Los criminales que estarían detrás de los desmanes en el Bajo Cauca
Un operativo de la Policía detonó la protesta liderada por mineros en zona de gran influencia de la delincuencia.
La quema de cuatro dragas y dos máquinas retroexcavadoras en un operativo de la Policía Antioquia en el corregimiento Guarumo, de Cáceres, fue la manzana de la discordia para que más de un centenar de personas bloquearan la vía a la Costa el pasado fin de semana en dos puntos y ayer hicieran lo propio con el río Nechí, en El Bagre.
Las organizaciones de minería artesanal aseguraron que estos bloqueos son la evidencia de la inconformidad de la gente que busca su sustento extrayendo oro de los ríos Cauca y Nechí, en una subregión con intereses por parte de varias estructuras criminales interesadas en las riquezas económicas del territorio.
Rubén Darío Gómez, secretario general de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol), expresó que “la gente salió a manifestarse porque consideran que es un atentado contra su economía y su labor ancestral, además de ser señalados como criminales. Y esto se extendió a otras zonas de esta subregión, lo que generó este movimiento social”.
Desde Puerto Valdivia, corregimiento del municipio de Valdivia, y en los seis municipios del Bajo Cauca, hay sectores claves de exploración, la cual se hace tanto por mineros no legalizados como por grandes multinacionales.
Los sitios más estratégicos son los corregimientos Guarumo, Jardín de Tamaná y Puerto Bélgica, de Cáceres, y el sector Tenerife, de Tarazá. Según el coronel Daniel Mazo, comandante de la Policía Antioquia, de estos sectores salieron los manifestantes que bloquearon la vía a la costa Atlántica y saquearon los vehículos de carga que pasaban por este corredor.
Las bandas de la región
Si bien el líder de la agremiación minera aseguró que estas protestas fueron netamente de mineros artesanales, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, aseguró que en estas protestas hubo infiltración de organizaciones criminales.
“En muchas de esas situaciones relacionadas con los hechos violentos contra los transportadores y los ciudadanos en la troncal de occidente está el Clan del Golfo, que está detrás de la minería ilegal en la región del Bajo Cauca”, dijo el mandatario.
En esta subregión, el control del territorio, principalmente en una de las márgenes del río Cauca, está a cargo de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Pero detrás de las rentas ilegales también se encuentran el ELN, las disidencias del frente 36 de las Farc, Los Caparros y la banda Los de Abajo.
La última banda de esta lista, según las autoridades, es la originaria de las confrontaciones que tienen a El Bagre como uno de los municipios con mayor aumento de homicidios en Antioquia, con el 24,1%, ya que este año van 36 asesinatos, cuando el año pasado, a la fecha, iban 24.
Mientras en los puntos que pasan por la vía a la costa se llegó a un acuerdo para iniciar una negociación en pro de mejorar las condiciones para la minería artesanal, en El Bagre se presentaron bloqueos tanto en la vía de acceso como en el río Nechí, donde pusieron una guaya para evitar el paso de embarcaciones y cualquier tipo de dragas, informó el comandante de la Séptima División del Ejército, general Óscar Leonel Murillo. Esta protesta fue disuelta ayer.
Pero el líder minero Gómez pidió a las autoridades no estigmatizar estas protestas, catalogándolos de criminales, cuando ellos buscan que les permitan trabajar sin tener a las autoridades encima.
“Claro que tenemos las fuerzas bandidas de criminales que están intimidando a las comunidades y los gremios. Pero no todo lo que tenemos para nues
tro trabajo es propiedad de ellos ni es para ellos. Somos victimizados por ellos y revictimizados por el Estado cuando nos catalogan de bandidos”, dijo.
Como parte de la estrategia para la finalización de estos bloqueos, las organizaciones mineras y las autoridades llegaron a un acuerdo de suspender los operativos contra la minería informal, además de no hacer judicializaciones a los líderes de las manifestaciones, al menos mientras avanzan las negociaciones, expresó el coronel Mazo.
Esta última decisión se tomó pese a que fueron saqueados 10 vehículos en medio de las manifestaciones, además de la ubicación de la guaya, que según el comandante Murillo, representaba un riesgo para la vida de quienes navegaban por el río Nechí.
Los mineros ancestrales siguen con la esperanza puesta en la legalización de su labor, una de las promesas del nuevo gobierno, y en este caso se acogieron a un acuerdo de siete puntos para levantar los bloqueos. Las autoridades seguirán buscando alternativas para que esta labor sea legalizada, pero sin dejar de sacar del camino a los ilegales