El Espectador

¿Mucho despliegue?

Comunidade­s indígenas de ese departamen­to creen que la llegada de una Fuerza de Despliegue Rápido no mejorará la seguridad. En los últimos dos años han sido activadas unidades como esa en Catatumbo (Norte de Santander) y en Nariño. Un balance de su accion

- SEBASTIÁN FORERO RUEDA NICOLÁS SÁNCHEZ ARÉVALO sebastianf­orerr @ANicolasSa­nchez

Como reacción a los recurrente­s asesinatos en el Cauca, el Gobierno enviará una Fuerza de Despliegue Rápido del Ejército. Hacemos un balance de esa estrategia, que ha sido utilizada en Catatumbo y Nariño.

Entre los indígenas del norte del Cauca, quienes en varias oportunida­des han rechazado la militariza­ción de su territorio, generó preocupaci­ón el anuncio del presidente Iván Duque de que llegarán 2.500 efectivos de la Fuerza de Despliegue Rápido Número 4 (Fudra) antes de que acabe 2019. El primer mandatario señaló que dicha estructura del Ejército tiene tres objetivos: “control territoria­l, cerrar las rutas del narcotráfi­co empleadas por estas organizaci­ones y desmantela­rlas”. “La expectativ­a es que nos va a generar más riesgo. Aquí la solución no es la Fuerza Pública”, enfatizó Aída Quilcué, consejera de derechos humanos y paz de la Organizaci­ón Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

En ese departamen­to el Estado no ha garantizad­o la seguridad de sus habitantes. El 29 de octubre hombres armados asesinaron a cuatro integrante­s de la Guardia Indígena en Tacueyó. Luego fueron encontrado­s sin vida los cuerpos de cuatro personas en Corinto y uno en Caloto. En plena campaña electoral, el 1° de septiembre, fue asesinada la candidata a la Alcaldía de Suárez Karina García y cinco personas más enmediodeu­n ataque con armas largas en el corregimie­nto de Betulia. A eso se suma que en el Cauca han asesinado a 35 excombatie­ntes de las Farc desde la firma del Acuerdo de Paz, en noviembred­e 2016, y a 10líderes sociales entre enero y junio de este año, según el programa Somos Defensores (la mayor tasa a nivel nacional), lo que la convierte en la región más riesgosa para defender los derechos humanos y para reincorpor­arse a la vida civil. Las columnas JaimeMartí­nez y Dagoberto Ramos, disidencia­s de las Farc, operan en la región, así como estructura­s del Epl, el Eln y las Agc.

Todo lo anterior ha sucedido en medio de un departamen­to militariza­do: hace presencia la Fuerza de Tarea Apolo (integrada por cinco brigadas móviles y un batallón de alta montaña), creada el 23 de diciembre de 2011 que opera en los municipios de Pradera y Florida (Valle del Cauca) y Miranda, Corinto, Caloto, Toribío, Jambaló, Páez, Inzá Morales, Suárez y Caldono (Cauca). La Fudra número 4 acompañará a esa estructura.

Las Fuerzas de Despliegue Rápido nacieron el 7 de diciembre de 1999 en una ceremonia, enMelgar (Tolima), en la que hicieron presencia el entonces presidente Andrés Pastrana y el comandante del Ejército en esa época, Jorge Enrique Mora Rangel. El mando de la primera Fudra quedó en manos del general Carlos Alberto Fracica. Uno de sus primeros golpes militares fue la captura del narcotrafi­cante Luis da Costa, conocido como Fernandinh­o, en 2002. Asimismo, participó, junto a unidades de la Policía, en la Operación Sodoma, que derivó en la muerte de Jorge Briceño, el Mono Jojoy, en 2010.

Hoy, una Fudra solo llega a un territorio cuando los grupos armados ilegales han sobrepasad­o la capacidad militar de las brigadas territoria­les. A diferencia de estas últimas, a una Fudra no se le asigna una jurisdicci­ón sobre territorio­s en particular, sino un blanco militar a perseguir, no importa en qué región se encuentre. Esos objetivos deben ser o disidencia­s de lasFarc (Gao residuales, para las autoridade­s) o estructura­s del Eln. Una fuerza militar de este tipo, compuesta por un batallón de acción directa y tres de despliegue rápido, debe “saturar la región donde se encuentra su objetivo por un tiempo determinad­o hasta que doblegue la capacidad militar de ese actor armado”, según explicó el brigadier generalMau­ricio Zabala, comandante de la Fudra que opera en Nariño. Una vez el objetivo se cumple, la estructura puede ser recogida.

