Acuerdo agropecuario sobre lo fundamental
cialistas independientes, de las que solamente ha disentido el exministroMauricio Cárdenas, precandidato en la sombra a la Presidencia o a la Alcaldía de Bogotá, siempre en nombre del oportunismo.
Lo último que se sabe es que, como parte del botín, ahora el uribismo se apresta a tomarse por asalto la Procuraduría y la Defensoría del pueblo. Varios de los candidatos son furiosos uribistas impresentables. Wilson Ruiz, eterno aspirante a todo, ahora lograría que la Corte Suprema lo postule como su candidato a procurador, entidad donde ya estuvo en épocas de Ordóñez dejando dudas aun no resueltas. También Gregorio Eljach, el oscuro secretario del Senado quien ha estado detrás de varias decisiones ilegales, como la fallida objeción a la ley estatutaria de la JEP, cuyo úni
Abuelitos, no futuro
ADEMÁS DEL SIGNIFICATIVO RIESGO de una explosión de contagios de COVID-19 originado en las aglomeraciones y la inobservancia de los protocolos de salud en el pasado día sin IVA–una falla que podría corregirse con el uso masivo de compras digitales y la imposición de reglas estrictas sobre distancia social–, el mayor problema de este tipo de eventos es su irresponsabilidad fiscal.
Es escandaloso el hecho de que se regalen frívolamente cuantiosos recursos del IVA en un país que sufre de un dramático problema fiscal –un déficit del orden del 8% del PIB y una deuda pública del 65% del PIB –, el mismo que, según el ministro de Hacienda y numerosos economistas de todas las tendencias, exige que en 2021 se apruebe una reforma tributaria para asegurar la viabilidad financiera del Estado.
Los montos que dejaría de recaudar la Tesorería por concepto de los tres días sin IVA en este año pueden ascender a más de $3 billones, una suma parecida a la que se espera alcanzar por concepto del Impuesto al Patrimonio, y semejante a la que han producido algunas de las últimas reformas co mérito reside en permanecer arrodillado ante todos los gobiernos. Lo propio está por ocurrir en la Defensoría del Pueblo, donde pretenden improvisar como defensora de derechos humanos a la inefable Nancy Patricia Gutiérrez, célebre por todo lo contrario.
La arrogancia oficial ya se siente y nadie protesta. Muy pocos se atreven a enfrentarla, por ejemplo, la enhiesta alcaldesa Claudia López, quien ha confirmado su liderazgo y rectitud. Por eso no sorprenden actitudes como las del superintendente de Salud, quien llegó a Santa Marta atropellando para entregar un hospital como forma de pago de intercambios político.
A todo este estado de cosas decepcionantes ha contribuido la actitud silente y cómplice de algunos medios de comunicación, tributarias.
Aunque se aduce que esta medida tiene algún impacto positivo sobre el empleo, no se han presentado cifras que prueben este hecho y, por el contrario, existen buenas razones para pensar que esto no es así.
Es evidente, además, que el significativo sacrificio fiscal del gobierno es regresivo: beneficia a selectos grupos de consumidores que, en medio de una explosión de desempleo y de incremento de la pobreza, tienen los recursos suficientes para hacer compras de electrodomésticos y otros objetos de valor relativamente elevado.
En realidad, la dimensión de este problema supera el ámbito de los asuntos puramente fiscales y económicos. El hecho de que se hubiera propuesto y aprobado que no se cobrara el IVA en tres días revela una preocupante falta de conciencia de la dirigencia política sobre los problemas del país. En Colombia, donde el monto de convertidos en transmisores de las ilegales peroratas diarias de Duque por televisión, iguales a las de Cuba oVenezuela, o en repetidores de los boletines palaciegos.
Cuando logren todo esto Duque estará en el umbral de ser expresidente y nos habrá dejado en manos del partido único, manejado a fuetazos desde el Ubérrimo. Claro, antes habrá puesto todo al servicio de quien el presidente eterno designe como nuevo inquilino del solio de Bolívar, y para entonces regresarán como héroes personajes como la Caya Daza, y serán calumnias los hallazgos de la ñeñepolítica que estarán enterrados para siempre por la obsecuente fiscalía.
