LA CORTE SUPREMA “ESTÁ JUGANDO CON LA CIUDADANÍA”
Esto sostiene un magistrado activo de la misma Corte: Gerardo Botero Zuluaga, quien acaba de interponer una tutela contra su corporación para que le respete, según su demanda, su derecho a no renunciar al voto secreto antes de que se modifique el reglamento interno que obliga a la reserva del mismo. Denuncia que la Sala Plena “juega” con el voto público y el secreto a conveniencia. Y reitera la enorme interferencia de la ministra Margarita Cabello en las decisiones del alto tribunal, además de la imposición de ella, de bloquear a los togados antioqueños.
No creo que haya antecedentes de una discordia entre los magistrados de la Corte Suprema -aunque ha habido muchas- que termine en una tutela de uno contra los demás. ¿Qué lo llevó a buscar esa vía tan extrema en lugar de otra posible salida?
En efecto, no hay antecedentes en la historia de Colombia. Tomé esa decisión porque, a pesar de mis insistentes, sistemáticos y reiterativos reclamos para que se acatara el ordenamiento jurídico y, en especial, nuestras normas reglamentarias, se me continuaron violando los derechos constitucionales a los que hago referencia en mi acción de tutela. De la Sala Plena solo recibí actos de discriminación y atentatorios de mi dignidad, como el de pretender marginarme del debate para discutir una solicitud que hice sobre los hechos que he venido reclamando. En la sala virtual del jueves 18 de junio, el presidente de la Corte indicó textualmente que “en Sala de Gobierno… del 16 de junio, se dispuso distribuir el anterior escrito (el mío) a los integrantes de la Sala Plena y solicitarle al doctor Botero Zuluaga que se retire mientras se trata el tema”.
Le confieso que no me parece, en sí misma,
irrespetuosa la petición de que se retirara salvo si se le dijo en tono humillante o burlón. ¿Fue así o, tal vez, usted está muy sensible debido a la sucesión de varios incidentes que, al parecer, lo han enfrentado con los demás magistrados?
En mi criterio, sí es indignante el trato que se me dio y que se me asemejara, tal vez en términos despectivos, a un veedor ciudadano de manera tan irrespetuosa con quienes ejercen la función de veeduría comoconmigo. En mi caso, por ser un magistrado en ejercicio con todo el derecho que me asiste a participar y deliberar en Sala Plena. Pregunto cuál norma invocan para marginarme si no soy un acusado. Además, tengo derecho a expresar mis puntos de vista durante una discusión promovida por mí.
Los otros 21 magistrados de la Corte aseguran que usted les quiere imponer su voluntad. ¿Se reconoce como una persona caprichosa que no acepta las decisiones de la mayoría? Finalmente, se trata de uno contra 21…
Se pretende poner una cortina de humo con esos argumentos. Han disfrazado los debates sobre las irregularidades que he venido denunciando, con ataques personales y maniobras evasivas, pero nunca se han resuelto, de fondo, los asuntos denunciados. No se trata de desconocer la voluntad de las mayorías: el tema puntual, objeto de la tutela que interpuse, es la violación de nuestro ordenamiento jurídico y de las normas del reglamento interno que conllevan, también la violación de mi derecho a ejercer el voto secreto, pues no se me ha permitido hacerlo, a pesar de que manifesté que no iba a renunciar a él. ¿Sera que el derecho de las mayorías las autoriza a transgredir los derechos de la minoría? El reglamento que está siendo violado no fue redactado por mí. Data del año 2002. A esas reglas me sujeto y no a las que impongan, de facto, las mayorías, por más que lo sean.
Según entiendo, los demás miembros de la Corte están eligiendo nuevos magistrados de tribunal con votos abiertos, públicos. Y usted quiere hacerlo de manera secreta. ¿Por qué?
