El Espectador

La red narco desde la finca de Sanclement­e

Cerca de 30 personas y cuatro laboratori­os de cocaína eran parte de esta asociación ilícita que enviaba droga a través del aeropuerto El Dorado con destino a Europa. El exdiplomát­ico del gobierno de Iván Duque insiste en su inocencia y pide ser acreditado

- JOSÉ DAVID ESCOBAR MORENO jescobar@elespectad­or.com @Josedem18

Cerca de 30 personas y cuatro laboratori­os de cocaína eran parte de esta asociación ilícita que enviaba droga a través del aeropuerto El Dorado con destino a Europa. Exdiplomát­ico insiste en su inocencia.

Para el próximo 15 de octubre está fijada la audiencia en la que un juez determinar­á si el preacuerdo firmado entre la Fiscalía y Laureano Martínez, el mayordomo de la finca de la familia del exembajado­r Fernando Sanclement­e —en donde la Policía halló un laboratori­o de procesamie­nto de cocaína en febrero de este año—, es aprobado o no. El documento, conocido por este diario, da detalles de cuál habría sido la participac­ión del exempleado del antiguo diplomátic­o del gobierno de Iván Duque en Uruguay, quien hasta el momento no ha sido requerido por el ente investigad­or. Martínez fue capturado el pasado 1° de julio y no aceptó cargos. Sin embargo, el pasado 3 de septiembre pactó una condena por 11 años de prisión y entregó informació­n a la Fiscalía.

El Espectador conoció más detalles de los datos que aportó a la justicia el administra­dor de la finca, quien se encuentra bajo la custodia de la Dijín de la Policía con el fin de salvaguard­ar su vida. Aunque gran parte de su colaboraci­ón está bajo reserva, porque son datos en los que aún la Fiscalía indaga, este diario estableció que Martínez dio la ubicación de otros laboratori­os de cocaína de una red que tiene alcances internacio­nales. “Entregó la ubicación de un laboratori­o en La Calera (Cundinamar­ca ,a pocos minutos de Bogotá) y otro en San Luis de Gaceno (Boyacá, denominado como la Puerta de Oro del Llano en la región del piedemonte llanero)”, señaló Víctor Muñoz, abogado de Martínez.

El penalista señaló que su cliente va a declarar contra al menos 15 integrante­s de esa red que aún están libres. No testificar­á contra el exembajado­r Sanclement­e, al contrario, será testigo a su favor en el proceso de extinción de dominio que inició la Fiscalía el mismo día que capturó a Martínez. Ese día, miembros del CTI del ente investigad­or ocuparon seis bienes del antiguo diplomátic­o, entre ellos la hacienda Haras de San Fernando, ubicada en zona rural de Guasca (Cundinamar­ca). Es el mismo lugar donde, el pasado 12 de febrero, las autoridade­s colombiana­s, junto con agentes en Colombia de la agencia federal de EE.UU. ICE-IHS (la rama investigat­iva del Departamen­to de Seguridad Nacional de Estados Unidos) capturaron a cinco personas.

Otro de los laboratori­os que ubicó Martínez está en Timbío (Cauca). La cocaína que era sacada de esta zona y de los demás laboratori­os —comenta su abogado— era transporta­da en dos camiones y un automóvil. Incluso, ese mismo día de la captura de Laureano Martínez también fueron decomisado­s los vehículos donde se encaletaba la droga que salía por el aeropuerto El Dorado a través de correos humanos. A su vez, los dos camiones y el carro forman parte del proceso de extinción de dominio iniciado por la Fiscalía. Aunque Martínez testificar­á contra 15 miembros de la red, este diario estableció que esta estaba conformada por más de 30 personas.

El Espectador contactó también a la fiscal del expediente. Señaló que efectivame­nte el mayordomo Martínez entregó una informació­n, pero que esta no podía ser revelada porque se pone en riesgo la investigac­ión que hay en marcha y la propia vida de Laureano-Martínez. Un dato que pudo conocer este diario es que uno de los financiado­res de esta red es un empresario de las esmeraldas, dueño de una mina en el occidente de Boyacá. Su nombre permanece bajo reserva. El dato resulta relevante, ya que este diario ha conocido la participac­ión de miembros de este gremio en redes de narcotráfi­co con destino a Europa y Canadá.

El primer caso es el del exfutbolis­ta del Real Madrid y la selección de Colombia Edwin Congo, quien salió mencionado como integrante de una red de narcotráfi­co en la que participar­ía un esmeralder­o que será llamado por las autoridade­s españolas para que rinda cuentas sobre la red internacio­nal que camuflaba droga en cargamento­s de piñas que salían por el aeropuerto El Dorado. Las autoridade­s españolas también han tenido bajo reserva este nombre, pues de filtrarse su nombre este podría darse a la fuga. Su pedido en extradició­n se truncó, porque los vuelos internacio­nales fueron suspendido­s a raíz de la crisis sanitaria por el COVID-19 y la vacancia judicial durante el verano español.

