Microtráfico y homicidios, crisis en el Magdalena Medio
La Defensoría hace un llamado a entidades locales y nacionales para frenar el microtráfico, los homicidios y la presencia de grupos armados ilegales.
En Morales, sur de Bolívar, alias Pirry, cabecilla del ELN, habría muerto luego de pisar una mina antipersonal durante un combate.
“En Puerto Berrío tenemos información de que hay corredores por donde se mueve el microtráfico”. DIDIER RODRÍGUEZ Defensor en el Magdalena Medio
Las poblaciones ribereñas que conforman el Magdalena Medio no pasan por sus mejores días. Viven en medio de una escalada violenta que en 2022 ha dejado asesinatos, amenazas y hostigamientos por cuenta de grupos armados ilegales.
La problemática corre en el voz a voz cotidiano de los habitantes de los 51 municipios de la zona. Desde Puerto Berrío han escuchado de muertes en Barrancabermeja, lugar en el que se habla de los combates interminables de ilegales en el sur de Bolívar.
Para entender esta problemática, que también abarca rutas para el tráfico de drogas, EL COLOMBIANO conversó con Didier Rodríguez, defensor del pueblo en el Magdalena Medio que visitó Antioquia para pedir ayuda a diversas entidades del Gobierno, retos que serán heredados por el entrante Gustavo Petro.
El Magdalena Medio abarca a varios municipios. ¿En todos ellos convergen las mismas dinámicas?
“La regional tiene seis departamentos: Santander, Cesar, Cundinamarca, Boyacá, Bolívar y Antioquia, y compone a 51 municipios. Las dinámicas en cada parte son diferentes, en el sur de Bolívar hay presencia de disidencias de las Farc, ELN y Autodefensas Gaitanistas de Colombia; y hay disputas por la minería ilegal”.
Ante ello, ¿qué labor cumplen ustedes?
“La Defensoría lo que hace es un trabajo en terreno y diálogo permanente con los líderes comunitarios. Allí nosotros podemos conocer de primera mano las situaciones de riesgo que se presentan.
Y sobre esa base generar unos oficios de prevención que van dirigidos tanto al departamento como a las diferentes administraciones y fuerza pública. En esos oficios lo que hacemos es relacionar escenarios de riesgo que se presentan y generar recomendaciones a las autoridades”.
Pero el Sur de Bolívar no es el único golpeado actualmente en el Magdalena Medio…
“Otra problemática diferente a la presencia de grupos armados es la del microtráfico, es bastante complejo en la región. Hemos observado que ese microtráfico está llegando del Catatumbo a Puerto Wilches, Barrancabermeja, y al bajo Simacota.
Y por el lado de Puerto Berrío hay otro corredor de microtráfico que está afectando a municipios como Puerto Parra y Cimitarra. Ese sería otro elemento, el microtráfico; y lo que este genera es consumo, en gran medida en menores de edad de zonas rurales. Eso nos tiene preocupados”.
¿Cómo es eso de las rutas para el tráfico de droga que tocan a su jurisdicción?
“El Catatumbo es una de esas zonas y la otra es la de Puerto Berrío, sobre todo para los municipios de Cimitarra, Puerto Parra y el Bajo Simacota. En Puerto Berrío, tanto por la vía nacional como también por el río, tenemos información de que esos son corredores donde se puede estar moviendo ese microtráfico”.
También hay peticiones distintas a dinámicas de conflicto, pero que igual van directas al Estado, ¿verdad?
“Sí. Otro punto es que en las zonas rurales, al hacer visitas, la comunidad habla de un abandono e indiferencia del Estado hacia ellos. No hablamos de grupos armados, sino de temas de salud, de electricidad, temas propios y necesarios para el diario vivir. La educación para los niños que viven en veredas es un tema que hemos detectado.
En el caso de Santander hemos visitado algunos corregimientos de la provincia de Vélez, y allí la petición es generar espacios de comunicación entre la institucionalidad y los campesinos. Hemos convocado a diferentes secretarías para transmitir esos diálogos, hace un mes tuvimos uno y se generaron unos compromisos con el ánimo de mejorar la calidad de vida”.
Estuvo en la Gobernación de Antioquia, ¿a qué se debió la visita?
“Tenemos seis municipios de Antioquia en la regional: Yondó, Caracolí, Maceo, Puerto Triunfo, Puerto Berrío y Puerto Nare. En Yondó hay un asentamiento y se requiere reubicar a 160 familias. Le pedimos a la Gobernación que se generara un apoyo para coayudar en la reubicación de esas familias. La respuesta del gobernador fue generar una mesa a través de funcionarios con la Alcaldía de Yondó.
También pedimos que en Maceo las cartacheques que les llegan a las víctimas vayan directamente allá, pues están llegando a Yolombó. Eso genera dificultad para la población, entendiendo que es vulnerable y adulta mayor”.
Con estas problemáticas, ¿qué llamado hace?
“la Defensoría tiene que caracterizarse por más territorio y menos escritorio. Sobre todo en los más alejados de los centros poblados, que es donde hay una mayor necesidad de atención.
El mensaje a las entidades es que estamos en toda la disposición para ayudar en los territorios, y una recomendación vehemente para acatar los oficios y alertas que emitimos”