Hasta la fecha he presentado tres proposiciones para que el reglamento, que impone el voto secreto, sea modificado y, en su lugar, sea implementado el voto público y nominal en todos los procesos de elección. Pienso que de esa forma se conjuran las malas prácticas que se han venido presentando en el interior de la Corte…
Perdone lo interrumpo: ¿cuáles son las “malas prácticas” en la Corte Suprema?
El bloqueo en los procesos de los nombramientos, la acumulación de listas de candidatos por intereses personales, el ánimo de ejercer caudillismos, etc. Con el voto público se evitan las mezquindades y el irrespeto a la palabra empeñada, entre otras prácticas. Las primeras dos proposiciones que hice para reformar el reglamento y normar el voto público fueron derrotadas y, en cuanto a la última, que radiqué hace unos dos meses aproximadamente, su debate se ha venido aplazando sin explicación alguna a pesar de que se trata de un tema prioritario para poder ajustar los procesos de elección a nuestras normas internas. ¿Los demás magistrados se oponen? Pero, ¿por qué? Hoy están votando públicamente….
No entiendo por qué la Sala se opone a modificar el reglamento en el tema puntual de establecer el voto público y nominal por los cauces legales, pero en cambio sí lo hace de facto. El derecho al voto secreto no se puede aplicar en forma selectiva, para unos casos,
para después usar al voto público y nominal siendo que el reglamento no hace ninguna distinción al respecto. Lo que se está haciendo no es aceptable ni jurídica ni éticamente. Por lo demás, deja abierta la puerta a eventuales demandas en los nombramientos hechos, por desconocer el propio reglamento de la Corte, lo que podría generar un detrimento patrimonial al erario.
¿Cree que los nombramientos de magistrados de tribunal mediante el voto público decididos por la Corte en las actuales sesiones virtuales pueden ser demandados y podrían caerse?
Sí, porque se violaron las normas procedimentales para realizarlos y por cuanto a mí, magistrado activo de la Sala Plena, se me desconoció mi voluntad de no renunciar al voto secreto, y, por ende, se me violó mi derecho al voto, el que no pude ejercer porque no se cumplía debidamente el reglamento.
A ver si le entiendo, pues es enredado: usted ha solicitado estudiar el cambio de reglamento para establecer el voto público y, hoy, cuando la Corte lo utiliza, usted se opone y quiere votar en secreto. Y sus colegas de Sala Plena están usando el voto público ahora, sin modificar el reglamento, y quieren volver al voto secreto para elegir magistrados de la propia Corte. ¿Está loca la Corte o está jugando con la ciudadanía?
Está jugando con la ciudadanía y con el ordenamiento jurídico, pues es la Corte Suprema de Justicia la primera llamada a acatar la Constitución, la ley y su propio reglamento. En mi caso, le reitero mi coherencia: siempre he defendido el voto público. Siempre he considerado que la dignidad de un magistrado implica transparencia en sus decisiones y el voto secreto se presta para componendas y para generar especulaciones sobre los autores de las mismas. Pero no se puede acudir al voto secreto y al voto público a conveniencia y sin modificación de las normas que rigen a la Corte Suprema.
A comienzos de este año, usted era uno de los candidatos a la presidencia de la Corte. Se disputaba el cargo con el magistrado Jorge Luis Quiroz, quien fue elegido. La Sala Plena no pudo definirse hasta cuando usted se retiró de la competencia. ¿Este antecedente cuenta para su argumentación sobre violación de sus derechos?
No, eso no tiene nada que ver con lo que estoy planteando en la acción de tutela, pero sí se ha pretendido descalificar mi reclamo con esa hipótesis. Decliné mi postulación para evitar más dilaciones en la elección de los dignatarios de la Corte, anuncié mi respaldo y voté por el nuevo presidente. Lo que planteo en la tutela es que el origen del trato que se me ha venido dando es debido a mis posiciones relacionadas con varios asuntos: la injerencia de la ministra de Justicia, Margarita Cabello, en los asuntos internos de la corporación, los bloqueos para los nombramientos de magistrados, la acumulación de listas, los apetitos burocráticos y la utilización de la administración de justicia como trampolín político.