Desde 2018 se han desplegado dos estructura­s de ese tipo en Nariño y en el Catatumbo (Norte de Santander). Este es un balance de sus resultados.

La Fudra número 2 en el Pacífico nariñense

El 8 de enero de 2018, a Tumaco (Nariño) llegó la Fudra número 2, con un aproximado de 3.500 hombres, al mando de Zabala. Su objetivo militar era el frente Óliver Sinisterra, comandado por WálterPatr­icio Arizala, Guacho, y la estructura los Contadores. Esa unidad militar se integró con la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, como su componente terrestre. Los grupos armados se reacomodab­an tras la salida de las Farc del territorio, y Tumaco era el municipio con más sembradíos de coca en todo el país, con 19.000 hectáreas.

En marzo de ese año en esa zona fueron secuestrad­os, y posteriorm­ente asesinados, por el Óliver Sinisterra, tres integrante­s de un equipo periodísti­co del diario ecuatorian­o El Comercio. Guacho se convirtió en el principal objetivo para la Fuerza Pública en el surocciden­te del país y las operacione­s militares aumentaron. La crisis humanitari­a en la zona se recrudeció. Enmayo de ese año, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 044 para el municipio de Tumaco en la que advirtió: “Con el incremento de los operativos militares se han recrudecid­o las acciones violentas y la población civil, afrodescen­dientes, indígenas y campesinos, ha quedado en medio de la disputa”.

Delo que han sido los resultados de laFudra número 2 desde entonces, en los 10 municipios del Pacífico nariñense (Tumaco, Francisco Pizarro, Roberto Payán, Olaya Herrera, Mosquera, La Tola, El Charco, Santa Barbara Magüí y Barbacoas), así como en cuatro de la zona de cordillera (Leiva, El Rosario, Policarpa y Cumbitara) hay lecturas distintas. Entre los resultados que destaca su comandante, el general Zabala, está la captura de alrededor de 1.500 personas pertenecie­ntes a esas estructura­s criminales, a quienes les fue dictada detención intramural.

“Pero el mayor logro, por encima de Guacho, es habernos ganado la confianza de la población civil”, asegura.

Su visión la respalda una fuente estatal en el Pacífico nariñense que le hace seguimient­o a la situación de derechos humanos, quien coincidió en que en la zona hay un mayor control territoria­l de la Fuerza Pública y una percepción de seguridad distinta. Sin embargo, hacia la zona de cordillera el panorama es otro. Fuentes oficiales cuestionar­on que, pese a la presencia de unidades de la Fudra en el territorio, las Autodefens­as Gaitanista­s de Colombia (Agc), grupo heredero del paramilita­rismo, lograron copar El Rosario y Leiva en abril de este año, como está consignado en un documento de la Defensoría fechado en el mismo mes.

Pero, además, la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los ríos Mira, Nulpe y Mataje (Asominuma) ha emitido en los últimos dos meses denuncias públicas en las que da cuenta de cinco hechos que resultaría­n en violacione­s a los derechos humanos por parte de unidades adscritas a la Fudra número 2 en Tumaco. Hechos entre los que se encuentran la ocupación de viviendas de la población civil por parte de uniformado­s de esa

fuerza; un procedimie­nto irregular en que se les exigió a los pobladores una suma de dinero a cambio de no quemarles galones de gasolina, usados por las familias para trabajar, y dos hechos de violencia sexual, en uno de los cuales Asominuma señaló directamen­te al soldado Diego Fernando Quintero Soto.

El comandante de laFudra número 2 aseguró que, tras la denuncia por la ocupación de viviendas de la población civil por parte de sus uniformado­s, “se abrió una investigac­ión disciplina­ria, porque sí sucedió y hubo un mal procedimie­nto de un comandante que se acomodó transitori­amente cerca de unas viviendas”. Sobre los otros hechos dijo no tener conocimien­to.

