Pleito en curso
Un informe del CTI podría evidenciar que, en el Eje Cafetero, se amañaron avalúos de predios para “tumbar” al Grupo de Energía de Bogotá, el cual está pagando a particulares por las torres eléctricas que instaló en sus tierras.
El Grupo de Energía de Bogotá (GEB) pagó millonarias indemnizaciones en el Eje Cafetero en medio de la construcción de un proyecto. El CTI encontró irregularidades que indicarían que pagó de más.
Uno de los episodios de interceptaciones ilegales que se realizaron desde la plataforma Esperanza de la Fiscalía entre 2017 y 2018 es el del celular de Felipe Jaramillo, un abogado que representa a varias personas de Risaralda demandadas por el Grupo de Energía de Bogotá (GEB) en medio de unos procesos de imposición de servidumbres legales de energía eléctrica. Según las indagaciones que hizo el ente investigador, las interceptaciones en contra de Jaramillo se dieron en medio de la construcción del proyecto de la subestación de Armenia 230 kV y líneas de transmisión, el cual hace parte de la expansión de transmisión de energía eléctrica en los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda.
Esta obra de expansión energética, que tiene 83 torres eléctricas en el Eje Cafetero (cerca de 38 kilómetros de líneas de transmisiónde energía) y la construcción, operación y mantenimiento de la subestación de Armenia, fue adjudicada al GEB en febrero de 2012, por US$10,4 millones. Para la construcción de esta infraestructura eléctrica, cuatro torres de energía se construyeron en el predio El Vaticano, ubicado en la vereda San Roque de SantaRosa de Cabal (Risaralda). El terreno, de 44 hectáreas, es propiedad de Consuelo Castaño, quien desde hace casi 40 años es su dueña, y está avaluado en $3.100 millones, según la Cámara Regional de la Construcción (Camacol) en Risaralda.
Como el GEB y Castaño no pudieron llegar a un acuerdo sobre la cifra con la que ella sería indemnizada por la imposición de servidumbres de energía en su tierra, la empresa la demandó ante un juzgado civil de Santa Rosa de Cabal en mayo de 2013 y uno de los abogados que trabajaron en su caso fue Felipe Jaramillo. Ante los estrados, la compañía capitalina tasó la indemnización para Castaño en $35 millones. Luego, en agosto de 2013, el juzgado civil ordenó la designación de dos expertos, uno del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y el otro de la Lista de Auxiliares de la Justicia, para que realizaran un peritaje de avalúo de la indemnización que tendría que recibir la propietaria del terreno.
Pasaron cinco años para que el proceso de servidumbre llegara a su fin. En este episodio, en el que se presentaron tres informes y solo se tuvo en cuenta el último, elaborado por los peritos Esteban Cadavid y Miguel Duarte en enero de 2015, se estableció que el valor indemnizatorio debía ser de $736 millones, 21 veces lo que ofrecía el GEB. Al final, tanto el juzgado como el Tribunal Superior de Pereira —este último en 2017— ordenaron indemnizar a Castaño por $1.300 millones (37 veces la oferta del GEB), por los intereses generados durante el tiempo que duró el pleito.
En enero de 2018 llegó una denuncia anónima al canal ético del Grupo de Energía de Bogotá, en la que se alertaba de que en Risaralda existía supuestamente un cartel de servidumbres de energía eléctrica compuesto por funcionarios de la Rama Judicial, abogados y otras personas con el fin de cobrar indemnizaciones de forma fraudulenta, aunque la denuncia nomencionaba nombres concretos. En ese momento, según el ente investigador, la compañía del Distrito empezó a buscar a una consultora que investigara sobre este supuesto cartel que operaba en el Eje Cafetero.
En febrero de 2018, los abogados del GEB denunciaron ante la Fiscalía que las labores para realizar dos de los informes de El Vaticano se hicieron con “datos falsos” y con procedimientos “contrarios a la ley”, porque se basaron en una ley de procedimiento del IGAC de 1998 y no en la vigente, que data de 2008. Según los abogados del GEB, los peritos cometieron fraude procesal, prevaricato y falsedad ideológica. Por eso la Fiscalía realizó en diciembre pasado una inspección al juzgado civil de Santa Rosa de Cabal, en donde reposa el informe hecho por los peritos sobre el caso El Vaticano.
Pero al caso llegó un documento que podría comprobar el cartel de servidumbres del que sospecha el GEB. Se trata de un dictamen bajo reserva elaborado por el CTI en julio de este año, en el que, en resumen, se determina que los peritos Duarte y Cadavid “pasaron por alto” la ley vigente para calcular la indemnización: “El dictamen circunscribe errores en la cuantificación de las áreas, errores en la aplicación de la metodología y en la consideración de las normas valuatorias, norma territorial, plan de ordenamiento territorial de Santa Rosa de Cabal. Por lo tanto, es un valor equivocado de los daños y perjuicios, ocasionados por la imposición de servidumbres en mayo de 2013”.
El ente investigador calificó el avalúo de Duarte y Cadavid como “contrario a las normas” y dijo que se violaron siete artículos de la ley vigente del IGAC. Además indicó que no existe ningún proyecto radicado o aprobado en la Secretaría de Planeación del municipio que sustente un proyecto urbanizador con el cual se pueda determinar un aumento de la indemnización. Y añadió: “Se aprecian errores en la cuantificación de las áreas, en la doble cuantificación de perjuicio del área”. Por último, sugiere al juez del caso que se realice un nuevo informe para determinar el valor real de la indemnización para el predio El Vaticano.
La Fiscalía tiene bajo la lupa los avalúos de otros dos predios que fueron indemnizados por el GEB en medio de la instalación de las torres eléctricas en Santa Rosa de Cabal: Los Alpes y La Esmeralda. En estos peritajes también participaron Duarte y Cadavid, junto con Carlos Gómez Lee, otro perito que realizó un informe en el caso El Vaticano y que la Fiscalía reprobó. “El avalúo presenta falta de objetividad, certeza de fuentes, transparencia (...) sus datos no son comprobables (...) no provienen de fuentes fiables”, señaló el ente investigador. El GEB dice que otros 13 procesos tendrían irregularidades en el proceso para tasar las indemnizaciones.