La lucha LGBTI por la justicia
Violaciones, trabajo forzado, desplazamiento y discriminación, los tipos de violencia que más padeció esta población en medio del conflicto armado. Pide que su verdad también sea escuchada en la justicia transicional.
Hoy “Mama Mía” tendría 18 años. Seguramente sería una activista trans en Puerto Boyacá y su nombre no estaría en un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) sino tal vez en medios de comunicación contando su historia de resistencia, pero el 12 de enero de 2002 miembros de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá (ACPB) la sacaron engañada de su casa y nunca regresó. Su historia puede representar a las 7.320 víctimas del conflicto armado LGBTI reconocidas ante el Registro Único.
Aunque su desenlace no fue la desaparición, ese fantasma de la incertidumbre sí acompañó a su madre y a su hermana durante algunos días después de que la secuestraran, hasta que un grupo de pescadores de la zona les dijeran que “habían encontrado una pierna”. Su hermana recuerda que identificó en ella un tatuaje de sol que tenía en esa parte de su cuerpo, y eso fue suficiente para saber que estaba muerta. Los paramilitares, en versiones libres de los tribunales de Justicia y Paz, confirmaron haberla asesinado, desmembrado y arrojado al río Magdalena.
Casos como el de Mama Mía son necesarios para entender la magnitud del conflicto armado en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, pero hay varias barreras en el camino. La primera, según MaríaDaniela Villamil, coordinadora del área de paz y conflicto armado de Colombia Diversa, es que muchas de las personas de la comunidad LGBTI, especialmente las personas trans, no siempre cuentan con núcleos familiares sólidos. “Para estos casos las familias sociales (que usualmente son amigos) son muy importantes, porque son los que pueden dar información clave para los procesos de búsqueda de desaparecidos o simplemente de memoria del conflicto armado”, dice la abogada.
Otra de las barreras es que, aunque la Ley 999 y el Decreto 1227 permitan hacer cambios denombre y del sexo en el documento de identidad, muchas personas prefieren no hacerlo por desconocimiento o por elección. Entonces, comoha pasado muchas veces en la justicia ordinaria, las personas trans pueden ser identificadas con el nombre que aparece al pie de su documento, pero sin tener en cuenta el nombre identitario. Como el caso de Mama Mía, que en la justicia quedó registrado con su nombre masculino pese a que no se identificaba con él.
Para eso, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) determinó en el primer borrador de su Plan de Búsqueda que para la identificación de una persona se tendrán en cuenta su nombre y género identitario. “Dificulta ostensiblemente la búsqueda de las personas LGBTI en la medida que estas siempre han sido buscadas con el género con el cual nacieron y no con el que se identificaban”, señala el documento de la UBPD.
Estas barreras, sumadas a los históricos estigmas homofóbicos y transfóbicos que ponen a esta población en situaciones vulnerables, son algunos de los primeros obstáculos que tendrá que derribar la justicia transicional en Colombia. Alexandra Sandoval, magistrada de la Comisión de Género de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), lo mencionó en una conferencia virtual, a propósito del Día del Orgullo Gay: “Somos el primer tribunal de justicia en implementar el enfoque de género”.
La JEP, que tiene 18 víctimas LGBTI acreditadas según las organizaciones activistas, tiene la tarea de juzgar y sancionar los crímenes cometidos en el conflicto armado con el enfoque diferencial de cada población. De hecho, en los tres años de su mandato, han recibido al menos seis informes de población LGBTI.
En el informe “¿Quién nos va a contar?”, entregado por Colombia Diversa a la Comisión de la Verdad, se documentan al menos 37 episodios de violencias por prejuicio contra personas LGBTI por parte de actores armados. Y en el informe “¡Nosotras resistimos!”, de Caribe Afirmativo, se narra el testimonio de un hombre gay en El Carmen de Bolívar que cuenta cómo fue violado en calabozos, trincheras, coliseos y hasta en estaciones de policía. “Hacían con uno lo que les daba la gana y uno se dejaba hacer las cosas por miedo de que le fueran a hacer algo, que lo fueran a matar a uno o a la familia”, narra.
La entidad encargada de reunir todos estos testimonios en el sistema de justicia transicional y de incluir sus voces es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV). “Hemos firmado acuerdos de entendimiento con Caribe Afirmativo, Colombia Diversa y la Plataforma LGBTI por la Paz. Organizaciones que forman parte de laMesa de Asistencia Técnica del grupo de Trabajo de Género, a través de la cual han hecho aportes muy significativos a nuestra metodología, que hacen por ejemplo que hoy desde la Comisión abordemos el concepto de violencia por prejuicio”, explican desde esa entidad. Además, ha incorporado en el enfoque de género en cada una de las entrevistas que ha recogido en distintos territorios, por ejemplo, no dando por sentado que todas las personas son heterosexuales y haciendo preguntas que aborden de manera particular los impactos y las luchas que estas han afrontado.
Otra de las peticiones que surgieron durante los encuentros entre la justicia transicional con población LGBTI es que haya un apoyo constante con las redes de esta comunidad que hay en todo el territorio nacional. Algunas de las ideas que surgieron fueron crear una aplicación para que las personas puedan estar al tanto del proceso con su familiar víctima del conflicto y fortalecer el apoyo psicosocial a quienes vivieron los estragos de la guerra, que son por ahora los pedidos más urgentes.