La CAM ordenó que el hotel Bethel, en el desierto de la Tatacoa, sea demolido por infracción ambiental y falta de licencia.
Frank Corredor, dueño, explica que al adquirir las tierras no le exigieron permiso. El aumento de turismo provocó la privatización y destapa vacíos en control de actividades.
La CAM anunció que el hotel Bethel será demolido por infracciones ambientales y no tener licencia. Frank Corredor, dueño, explica que al adquirir las tierras no le exigieron permiso. El aumento de turismo provocó privatización y ahora destapa un vacío en el control de actividades.
El desierto de la Tatacoa, una reserva natural de 56.000 hectáreas, se ha convertido en uno de los destinos favoritos de los turistas nacionales y extranjeros. Sus imponentes paisajes, donde sobresale el color rojizo de sus montañas, la exuberante flora y fauna que habita en el bosque seco tropical y la posibilidad de observar las estrellas en la noche han hecho que más de 300.000 personas lo visiten cada año, según la Gobernación del Huila.
El incremento acelerado de visitantes por la popularización del desierto ha impulsado la construcción de hoteles y hostales. En la actualidad, en Villavieja hay 54 prestadores de servicios de alojamiento con RegistroNacional de Turismo activo, de los cuales 16 están en La Tatacoa. Este incremento desmedido ha hecho que los habitantes vendan sus terrenos a los constructores y que la mayoría de las tierras sean privadas.
En una de estas zonas fue construido el Bethel Bio LuxuryHotel, uno de los hoteles más lujosos de la región. En la parte más alta de La Tatacoa están las imponentes instalaciones enmarcadas entre los ocres y grises del desierto, y el verde de los cactus. El espejo de agua que forman sus piscinas naturales es quizá su principal atractivo. Y, a lo largo de sus 320 hectáreas, están los Bioeggs, unos huevos gigantes inspirados en los dinosaurios; la Casa Bethel, una construcción de cien años; los Glampings, desde donde se puede observar las estrellas por la noche; los Eco Cavs y los Bed Pings. El precio por noche oscila entre $700.000 y $1’200.000.
A pesar de ser descrito como un hotel mágico que está basado en un concepto bio, el establecimiento ha acaparado los titulares luego de que la Corporación AutónomaRegional del Alto Magdalena (CAM), los acusara de violar las normas del manejo ambiental como, por ejemplo, alterar la hidrología y construir en zona de restauración. El 27 de diciembre de 2019, la entidad emitió la resolución 3569 en la queimpuso una multa de más de $790 millones y ordenó el cierre y la demolición del establecimiento.
Pero, ¿cuáles son los dañosambientales? Según el texto, la captación y el uso ilegal del agua, afectación de la calidad del recurso hídrico, desaparición por uso y aprovechamiento de la especie forestal acacia farnesiana y la contaminación del suelo por la inadecuada disposición de los residuos. Frank Corredor, dueño del hotel, se defiende argumentando que la entidad solo se basó en las visitas que realizó, en las que, según explicó, ni siquiera recolectaron pruebas técnicas, ni las declaraciones extra juramentadas de los campesinos a quienes les compró el terreno.
No obstante, esta no es laprimera vez que el hotel Bethel es acusado por infringir las normas ambientales. El 5 de enero de 2017, mediante la resolución 015 la CAM le había notificado a Corredor que estaba provocando daños al medio ambiente, justo los mismos por los que hoy emiten una orden para cerrar y demoler el hotel.
Para esa época, Corredor alegó que la CAM, mediante la resolución 207 del 8 de febrero de 2011, le otorgó un permiso de concesión de aguas superficiales que tiene vigencia de diez años; es decir, se vence hasta 2021. Pero, según explicó la entidad, esta autorización solo entró en vigor a partir del pago de la publicación en la gaceta, que se efectuó el 24 de febrero de 2017. La primera fase del Bethel fue en agosto de 2015 y hasta 2017 obtuvo el Registro Nacional de Turismo.
Además, la CAM señaló que el hotel estaba construido en una zona protegida. El desierto, en 2010, iba a ser un parque natural, pero con la medida cerca de 300 familias terminarían afectadas. Por eso, la organización y los habitantes llegaron a un acuerdo: la mejor estrategia era crear el Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI). La Tatacoa contó con 35.140 hectáreas, el 22 % de las cuales son zonas de preservación y 49 % de restauración para preservación.
En 2011 cambió la delimitación y hasta 2015 quedó registrado, en el Plan Ambiental de Manejo del DRMI de La Tatacoa, cómo iban a ser los límites. Corredor dijo que en 2010 fue aprobada la construcción y que, como comprueban los documentos, no iba a estar en áreas de protección ni necesitaba licencia ambiental. Sin embargo, tras la modificación de régimen, la infraestructura del proyecto quedó en la “zona de restauración para la preservación” y en la “zona de restauración para el uso sostenible”. “La entidad nunca nos notificó que la ley que regulaba los predios, que compramos en 2010, se había transformado. Nos vinimos a enterar cuando nos pidieron un documento con las coordenadas del establecimiento”, afirmó Corredor.
También se le inculpó de que las aguas residualesno tenían un sistema de tratamiento y se estarían infiltrando al suelo. Durante su visita, la CAM añadió que dicho sistema fue construido sobre el cauce de un drenaje sin el permiso de ocupación y “la generación se está haciendo de manera ilegal”. Ante las acusaciones, Corredor explicóque el hotel cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales (STAR). Nos tocó hacer el sistema porque, después de enviarles muchas cartas no nos dieron una adecuada orientación. En la actualidad, cada tanque es para dos habitaciones”, refutó el arquitecto.
Ensu afán por defender el patrimonio de su familia, Corredor decidió contar por medio de su cuenta de Facebook que un funcionario de la entidad “pedía dinero a caficultores, constructoras, pesqueras y otros segmentos productivos del Huila a cambio de trámites en la entidad”. Una situación que, en su momento, denunciaron empresarios de la región. Se trata de Óscar Pajoy Salazar, exdirector de la regional norte, quien se apartó de su cargo. Aunque la CAM nunca explicó si lo habían retirado por las quejas o él había renunciado.
La situación del Bethel aún es incierta. Corredor presentó su recurso de reposición el 27 de enero, en el que alega, según él, las inconsistencias de la CAM en la entrega de permisos, como el del manejo de aguas y las licencias ambientales. Esta resolución, que aún no está en firme, se podría trasladar hasta un juez y, en caso de ser aprobada, solo se demolería el 50 % del establecimiento que está ubicado en zona de protección.
A pesar de que es un caso mediático, porque están involucrados dos pesos pesados de la región, es un ejemplo para evidenciar cómo el turismo desmedido ha afectado la zona, desde las prácticas que atacan al medio ambiente hasta la privatización de las tierras. Además, sirve de llamado a las autoridades para que ejerzan algún tipo de vigilancia y control que regule actividades como el senderismo o las caravanas de vehículos. De hecho, la más reciente denuncia de la comunidad se debe a que los turistas ahora hacen torres con piedras para pedir deseos, una práctica que pone en riesgo a especies de insectos y aves.