La disputa gremial por los aranceles a la ropa
Camilo Rodríguez, presidente de la junta directiva de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines, y Javier Díaz, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, hablan del panorama del sector: desde los argumentos a favor y en con
La polémica no cesa desde el miércoles 30 de enero, cuando la Corte Constitucional tumbó los aranceles a textiles incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (PND) al considerar que solo es potestad del poder Ejecutivo —es decir, del presidente Iván Duque— establecer o quitar aranceles, y no del Congreso, como había quedado establecida la medida.
El decreto 1419 reglamentaba los artículos 274 y 275 del PND, que entró en vigor en agosto de 2019. La normativa establecía un aumento del 15 % al 37,9 % para las importaciones de los artículos de vestuario cuando su precio fuera inferior o igual a US$20 por kilo y para los elementos que superaran ese precio habría un arancel del 10 % según el valor de la mercancía: más de US$3 por kilo.
Sin embargo, tras las demandas por parte de gremios como Analdex, Fenalco, la ANDI e incluso la Procuraduría y el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, la Sala Plena derogó ese decreto.
La decisión puso el tema de nuevo sobre la mesa. La Cámara Colombiana de la Confección y Afines (Cccya) lamentó la situación y le pidió a Duque fijar los aranceles mediante un decreto.
Los gremios en contra insisten en que la protección a la industria textil nacional no es con aranceles, sino con otros instrumentos.
José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo, asumió un papel de mediador. Aseguró que, previendo que eso sucediera, está reuniendo propuestas que se verán reflejadas en un decreto que contenga una estructura arancelaria que responda a las necesidades de la cadena textil y espera que esté listo cuando se conozca la sentencia de la Corte Constitucional.