Sin embargo, el comandante del Batallón de Despliegue Rápido No. 6, el teniente coronel Julián Sánchez Micolta, respondió a las denuncias de Asominuma. En el documento, el comandante dijo que se “dispuso la apertura de indagación disciplina­ria”, pero desvirtuó las denuncias, al asegurar que no había elementos probatorio­s. De hecho, advirtió que el soldado mencionado en la queja podría “interponer las respectiva­s acciones legales, entre otras, las denuncias por los presuntos delitos de injuria y calumnia”.

La Fudra número 3 en Catatumbo

“Esta Fuerza de Despliegue Rápido representa la modernidad de nuestras Fuerzas Militares, la capacidad demoverse con facilidad, de tener capacidad ofensiva, capacidad disuasiva y de operar conforme a los más altos estándares de protección de los derechos humanos”, dijo el presidente Iván Duque en Ocaña (Norte de Santander) el 28 de octubre de 2018, en medio de la instalació­n de la Fudra número 3 que opera en los municipios de San Calixto, Hacarí yTeorama. En total, a esa región llegaron 5.000 efectivos del Ejército.

Ese componente militar llegó al Catatumbo luego de un año de guerra desatada. En marzo de 2018 estalló una confrontac­ión armada entre el Eln y el Epl. Ambos grupos armados, con presencia histórica en la zona, generaron graves afectacion­es a la sociedad civil. Así lo indican las cifras, según el Registro Único de Víctimas, las personas que padecieron el conflicto armado pasaron de 7.368 víctimas en 2017 a 30.380 en 2018 en esa región.

Una fuente que trabaja en una entidad estatal que monitorea la situación de derechos humanos en la zona, pero que pidió reserva de su nombre porque no tenía autorizaci­ón para hablar, aseguró que “la Fudra sí ha servido para estabiliza­r el control territoria­l, es innegable que en términos de seguridad ha habido avances”. Éver Pallares, personero de Teorama, también dijo que hay pálidos avances en el control del casco urbano de ese municipio. Intentamos hablar con algún vocero del Ejército para conocer los logros de esa unidad militar, pero al cierre de esta edición no había sido posible contactarl­o.

Por otra parte, la Defensoría del Pueblo recibió 38 quejas contra miembros de laFudra desde la activación de ese componente hasta agosto de 2019. Pallares relató que la mayoría de quejas se refieren a la ocupación de predios privados por parte de los soldados y a la ubicación de estos en nacederos de agua de los cuales se surten veredas enteras. Lamayor parte de los problemas en ese municipio se han dado en los corregimie­ntos de Jurisdicci­ones y Miracotes. También ha habido reclamos por casos de empadronam­ientos, judicializ­aciones que las personas de las comunidade­s cuestionan y estigmatiz­ación de algunos líderes. Wilfredo Cañizares, director ejecutivo de la Fundación Progresar, aseguró que si se ha visto alguna mejoría en la seguridad del Catatumbo no ha sido “producto de la presencia de laFudra, sino al parecer por un acuerdo que hay entre el Eln y el Epl para cesar la guerra que tenían esas dos organizaci­ones”. No conseguimo­s voceros del Ejército para que contestara­n a esos cuestionam­ientos.

La activación reciente de las Fudras en el Catatumbo y en Nariño han demostrado que la llegada de grandes componente­s militares a los territorio­s puede aliviar parcialmen­te la situación de seguridad, pero agudizan las confrontac­iones armadas. Las comunidade­s del Cauca, y de las regiones que han sido teatro del conflicto armado, insisten en que la solución pasa por resolver los problemas estructura­les que impacten la calidad de vida de los habitantes de esas zonas.

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/ AFP No es la primera vez que el Estado responde con tropas a las necesidade­s del Cauca. En Toribío los civiles rechazan esa presencia, porque allí manda, por derecho, la Guardia Indígena.
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/ Presidenci­a En octubre de 2018, el presidente Iván Duque instaló la Fudra número 3 en el Catatumbo.
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