Escazú: ¿una polarización necesaria?
LA DISCUSIÓN EN EL CONGRESO SObre la ratificación delAcuerdo de Escazú ha generado un debate mucho mayor de lo esperado. Incluso ha alineado al partido de gobierno en contra del mismo Gobierno. Con llamado de urgencia, el presidente envió el proyecto para aprobación del Congreso hace dos meses y el Centro Democrático está en plena oposición.
El compromiso, como lo dice su título, es un “acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe”. En palabras de António Guterres (Naciones Unidas), “el Acuerdo establece estándares regionales, promueve la creación de capacidades, sienta las bases de una estructura institucional de apoyo y ofrece herramientas para mejorar la formulación de políticas y la toma de decisiones. Ante todo, este tratado tiene por objeto luchar contra la desigualdad y la discriminación”.
Si bien es cierto que Colombia ha avanzado en su legislación sobre algunos estándares del Acuerdo de Escazú, el énfasis de este tratado no es solo la consagración de los tres derechos fundamentales contenidos en él, sino el fortalecimiento de capacidades y la implementación plena y efectiva de los mismos. De allí que afirmar que lo que el Acuerdocontiene ya está todo en la legislación colombiana está lejos de la realidad.
La OCDE señala la importancia de promover la democracia ambiental y la necesidad de mejorar la participación pública en la toma de decisiones, y de manera reiterativa demuestra que la legislación ambiental en Colombia es buena y compleja, y que su debilidad no está en el contenido sino en su aplicación.
El caso no es exclusivo de Colombia, pues toda la región debe mejorar. Naciones Unidas en su informe “Estado de derecho ambiental: primer informe mundial” (enero, 2019) dice: “La primera evaluación global del estado de derecho ambiental encuentra que la aplicación débil es una tendencia global que está exacerbando las amenazas ambientales, a pesar del crecimiento prolífico de las leyes y agencias ambientales en todo el mundo durante las últimas cuatro décadas”.
El debate en el Congreso muestra gran prevención por parte de algunos gremios económicos. Prevención que considero carece de fundamento, pues Escazú busca instrumentalizar recomendaciones de la Conferencia de las NacionesUnidas sobre desarrollo sostenible (Río+20). En el Congreso, tanto defensores como contradictores coinciden en manifestar su firme compromiso con la garantía de los derechos humanos y la protección del medio ambiente. Si así es, ¿por qué tan férrea oposición?
Ratificar elAcuerdo significa apoyointernacional para mejorar la aplicación de la legislación, mayor transparencia y protección de los líderes ambientales. La seguridad jurídica y la confianza en las instituciones públicas son cruciales para el desarrollo sostenible. No queda claro el temor de algunos políticos y gremios a que las leyes se cumplan. Adicionalmente, recordemos que en el marco de las “conversaciones nacionales”, el presidente Duque se comprometió a ratificar el Acuerdo de Escazú, y todo el país, incluidos los movimientos sociales, está atento a que cumpla su palabra.
Imprecisión 1: Mera dice que Sebastián de Belalcázar nació en un pueblo perdido de Córdoba. Se trata de una alusión incorrecta si tenemos en cuenta que nació en un pueblo castellano (después extremeño y luego andaluz) que se había llamado Gahet (o Gahete), que fuera conquistado a los árabes por Juan II de Castilla (padre de Isabel la Católica) en 1431. Gahete pasó a ser Condado de Belalcázar con Enrique IV, en 1466, 14 años antes del nacimiento del irascible Sebastián que mató de un garrotazo a un asno reticente (como casi todos), evento que la leyenda negra ha convertido en el asesinato de su hermano menor...
Imprecisión 2: Aura Lucía dice que “el poeta Valencia quiso erigir una estatua en honor del cacique, pero en disputas políticas en 1940 se destruyó la cúspide de la pirámide para poner la estatua de Sebastián Moyano, alias Belalcázar”. La escritora y periodista caleña asume, pues, la versión de los Hunos (expresión polisémica de D. Miguel de Unamuno). Se admite la versión contraria, que atribuyo a los Hotros, porque no está documentada la posición del poeta y político conservador en la controversia patoja (con cariño) sobre la ubicación de la estatua. Imprecisión 3: Aura Lucía dice que la estatua fue “derribada a soga limpia hace pocos días por la etnia misak, descendientes puros del cacique Pubén y verdaderos herederos del cerro”. Bastaría comparar los rasgos faciales de Mercedes Tunubalá con algunas de mis queridas familiares de Tunía para advertir que la pureza de los misak no es tan pura porque podría tener algo o mucho de los blancos (e incluso rubios o monos) caucanos y viceversa. Igualmente, es necesario y conveniente precisar que los misak no son los verdaderos herederos del Morro de Tulcán. Son verdaderos pero no son los únicos. Los verdaderos somos todas/os las/os hijas/os del mestizaje iniciado a lo bestia por Moyano/Belalcázar y sus hombres en 1537. Mestizaje que sigue siendo despreciado, negado u olvidado por los Hunos y por los Hotros. Teniendo en cuenta que el próximo año se cumplirán 170 años de la fundación de Tunía, sugiero que al festejo principal se invite a la alcaldesa de Silvia y se le declare hija adoptiva del pueblo, con el apellido honorífico de Tuniabalá, una pequeña variación de su apellido indígena Tunubalá, en homenaje al fértil, honroso y promisorio mestizaje que se inició en esas tierras hace 483 años.
Gustavo Adolfo Vivas Rebolledo. Valencia (España)
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