“Bogotá no está a la deriva”
Así responde la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a los cuestionamientos que le hicieron miembros del partido del gobierno Duque, adjudicándole la responsabilidad de los graves hechos que convulsionaron la ciudad entre el 9 y 10 de septiembre. Habla de
Usted aseguró que lo ocurrido la semana pasada es el hecho más grave que ha sucedido en materia de orden público en Bogotá después de la cruenta toma y retoma del Palacio de Justicia, en 1985. ¿Ratifica esa comparación y, con su ratificación, la gravedad de lo que pasó el 9 y 10 de septiembre?
El asesinato de Javier Ordóñez a manos de dos policías en un CAI desató una ola de indignación y violencia sin precedentes en Bogotá: 35 CAI fueron incendiados y otros 37, destruidos; 216 uniformados fueron heridos, entre ellos cuatro por arma de fuego, pero por fortuna ninguno falleció; nueve ciudadanos murieron por disparos, 305 resultaron heridos, 75 de los cuales fue por arma de fuego. Javier Ordóñez se convirtió en el George Floyd colombiano: produjo una reacción masiva de violencia y protestas por la sistemática ocurrencia e impunidad de episodios de abuso policial. Solo este año se han presentado 141 denuncias de abusos, pero la Policía apenas está investigando 38. El día en que se conoció el video de Javier, en el que se evidencia que dos uniformados lo redujeron con una taser y después se lo llevaron al CAI en donde murió, el hecho se encubrió cuando se informó que Javier “se había sentido mal en ese CAI”.
Belisario Bentancur era el presidente cuando sucedieron los gravísimos hechos del Palacio de Justicia, en 1985. Del presidente Betancur se ha dicho que dejó de ser el jefe de Estado entre el 6 y 7 noviembre de ese año porque el Ejército y la Policía asumieron el poder y las decisiones. ¿Se podría afirmar lo mismo de usted? ¿Fue desplazada en el manejo de la ciudad por la Policía?
En ese sentido, no son situaciones comparables. Estuve al lado del general Rodríguez, director (e) de la Policía Metropolitana, en el Puesto de Mando Unificado distrital (PMU) coordinando con el general Jorge Luis Vargas (director de Seguridad Ciudadana) y el ministro de Defensa, que estaban en el PMU nacional. Me consta que desde el lugar en que estábamos nadie dio orden de defender los CAIa sangre y fuego. Pero hay evidencia contundente de que decenas de miembros de la Policía, en más de 15 barrios, dispararon indiscriminadamente contra civiles y eso fue determinante para el brutal nivel de letalidad y para el número de heridos con arma de fuego que se presentaron. Por fuera del PMU estaban comandantes de estaciones y personal de los CAI. Debe investigarse si alguien les dio a ellos o estos impartieron esa orden osi fueunareacción de los policías en los barrios y bajo cuáles circunstancias ocurrió esa reacción.
Seguramente, la reacción al ataque y amenaza de destrucción de unos vándalos... Evidentemente nunca la Policía había sido atacada de manera tan agresiva y masiva.
Eso pudo llevar a algunos uniformados a reaccionar desproporcionadamente. Pero es urgente retirar del servicio a todos los policías sobre los que haya evidencias de que dispararon esa noche. No podemos tener en las calles a agentes armados y con uniforme que ya usaron sus armas, de manera indiscriminada, contra jóvenes y civiles.
Usted ha propuesto una reforma radical de la conformación del cuerpo policial del país convirtiéndolo en una fuerza realmente civil y no militarizada. A su petición se opone el presidente. Y el ministro de Defensa dejó claro que el uso de las armas policiales está reglado según la línea jerárquica del mando, lo cual la excluye a usted. Le insisto, ¿se siente todavía “la primera autoridad de Policía de la ciudad” o esta es letra muerta?
La semana pasada, decenas de policías desconocieron la Constitución, los protocolos de su institución y las instrucciones de la Alcaldía. Reconocerlo es necesario para corregirlo. Por eso deben retirarse del servicio. He estado al frente de los desafíos de mi ciudad. La noche de los disturbios no fui a dormir, sino que presidí el PMU. No me fui a descansar, sino a recorrer hospitales, a escuchar a los policías, a los heridos y a sus familiares. Por eso pudimos documentar, en 48 horas, 119 denuncias. Reitero: las entregamos al presidente y los organismos de control y estamos prestando asistencia psicosocial y judicial a las víctimas. Además, reorganizamos el servicio de Policía para garantizar seguridad y convivencia barrial, a la par que reconstruimos los 72 CAI destruidos por los vándalos. Bogotá no está a la deriva ni se quedará sumida en la desesperanza. Bogotá nunca le ha fallado a la paz, mucho menos le fallará a su propia reconciliación urbana. En cuanto a la primera parte de su pregunta, la Policía necesita reformarse. Necesita mejorar su selección, su formación, su supervisión y control, y el bienestar de los policías. Necesita menos militarismo y más civilidad. Eso no tiene nada de radical: es una obviedad.
No parece creíble que los policías reaccionaran usando sus armas contra la gente, abiertamente y a descubierto, por voluntad individual, pero coincidente entre unos y otros, en barrios diferentes. ¿Qué piensa usted que lo vio al lado de unos oficiales?
Los dos hechos, el ataque por vándalos a la Policía, así como el uso indiscriminado de armas de fuego por algunos miembros de esa institución, son muy graves y vamos a garantizar que, en ambos, haya verdad y justicia. No obstante, en cualquier democracia, el segundo caso no solo es grave, sino que además amenaza la existencia misma del Estado de derecho. Los ciudadanos solo le confieren el monopolio del uso legítimo de la fuerza al Estado si tienen la garantía de que se usará para protegerlos, no para agredirlos. Si esta garantía se incumple, se derrumba el propio Estado y el orden democrático.
