones, que en su opinión nunca debieron dejar de percibirse. De hecho, la reforma de 2019 contemplaba que para promover la inversión y que las empresas dejaran su capital en Colombia la Nación dejaría de recibir ingresos de manera progresiva: - $4,9 billones en 2020, -$9,1 billones en 2021, -$12,6 billones en 2022, -$18,8 billones en 2023 y -$20,5 billones en 2024.
Hay que tener en cuenta que algunos de esas exenciones fueron parcialmente retiradas en la reforma de 2021. Hasta ahí iría el esfuerzo de las empresas.
Lo demás dependería de los ciudadanos, ya que el objetivo es llevar la tributación de personas naturales a niveles cercanos a los del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Según cifras de la OCDE a 2020, el promedio que significaba el impuesto de renta de las personas naturales en sus países era del 23% del total de recaudo, mientras para Colombia este impuesto representaba apenas el 9%, según cifras del Minhacienda con corte a 2019.
El asunto es que en Colombia la población que declara renta es poca, en 2021 lo hicieron 4 millones de personas, y además paga poco. El economista Eduardo Lora explica en su libro Economía esencial de Colombia (2021) que el recaudo de este impuesto es “real
mente ínfimo: unos 260.000 pesos per cápita al año, que representan apenas 1,2% del ingreso de los colombianos”.
Y es que aunque la tarifa de impuesto de renta sea de 39%, las exclusiones, que pueden ser de hasta el 40% de los ingresos, hace que muchas veces ese impuesto termine diluido. Lora pone el ejemplo de un colombiano que devengue $8,7 millones al mes, que hace parte del 1% más rico del país, termina tributando el 3,8% de sus ingresos, luego de aplicar las exclusiones.
Por eso, la idea del gobierno entrante, según detalló Bonilla, es que los declarantes de renta dejen de tener exenciones a las que hoy tienen derecho y los que devenguen más de $200 millones al año paguen una tarifa efectiva más alta. Ahora, el problema es que esas personas no son muchas, como ya se dijo, el 1% de la población devenga sobre $104,4 millones al año.
De acuerdo con los estudios de Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Espitia, el 10% de los contribuyentes más ricos del país ganaba en 2017 un promedio de $52 millones mensuales, y en el país había, al menos, 2.600 superricos ( el 0,1%) cuyos ingresos empezaban en $ 82 millones
mensuales.
Por eso lo más importante aquí es tener en cuenta que cuando el presidente electo habla de que la reforma tributaria no tocará a la clase media ni a las capas más pobres de la población se refiere a la distribución del Dane, que indica que la línea de la clase media está en $3,5 millones mensuales. De ahí en adelante se trata de la clase alta y podría ser objeto de mayores impuestos con esta reforma.
Esta no es una posición únicamente del próximo gobierno, ni siquiera de la izquierda. Anif advirtió que “hay varias ineficiencias en nuestro sistema actual que imposibilitan un recaudo sostenido, eficiente y progresivo. Por nombrar algunos problemas, el tramo exento del impuesto de renta de personas naturales es uno de los más amplios de la OCDE... y la carga impositiva de las empresas es muy alta. Todo eso requiere políticas que modifiquen el estatuto actual, es decir, una reforma tributaria. El gobierno entrante tiene esa responsabilidad, aun si el Marco Fiscal de Mediano Plazo sugiere otra cosa”.
De otro lado está el impuesto a los dividendos, que aún no se ha dicho cuál sería la tarifa, pero el gobierno entrante ha asegurado que los gravará. Hoy quienes ganen hasta $10,9 millones en dividendos no pagan y de ahí en adelante pagan 15%, lo más seguro es que se aumente la tarifa y que se incluyan todos los dividendos sin importar el monto.
Y la otra pincelada que se ha dado de la reforma tiene que ver con el impuesto a las pensiones altas. Al parecer, la vara va a estar sobre los $10 millones, aunque tampoco se ha detallado la tarifa. Se trata de cerca de 25.000 pensionados que devengan por encima de esa cifra.
Así las cosas, Petro podría sacar adelante una reforma donde terminen pagando más impuestos las personas que devenguen contando primas, bonos, seguridad social y demás ingresos, unos $50 millones al año. A cambio, esta reforma no tocaría el IVA que es el impuesto más regresivo que termina afectando a la población más pobre.
Todo esto sin contar el hueco que puede abrírsele a las finanzas públicas de cuenta de la disminución de los ingresos petroleros. Si la explotación de petróleo se viera afectada, Colombia necesitaría muchos más recursos vía impuestos. De hecho, ya parece que el Gobierno entrante no está tan jugado con la cesación de nuevos contratos de exploración, pues Ocampo, el ministro de Hacienda designado, dijo este viernes a Caracol que Colombia tiene que seguir explorando, explotando y exportando petróleo para cumplir con la ruta del gobierno de Petro.