“Fracking”: la estrategia del Gobierno contra prueba clave
Ante dos informes presentados por la Universidad Nacional, pedidos por el alto tribunal, el Gobierno respondió con seis peritajes propios. El dilema es si podrán ser tenidos en cuenta en el expediente.
El proceso judicial que definirá si el frackingse podrá hacer o no en Colombia para extraer hidrocarburos en yacimientos no convencionales, que avanza en el Consejo de Estado, se concentra en la legalidad de una de sus pruebas claves. Se trata de un dictamen solicitado de oficio a la Universidad Nacional para que expertos respondieran siete grandes preguntas alrededor de la cuestionada técnica, que está suspendida a instancias de este caso. El resultado quedó consignado en dos documentos que tienen conclusiones diferentes sobre si esposible o no mitigar los riesgos que genera la técnica, que fueron presentados en audiencia pública.
Aunque la diligencia no ha terminado, el Gobierno llegó a ella con una estrategia lista para controvertir los documentos: presentó su propio dictamen, elaborado por seis expertos y, luego, de manera separada, Ecopetrol, el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Hidrocarburos presentaron una “objeción por error grave” contra el dictamen de la UniversidadNacional, pidiendo que no sea tenido en cuenta por el Consejo de Estado porque no es un solo documento, sino dos, con exposiciones diferentes. Se trata de un documento de 460 páginas elaborado por seis profesionales (dos politólogos, una licenciada química, una médica, un geólogo y un ingeniero civil). Y otro de 177 páginas de dos ingenieros de petróleos y un geólogo.
Los informes respondieron preguntas sobre los riesgos potenciales que tiene la técnica, el debate a nivel científico, los posibles beneficios y riesgos de usarla a nivel económico y social, y sus impactos en materia de servicios públicos y recursos naturales, entre otros. Aunque ambos documentos coinciden en exponer que la regulación colombiana no contempla los riesgos asociados con el fracking, difieren en si se pueden mitigar o no. El informe mayoritario afirma que “no es posible regular y vigilar adecuadamente una técnica que involucra tantas incertidumbres a corto plazo y aún más grave, a largo plazo, incluso después de que lascompañías abandonen las áreas de exploración y explotación”.
El otro documento, elmáscorto, expone igualmente los riesgos, pero considera que las normas que revisa el Consejo de Estado sí buscan mitigar los riesgos de contaminación de las fuentes hídricas o los asociados con la sismicidad inducida, aunque dejan por fuera aspectos claves, por lo que una adecuada reglamentación necesitaría un trabajo mancomunado. El texto dice que el rol de la ingeniería es garantizar que los riesgos sean manejables, por lo que propusieron incluso la creación de un organismo estatal que tenga bajo su responsabilidad todo el tema de hidrocarburos.
En recursos conocidos por El Espectador, la ANH, Ecopetrol y el Ministerio de Minas aseguraron que esos informes, por ser dos textos separados, no pueden considerarse como el dictamen pericial de la Universidad Nacional ni como prueba en el expediente. Y objetaronel primero de ellos por no contar con expertos en ingeniería de petróleos, por ejemplo. El Ministerio aseguró que, producto de esa “indebida conformación” de los expertos que rindieron el informe, se habría generado una confusión entre los alcances de la técnica de fracking al denominarse así a las operaciones en yacimientos no convencionales, pero en fracturamiento vertical y no horizontal (que sí es fracking), entre otros.
Las objeciones de la ANH aseguranque solo el documento presentado por tres peritos abordó las preguntas que hizo el Consejo de Estado desde el conocimiento específico de la industria y afirma que la Universidad Nacional no debió ser la llamada a presentar el informe porque, supuestamente, uno de sus grupos de estudio había apoyado a la parte demandante. Para la agencia, además de supuestas confusiones en la definición de la técnica, el dictamen mayoritario está lleno de contradicciones.
Las objeciones quedaron en manos del magistrado Ramiro Pazos, quien lleva este expediente y quien el pasado 14 de agosto dio validez a que el dictamen que solicitó estuviera compuesto por dos informes diferentes, ya que, según lo manifestado por los expertos, “no fue posible entre ellos -desde sus respectivas ópticas profesionales- llegar a un acuerdo unánime sobre las diversas materias sobre la cuales se les pidió su concepto, de ahí que optaran por allegar dos documentos distintos”.
Para abogados de la Alianza Colombia Libre de Fracking, las objeciones a este dictamen sí proceden, por lo que el despacho del magistrado Pazos deberá resolver sobre ellas. No obstante, en su criterio, no es procedente la petición que hizo el Ministerio de Minas, en conjunto con Ecopetrol, de que sean incorporados como prueba a estas alturas del proceso, el contradictamen con el que llegaron a la audiencia de la semana pasada. Se trata de informes separados elaborados por el médico Diego Andrés Rosselli, el economista Andrés Escobar, el geólogo José María Jaramillo, el ingeniero sanitario Darío Naranjo Fernández y la licenciada química Yurani Carvajalino.
Los documentos tienen estructuras diferentes, pero, en general, responden a las preguntas iniciales que realizó el Consejo de Estado a la Universidad Nacional. Y luego, algunos, añaden respuestas a contrapreguntas hechas a cada perito por Ecopetrol. Así, por ejemplo, el informe presentado por DaríoNaranjo Fernández está encabezado como una “asesoría para Ecopetrol”, está fechado el pasado 16 de septiembre y dice que se trata de una asesoría que se basa “en la revisión y análisis de información técnica, científica y normativa, citada y referenciada en los contenidos, y presenta las respuestas a un conjunto de contrapreguntas asignadas como experto sanitario por Ecopetrol”.
En el mismo quedaron detalladas las contrapreguntas que Ecopetrol le hizo al perito como, por ejemplo, si los riesgos asociados con el fracking son inherentes al desarrollo de otra actividad industrial distinta, cuáles son los riesgos diferenciados entre actividades convencionales y las no convencionales y las diferencias entre riesgos e impactos ambientales, así como preguntas sobre la evolución de la reutilización de fluidos en los yacimientos no convencionales, las rutas de migración del fluido de retorno, entre otras. Por ahora, el Consejo de Estado deberá programar la continuación de la audiencia en la que se están presentando los informes de la universidad, para luego decidir si toma o no como prueba estos peritajes.
›› El Consejo de Estado deberá analizar si admite como prueba los peritajes que aportó al expediente el Gobierno.