Adenda. Los cambios ministeriales que se anuncian confirman que siguen los mismos con las mismas. los recaudos tributarios es comparativamente bajo, del orden de apenas el 14 % del PIB, y los servicios estatales son precarios, es casi inconcebible que las mayorías del Congreso, con una medida de corte populista, tomen una decisión que debilita el Estado para obsequiar los escasos recursos fiscales a grupos de ingresos relativamente altos.
La idea de decretar algunos días sin IVA se originó en el Centro Democrático en las pasadas elecciones presidenciales, una iniciativa que, por fortuna, no se incorporó a la primera reforma tributaria del gobierno, la llamada Ley de Financiamiento. Pero, después de que la Corte Constitucional tumbó dicha Ley, la mala idea resucitó como una especie de mermelada para asegurar las mayorías necesarias para aprobar la que se llamó Ley de Crecimiento.
Lo peor es que, ya en medio de la gran crisis que vive el país a raíz de la pandemia, y a pesar de que se conoce la explosión del déficit fiscal, algunos de los promotores de los días sin IVAhan sugerido que esta medida debería extenderse a quince días por año, una receta segura para precipitar el colapso definitivo de las finanzas públicas.
El país solo podrá recuperarse de los daños de la pandemia si adelanta profundas reformas en materia fiscal, laboral y social, que eliminen distorsiones, beneficios injustificados, exenciones y obsequios como los de los días sin sensatez tributaria.
COMO EFECTOS DE LA CRISIS COVID ha surgido la necesidad de que los colombianos acordemos un nuevo contrato económico y social, y para eso es necesario llegar a acuerdos mínimos sobre temas fundamentales. Un excelente punto de partida son los acuerdos temáticos o sectoriales y el agropecuario puede ser el primer paso por su gran potencial para generar riqueza, empleo, divisas, mejoramiento ambiental e inclusión entre otras.
El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría ha venido en la tarea de trabajar una propuesta de acuerdo en el que participaron todas las líneas de pensamiento político, a fin de que fuera incluyente, tendiera puentes y tocara sin reserva los puntos más álgidos que están pendientes de ser resueltos. Esta propuesta es un excelente principio que, sin venir de los gremios, clase política, gobierno, academia, oposición, sí tiene en cuenta todos esos puntos de vista. El objetivo es que nadie se la apropie, pues tiene que ser el reflejo de todos.
Dicho acuerdo comienza enmarcado en las numerosas declaraciones de las Naciones Unidas sobre el derecho a la seguridad alimentaria, recoge los objetivos de desarrollo sostenible y propone que la Corte Constitucional recoja los artículos de la constitución y sentencias en lo que sería una “Constitución Agrícola”, como acertadamente y para facilidad de comprensión ha elaborado los conceptos de “Constitución Económica” y “Constitución Ambiental”.
El documento expone crudamente el contexto de nuestra agricultura, señala sus carencias, pero muestra el gigante potencial que tiene este sector. Como en cualquier actividad propone unos objetivos de política, subrayando que además de ser un asunto de interés nacional, debe convertirse en política de Estado. Recoge los puntos principales sobre el tema agrario contemplados en el acuerdo de paz, pero va más allá en sus propuestas de desarrollo, no solo de la economía campesina, sino de cultivos comerciales independientes de su tamaño. El documento es una partitura para el desarrollo del agro, que plantea la completitud de medidas, es claramente incluyente, favorece la equidad y promueve la concurrencia de acciones. Frente a los capítulos que se consideran fundamentales, se analiza la necesidad de una institucionalidad concertada, el favorecimiento de todo tipo de esquemas asociativos, la importancia de un esquema tributario tipo “flat tax” a largo plazo para todas las actividades, propone cambios en la legislación laboral que promuevan la formalización, establece la necesidad de créditos para productores primarios, acompañados de seguros y asistencia técnica, propende por el fortalecimiento de la formación para el trabajo, las medidas para lograr seguridad jurídica en el campo, impulsa al catastro multipropósito, los bienes públicos que habilitan el desarrollo, la comercialización, el enfoque territorial, la sostenibilidad, la ciencia y tecnología y finalmente le da un fuerte respaldo al debate y aprobación de la ley de tierras discutida en recientes legislaturas. ¿Será esta la oportunidad de empezar a ponernos de acuerdo?
‘‘ Los montos que dejaría de recaudar la Tesorería por concepto de los tres días sin IVA en este año pueden ascender a más de $3 billones”.