Patrulleros, a prisión por caso Ordóñez
Juan Camilo Lloreda y Harby Rodríguez, investigados por la muerte de Javier Ordóñez, enfrentarán el proceso desde prisión. La decisión fue de la jueza de control de garantías.
La jueza 29 de control de garantías acogió la mayoría de argumentos de la Fiscalía y envió a los patrulleros Juan Camilo Lloreda y Harby Rodríguez a la cárcel mientras sigue la investigación por la muerte de Javier Ordóñez. La defensa de Rodríguez apeló y el Consejo Superior de la Judicatura definirá si el caso pasa o no a la justicia penal militar.
La investigación por la muerte de Javier Ordóñez, ocurrida el pasado 9 de septiembre en el noroccidente de Bogotá, ya tiene su primera decisión después de varias audiencias que se llevaron a cabo de forma virtual durante el fin de semana. El viernes se legalizó la captura de los patrulleros de la PolicíaHarby DamiánRodríguez y Juan Camilo Lloreda, y el sábado la Fiscalía les imputó cargos por homicidio agravado y tortura agravada. Ayer, tras una larga disertación entre las partes para definir la solicitud de medida de aseguramiento, la jueza 29 de control de garantías tomó la decisión de enviar a los dos imputados, de manera preventiva, al centro de reclusión de la Policía Nacional en Facatativá.
La decisión implica que los dos involucrados en la muerte de Ordóñez permanecerán en la cárcel mientras se adelanta la investigación de los hechos. No obstante, la investigación todavía podría pasar a la justicia penal militar, trámite en el que insistirán los abogados de los policías retirados.
De igual forma, John Olmos, abogado de Harby Rodríguez, apeló la decisión de la jueza de no acceder a su petición de que se les emitiera la medida de detención domiciliaria. Al respecto dio varios argumentos que fueron desde que el implicado fue retirado de la institución y no representa un peligro para la comunidad, hasta que la jueza ordenó la detención de los imputados para quedar bien ante la opinión pública. También aseguró que hubo “presión mediática” para tomar dicha decisión y recurrió al derecho a la unidad familiar de Rodríguez y a explicar la situación de hacinamiento carcelario en el país.
LaFiscalía, por su parte, presentó recurso de reposición respecto al sitio de reclusión en Facatativá, argumentando que puede ser muy laxo el control y los desplazamientos de los imputados. En eso coincidió el abogado de la familia Ordóñez, Vadith Gómez, quien apoyó la petición de enviarlos al patio de servidores públicos de La Picota, pues considera que allí se puede garantizar la seguridad de los imputados.
“Estamos frente a delitos que se están adelantando en la justicia ordinaria, no veo por qué los imputados sean recluidos en este establecimiento carcelario si, como la ha manifestado el fiscal, en Facatativá tienen acceso muchos familiares y hay riesgo en esta investigación. Y en cuanto a la apelación, quedó demostrado el peligro para la comunidad”, argumentó el defensor de las víctimas.
La audiencia
La audiencia arrancó con la defensa de los dos patrulleros insistiendo en que las diligencias del caso deben ser reservadas para así proteger los derechos de los presuntos victimarios de Ordóñez. La jueza accedió el sábado e impuso esa reserva, pero un grupo de periodistas interpuso un derecho de petición con el que lograron levantarla, así que la jueza rechazó esa petición y la audiencia fue pública.
Según los abogados Jhon Olmos y Marino Moreno, que defienden respectivamente a Rodríguez y Lloreda, recibieron amenazas por redes sociales porque sus nombres y direcciones habían salido en las transmisiones que hicieron los medios de comunicación, pero la togada les indicó que debían denunciar esos hostigamientos en la Fiscalía, no ante una jueza.
Luego de denegar la petición, la jueza procedió a relatar los hechos que rodearon la muerte. Según los exámenes forenses, se trató de un homicidio violento, causado por varios golpes recibidos que le dejaron lesiones internas y externas, por lo que acogió los argumentos del fiscal del caso, quien basado en los reportes de Medicina Legal aseguró que hubo múltiples lesiones y tratos crueles e inhumanos que le causaron mucho dolor y luego la muerte a Ordóñez.
La jueza se refirió a la solicitud de la Fiscalía de enviar a los uniformados a una cárcel de forma preventiva para evitar obstrucción de la justicia, proteger a la comunidad y garantizar la comparecencia de los imputados al proceso. En su narración indicó que se evidencia que los dos patrulleros son personas preparadas para procedimientos policiales, y que utilizaron todo ese poder, “pero no para proteger a la comunidad”.
La jueza acreditó dos de las peticiones: obstrucción de la investigación y protección a la comunidad. “Debieron comportarse de forma diferente para evitar las graves consecuencias de la conducta: además de los delitos en que habrían incurrido los uniformados retirados, los graves disturbios en Bogotá durante esa noche”, manifestó. Tras exponer los argumentos de las partes y los conceptos del Ministerio Público, decidió enviar a los implicados a la cárcel, pero acogiendo la solicitud de la defensa de enviarlos al centro de reclusión de la Policía en Facatativá.
Para la Fiscalía, que se pronunció luego de la decisión de la jueza, el material probatorio y los testimonios dan cuenta de que Rodríguez y Lloreda realizaron un procedimiento policial que, al parecer, junto con otras actuaciones desencadenaron en la muerte de Ordóñez.
Tras esta primera gran decisión en el caso, ahora viene la puja porque se quede en la justicia ordinaria o pase a la justicia penal militar. Eso lo determinará la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, tras escuchar los argumento de ambas partes del proceso. Para los defensores de los patrulleros retirados debería ir a la justicia militar, ya que fue un acto de servicio, mientras que para la defensa de las víctimas el caso es competencia de la justicia ordinaria, pues “la tortura no es competencia de esta justicia”.
›› A Harby Rodrígurez y Juan Camilo Lloreda les imputaron los delitos de homicidio y tortura agravados, cargos que no aceptaron.