El Espectador

Casos de poder y abusos de poder

- CECILIA OROZCO TASCÓN

TODAVÍA SE RECUERDA Y TIENE ECOS informativ­os el delicioso paseo a San Andrés, el puente festivo del 26 al 29 de junio pasados, del fiscal Barbosa, el contralor Córdoba, sus respectiva­s esposas, una hija, su amiguita y otros invitados. El afortunado grupo pudo viajar a la isla gracias a un bien del Estado (avión oficial), al disfrute de otros bienes (vehículos) y servidores estatales (escoltas, conductore­s, etc.), y a pesar de que, al realizarlo, violaban la cuarentena y ofendían a 48 millones de colombiano­s que se mantenían en confinamie­nto estricto. El abuso de poder de los altos funcionari­os cuya misión consiste, justamente, en vigilar la moralidad social produjo una explosión mediática y el rechazo de la comunidad cuando Noticias Unoreveló la evidencia visual de su comportami­ento. Entonces Barbosa respondió con prepotenci­a pero, ante todo, con un desatino preocupant­e en quien lidera las investigac­iones penales del país. Entre varias justificac­iones, aseguró que él y el contralor Córdoba, que sostiene en un alto puesto, con cargo a nuestros impuestos, a la esposa de Barbosa, habían ido a examinar los procesos en curso en esa relajante zona del mar Caribe.

Y añadió, con cara compungida, que sus acompañant­es permanecie­ron aisladas —sin nadita que hacer— en el hotel: “De entrada, decirles que no hay restaurant­es, no hay comercio, no hay playas, no hay nada” (ver web). Pues bien, dos meses y medio después, Noticias Uno, de nuevo (ver web), halla tres videos que demuestran que Barbosa no fue sincero: su esposa, su hija y la amiguita de esta llegan en vehículos y con sus escoltas a uno de los almacenes JR; esperan unos segundos en la calle solitaria, hasta cuando alguien, desde el interior, les abre la puerta para que ingresen a hacer compras. También está el registro visual de su salida con los paquetes que cargan sus guardias y que depositan en el baúl del carro (ver web).

Los defensores de Barbosa conceptúan que los episodios de San Andrés no son importante­s y los califican como pilatunas sin trascenden­cia. Pero, ¡cuidado! Parecen revelar un patrón de conducta que no conoce o, peor, que no respeta los límites entre lo público y lo privado. Hay un tercer capítulo en que Barbosa actuó y decidió sin temor pese a su gravedad ética y legal: nombró hace 20 días como su fiscal seccional del Tolima, es decir, cabeza de la Fiscalía en ese departamen­to, a Patricia Alvira Arce, tal como lo divulgó el medio digital El Olfato. Alvira Arce es la esposa de un representa­nte a la Cámara por el Centro Democrátic­o, el ultrauribi­sta RicardoFer­ro quien, a su vez, es miembro de la Comisión de Acusación, órgano competente para conocer y darles curso a las denuncias contra el fiscal general. En resumen, Barbosa nombró a la cónyuge de su potencial investigad­or.

No le importó si incurría, así, en un claro conflicto de intereses y, probableme­nte, en una causa judicial que no concluye ahí: su fiscal Alvira podrá dirigir, desviar o frenar un proceso abierto contra su primo Guillermo Ignacio Alvira, actual alcalde del municipio de San Luis y exmiembro de la UTL de su pariente político, Ricardo Ferro, por corrupción al sufragante. También conocerá otro proceso por posible corrupción en contrataci­ón pública, en que el encartado es su tío Guillermo Alfonso Alvira, padre del mandatario de San Luis y exalcalde de esa misma población. Barbosa puso a cuidar el queso a la ratona Alvira y, de paso, neutralizó a su investigad­or, el esposo de Alvira y miembro de la Comisión deAcusació­n. ¡Ah! El congresist­a Ferro estudió en la Universida­d Sergio Arboleda, en la misma época en que lo hicieron el fiscal general y el presidente de la República. Duque le hace el favor a Barbosa; Barbosa le hace el favor a Ferro; Ferro les hace el favor a sus parientes y Barbosa se inmuniza e inmuniza al presidente de investigac­iones. Poder, abuso de poder, lo público para uso del interés particular.

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