Los videos de policías disparando son aterradores. ¿Es cierto que usted estaba presenciando esos ataques? Si lo es, ¿qué hizo y cuáles órdenes dio? ¿Fue desobedecida? Pregunto porque los generales Rodríguez y Vargas aseguraron, en plenaria de Senado, que usted nunca ordenó frenar a los agentes.
Las imágenes de que usted habla, y que grabó y publicó la ciudadanía en redes, son realmente aterradoras. Pero nosotros no las veíamos con las cámaras del C4 (Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo) ni con las del PMU que estaban enfocadas en los CAI, las estaciones, los portales y los patios de Transmilenio. Salí del PMU hacia la una de la mañana del 10 de septiembre con el reporte de tres personas fallecidas durante los disturbios, de las cuales una era la señora María del Carmen, atropellada por vándalos que se tomaron un bus del SITP. Me fui para la Alcaldía y allí hicimos un barrido de redes sociales y de lo reportado por el Centro Regulador de Urgencias de la red hospitalaria. Lo que evidenciamos en esos momentos fue espantoso. Por eso fui yo quien, a primera hora del jueves, denunció que miembros de la Policía habían disparado contra la gente. Nos dedicamos a buscar a las víctimas y a recoger sus testimonios. El mismo viernes entregamos las denuncias al procurador y al presidente.
Es decir, ¿las cámaras de la Policía no tenían imagen de lo que pasaba en las calles? De todos modos, la situación en los CAI y en algunas estaciones también era caótica...
No hay pantallas para visualizar, al tiempo, lo que muestran las 4.900 cámaras instaladas en la ciudad. ElC4apenas ve una parte. De manera que era imposible saber todo lo que estaba ocurriendo en tiempo real. Con el paso de los días hemos ido haciendo un barrido tanto de las imágenes de las cámaras oficiales de la Alcaldía como las de las redes sociales. Con base en ese material entregamos la hora y media de grabaciones al presidente y a los organismos de control. En todo caso, la Procuraduría y la Fiscalía analizarán, minuto a minuto, la totalidad de lo captado por las cámaras.
Como decía antes, el presidente, el ministro de Defensa y los mandos de la Policía han hecho marcado énfasis en que lo que sucedió fue un ataque coordinado contra la propia Policía. El ministro ratificó esta versión en plenaria. ¿Usted conoce pruebas de que tal ataque provino del Eln o de las disidencias, y de que esos grupos podrían dominar el orden público en la capital del país?
El Gobierno Nacional está acudiendo a la manida estrategia de “guerrillerizar” el tema para minimizar la gravedad del sistemático abuso policial y no corregirlo. Durante estos nueve meses (de la actual alcaldía) los organismos de inteligencia y delegados del Gobierno central que acuden semanalmente a los consejos de seguridad de Bogotá nunca informaron que hubiera evidencia de que el Eln iba a tomarse los CAI o a que iba a iniciar un ataque masivo contra Bogotá. O el Gobierno Nacional ha ocultado información crucial para la seguridad de la ciudad o la sacan de la manga para desviar la atención. Lo que sí es cierto esquecapturamos a seis infiltrados de disidencias de las Farc que promovían vandalismo. No hay nada comprobado todavía sobre el Eln. Lo que también sabemos es que hay grupos barriales radicales que organizan actos vandálicos. Estamos avanzando en su investigación y judicialización.
Pero, ¿esos grupos barriales, entonces, sí fueron los responsables de los ataques a los CAI? Y, en ese caso, ¿cómo se explicarían los ataques simultáneos o previos de los policías a los civiles?
Esos grupos barriales radicales, en efecto, coordinaron actos de vandalismo contra los CAI la semana pasada. Pero de este hecho no se puede concluir que en Bogotá hubo una toma guerrillera. Hubo un estallido social y violento porque dos policías asesinaron a un ciudadano en un CAI y porque hay decenas de denuncias de corrupción y abuso policial que quedan impunes, como ha pasado hasta ahora con el caso de Dilan Cruz y muchos más. En vez de desviar la atención de esta delicada situación, el presidente debe corregir el problema estructural de abuso policial e impunidad en el interior de esa institución.
El director (e) nacional de la Policía, general Gustavo Moreno, también ratificó el argumento de que no ocurrió un ataque de policías contra civiles, sino de civiles contra la Policía. ¿Cuál es su comentario al respecto?
Se les da vuelta, burdamente, a los hechos. En cambio, la cantidad de casos que quedan en la absoluta impunidad, de corrupción y abuso policial, es sistemática, especialmente contra los jóvenes y las personas trans. Nunca se sabe cuál es el caso que va a desatar la indignación y protesta violenta. En Estados Unidos fue el de George Floyd que dejó en cenizas la central de Policía de Minéapolis, e incendios y disturbios en más de 100 ciudades. Y allá no hay Eln. Lo que sí hay es el mismo cúmulo de injusticia y tensión. El caso de Javier Ordóñez detonó hechos similares en Bogotá. Si el presidente no reconoce las frustraciones y dolores de los jóvenes, la tensión social acumulada y disparada por la crisis económica derivada de la pandemia, ni la profunda impunidad en el interior de la Policía, no tomará las medidas correctas.
¿Sus relaciones con el Gobierno Nacional están rotas? Es obvio que las posiciones de la alcaldesa de Bogotá y del presidente Duque son distantes, casi agresivas...
Mi ruptura es con el abuso policial. De mi parte nunca habrá ni desconocimiento de la labor que hace la Policía ni una gota de encubrimiento ni minimización de los reiterados casos de abuso e impunidad. La relación de la Alcaldía con el Gobierno Nacional siempre ha sido institucional y así se mantendrá.