Cuando retiró su candidatura, usted advirtió, precisamente, que había injerencias indebidas en la elección de presidente de la Corte. Y ha dicho que esa votación, y tal vez otras, han sido interferidas por la ministra Cabello. ¿Fue ella quien decidió el nombre del presidente de la Suprema e hizo elegir a Quiroz, su antiguo magistrado auxiliar?
Esa denuncia ya la había hecho cuando puse de presente que un ministro de este gobierno, en compañía de un senador de la República y de otras personas con las cuales me reuní -me reservo sus nombres-, contaron que ella había dicho en la Casa de Nariño que “otro paisa” no podía ser presidente de la Corte. Además me enteré de que ella puso como condición para destrabar la elección de fiscal general y magistrados deCorte que esos nombramientos se hicieran cuando el presidente no fuera un paisa: la Corte era presidida por el magistrado antioqueño Álvaro Fernando García. Y se sabe que se eligió al fiscal y a los nuevos miembros de la Corte bajo la presidencia encargada del doctor Francisco Acuña. Al parecer, esa era la exigencia de la ministra.
Cabello es conocida en los pasillos judiciales por su habilidad para mover los hilos de las elecciones, pero lo que usted cuenta me parece increíble. ¿Cree que ella pudo trabar o destrabar la elección de fiscal general y magistrados de la Corte?
Ella tiene sus amigos en la Corte y le gusta ostentar poder.
El presidente Quiroz es costeño como la ministra, y usted es antioqueño. Me asombra que en la cúpula judicial haya divisiones por algo tan nimio e insustancial como un regionalismo mal entendido. ¿Eso es cierto?
Sí, es cierto. Tales divisiones resultan insólitas y reprochables desde todo punto de vista, sobre todo en el máximo organismo de la jurisdicción ordinaria, el primer tribunal obligado a evitar divisiones. No pertenezco a ningún grupo. Siempre me he caracterizado por mi autonomía e independencia sin admitir injerencias de ninguna índole. Ahora, con el ingreso de los nuevos magistrados, ese tema se ha venido desvaneciendo.
Usted también se ha opuesto al “trampolín político”, según lo calificó, de unos togados que usan la magistratura como base de lanzamiento para aspiraciones personales…
Lo que ha venido ocurriendo en la Corte Suprema hace imperiosa una reforma, la primera de ellas, que la elección de magistrados se haga por concurso de méritos para evitar clientelismo en sus nombramientos; también es necesario suprimir las funciones electorales en la Corte, que le han hecho tanto daño a la corporación; hay que prohibir la utilización de la puerta giratoria, para evitar que se utilice la administración de justicia como trampolín político; es necesario hacer más exigentes los requisitos para ser magistrado de alta Corte; fijar mecanismos para evitar la acumulación de listas en la provisión de cargos de magistrado, así como los bloqueos y la tardanza en efectuar los respectivos nombramientos.
Pues la exmagistrada Margarita Cabello renunció a su cargo en la Corte para ser la ministra de Justicia del actual Gobierno. Y ahora se le da como segura candidata del presidente Duque para pasar a un organismo de control: la Procuraduría General de la Nación. ¿Qué opina al respecto?
No deseo opinar, porque es un asunto que desborda mis competencias y que podría constituirse en una indebida intromisión en otra rama del poder público, precisamente lo que he venido cuestionando.
Pero cuando usted propone “prohibir la utilización de la puerta giratoria para evitar que se use la administración de justicia como trampolín político” describe la conducta de la ministra Cabello. ¿Cierto o falso?
Cierto.
Próximamente la Corte Suprema tendrá que escoger a su candidato para la terna a procurador general, y ya suenan unos nombres “malucos”. ¿Cree, entonces, que habrá interferencia interna y externa?
A raíz de este confinamiento, generado por la pandemia, no tengo conocimiento.
O, ¿lo tienen tan aislado sus compañeros que no le permiten enterarse de nada?
Es posible que así sea.