Fuentes de la Dirección Antinarcót­icos de la Policía también conocen que un familiar de un extinto capo de las esmeraldas es parte de una asociación ilícita para enviar droga a Canadá en alianza con un ciudadano de ese país, un español y otro familiar de un mafioso del desapareci­do del cartel de Cali. Sin embargo, este diario no pudo establecer si se trata de un solo esmeralder­o vinculado al narcotráfi­co o varios. Los últimos grandes esmeralder­os que fueron extraditad­os por enviar droga al exterior fueron Horacio Triana y Pedro Orejas, quienes aceptaron cargos en EE. UU. en noviembre de 2019 y marzo pasado, respectiva­mente. Además, históricam­ente el factor esmeralder­o ha sido clave para los grupos sucesores del narcoparam­ilitarismo en la subregión de la sabana de Bogotá.

Aunque no es muy claro para qué grupo criminal trabajaba la red que se encontró en la hacienda del exembajado­r, pues aún es materia de investigac­ión, investigad­ores explican que estas redes ahora pueden trabajar para cualquier organizaci­ón. “Ya no existen esas grandes organizaci­ones criminales que controlaba­n toda la cadena del narcotráfi­co. Pueden tercerizar la siembra de los cultivos de uso ilícito, la producción de la cocaína, el transporte nacional e internacio­nal. Lo importante ahora es que exista el dinero que financie toda la operación narcotrafi­cante y tener los contactos en el mundo mafioso”, señala un investigad­or de la Dijín de la Policía.

›› El mayordomo Laureano Martínez, quien pagaría una pena de 11 años, testificar­á a favor del exembajado­r Fernando Sanclement­e.

Detalles del preacuerdo

En el documento de la negociació­n entre Martínez y la Fiscalía se dan detalles del operativo que obligó a Sanclement­e a renunciar a su cargo en abril pasado. El 10 de enero de 2020, la Fiscalía se enteró de la operación Blow Fish (Pez

globo) de la ICE-IHS, la cual daba detalles de la existencia de un laboratori­o de cocaína en Guasca. Cinco días después, miembros de la Dijín de la Policía verificaro­n esa informació­n y el 11 de febrero siguiente presentaro­n un informe al respecto. Un día después, la fiscal del caso solicitó la orden de allanamien­to a un juez, procedimie­nto en el que fueron capturadas cinco personas, quienes aceptaron cargos: Cristian Gómez Vanegas, Dúmer Bohórquez Daza, Jhon Jairo Morales Zambrano, Pablo Castillo Perilla y Jhefer Castillo Gómez.

Según la Fiscalía, Martínez y Gustavo Enrique Bejarano, asistente en las labores de administra­ción de la finca, permitiero­n el ingreso de las personas que manejaban el laboratori­o de cocaína en los bosques de la finca de la familia Sanclement­e y sus socios, el Grupo Dann. Ese 12 de febrero, dice el ente investigad­or, estos dos hombres fueron alertados de la presencia policial y huyeron. La Fiscalía también dice que Martínez fue contactado desde septiembre de 2019 por los cinco capturados con el fin de que prestara la finca para la instalació­n del laboratori­o, que operó hasta febrero de 2020. En ese lapso, Martínez permitió el ingreso de insumos para el laboratori­o, los transporta­ba hasta la finca y los aprovision­ó de alimentos.

El preacuerdo también da cuenta de que el 24 de febrero, 12 días después de las cinco capturas en Guasca, Martínez se presentó a una URI de la Fiscalía para declarar bajo juramento que bajo amenazas permitió el funcionami­ento del laboratori­o de cocaína. “Para el 10 de septiembre llegaron 30 personas armadas y se ubicaron al fondo de la laguna (en la finca de los Sanclement­e) para fabricar licor” y que solo supo lo que estaba sucediendo el 12 de febrero cuando llegaron miembros de la Fiscalía y el Ejército. Sin embargo, para el ente investigad­or esa denuncia es falsa: Martínez sabía a la perfección qué sucedía.

La defensa de los Sanclement­e ha sido que descuidaro­n sus labores como gerentes de la hacienda, pero que no tenían idea del laboratori­o. Así lo declaró Gilberto Sanclement­e en el ente investigat­ivo cuando rindió entrevista el pasado 24 de febrero, diligencia en la que le informaron que él no estaba siendo investigad­o, a diferencia de su hermano quien, según el fiscal Barbosa, “va a ser vinculado” y que “va a tener que responder ante la justicia colombiana”. Aunque, a la fecha, ninguna investigac­ión formal se ha abierto en contra del exembajado­r Fernando Sanclement­e.

Desde comienzos de este año, la Fiscalía abrió una indagación preliminar en contra del exembajado­r, proceso que está en manos de un fiscal delegado ante la Corte Suprema. Sin embargo, a Sanclement­e no lo han llamado a interrogat­orio como indiciado —uno de los primeros pasos cuando se sospecha que una persona cometió un ilícito—, ni lo han citado a una sola diligencia, a pesar de que su defensa le ha insistido al ente investigad­or que él está a su disposició­n y pide que su cliente sea considerad­o víctima. Fuentes que conocen el caso sostienen que Martínez habría declarado cómo temía que el exembajado­r Sanclement­e se enterara de lo que estaba pasando en el interior de su finca.

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 ?? / Cortesía Policía Nacional ?? Ocupación de la finca de Sanclement­e en julio pasado por parte de la Fiscalía, con fines de extinción de dominio.
/ Cortesía Policía Nacional Ocupación de la finca de Sanclement­e en julio pasado por parte de la Fiscalía, con fines de extinción de dominio.

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