Los sindicalistas muertos por los que responderá “Jorge 40”
Víctimas esperan que hable de responsabilidad de terceros
Algunos eran activistas de las universidades del Atlántico y del Magdalena, del sector de la salud y de la carbonera Drummond. Cargos contra el exparamilitar deportado.
Tras la llegada del exjefe paramilitar a Colombia, El Espectador indagó sobre los principales casos de líderes sindicales asesinados por estructuras del Bloque Norte. Algunos de ellos, sindicalistas de las universidades del Atlántico y del Magdalena, del sector de la salud y de la carbonera Drummond.
El 11 de marzo de 2006, hasta un conjunto residencial de Santa Marta (Magdalena) llegaron agentes del CTI de la Fiscalía para capturar a Édgar Ignacio Fierro, conocido como Don Antonio. Su captura, más allá de tratarse del lugarteniente del comandante del Bloque Norte, Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40, se convirtió en uno de los capítulos más significativos para develar la estela de sangre que esa estructura paramilitar dejó en el Atlántico. Al paramilitar le fueron encontrados dos computadores portátiles y dos memorias USB con información detallada sobre las operaciones del bloque. Pero entre los hallazgos resaltó uno: el que revelaba el ensañamiento de los paramilitares contra las organizaciones y los líderes sindicales del Atlántico. Muchos de esos crímenes siguen sin esclarecerse y las víctimas esperan que Jorge 40, tras su llegada a Colombia esta semana, hable de su responsabilidad y la de terceros en estos hechos.
En los equipos, bautizados después como “los computadores de Jorge 40”, se encontraron listados de víctimas del Bloque Norte donde perfilaron a líderes sindicales como simpatizantes de la guerrilla. Uno de los nombres allí consignados fue el de Adán Alberto Pacheco, reseñado con el sobrenombre de Claudio y como integrante del PC3 (Partido Comunista Clandestino de Colombia), integrante del frente 19 de las Farc, con 16 años en la organización subversiva y presidente del sindicato de Electricaribe. Este líder sindical fue asesinado el 2 de mayo de 2005, en Barranquilla. Semanas antes de su asesinato, su residencia fue allanada por miembros del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
En enero de 2008, Don Antonio fue condenado por este homicidio a 19 años de prisión. Precisamente este paramilitar, comandante en su momento del frente José Pablo Díaz, fue el encargado en la estructura de Jorge 40de ejecutar con sus hombres los homicidios de decenas de líderes sindicales en Atlántico y cometer otros delitos. Hechos por los que tiene 27 sentencias condenatorias.
Otro de los casos que muestra la animadversión de la estructura de Jorge 40 contra los sectores sindicales es el de Ricardo Luis Orozco, vicepresidente de la Asociación Nacional Sindical de los Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud (Anthoc). Uno de los sindicatos más importantes de ese sector y también de los más afectados por la violencia paramilitar. Desde febrero de 2000, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) había alertado sobre el riesgo que corría ese dirigente sindical y pedido protección al Ministerio del Interior y al DAS.
Pese a las advertencias, el 2 de abril de 2001, hacia las 8:30 a.m., Orozco Serrano fue ultimado a bala por un sicario en una calle de Barranquilla. En la sentencia que condenó por este crimen a Carlos Arturo Romero Cuartas, conocido como Montería, la jueza dijo que el asesinato probaba la existencia de una lista de objetivos militares “con la que se amedrentaba a un sector de la población: sindicalistas y dirigentes sindicales”. Listado que habría sido remitido directamente por el comandante del Bloque Norte, Jorge 40. En el fallo quedó consignado que Montería confesó que su jefe militar de entonces, Carlos Campo Ortiz, Moncho, “le dijo en diciembre de 2000 que se iba a desplegar una arremetida contra los sindicalistas, profesores y estudiantes de la Universidad del Atlántico por su vínculo con el frente 19 de las Farc, que opera en la Sierra Nevada, reiterando la existencia de una lista de personas”.
Antes de ser asesinado, Ruiz Orozco venía investigando junto con el sindicato Anthoc el desvío y la cooptación de los recursos de la salud por parte de los paramilitares. Así también quedó ratificado en la sentencia de 2013 que condenó a Jorge 40 a 19 años de prisión por ese crimen. Por este caso, en el que además hubo participación de un agente del Gaula de la Policía. Según conoció Colombia 2020, próximamente será radicada ante la Fiscalía la solicitud para que este asesinato sea declarado un crimen de lesa humanidad.
El de la salud no fue el único sector donde los sindicatos se opusieron a que la estructura paramilitar tomara el control de las instituciones. Talvez el caso más emblemático sea el de la educación pública y, en el caso del Bloque Norte, la Universidad del Atlántico, donde se cometieron unos treinta asesinatos contra líderes estudiantiles, profesores y trabajadores sindicalizados. Uno de ellos, el del profesor y sindicalista Jorge Freytter Romero, integrante de la Asociación de Jubilados de la Universidad del Atlántico (Asojua). No solo defendió allí los derechos de los pensionados de la universidad, sino que fue una voz de protesta contra la incursión paramilitar en la universidad, según consideró la Fiscalía General en enero de este año, cuando declaró este homicidio como un crimen de lesa humanidad.
Al profesor Freytter Romero lo abordaron hombres en una camioneta el 28 de agosto de 2001 en Barranquilla y lo condujeron a una bodega donde fue torturado. Al día siguiente, el 29 de agosto, su cuerpo fue encontrado sin vida.
El pasado 24 de septiembre se hizo un acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado por ese crimen. Allí, el Estado colombiano, reconoció y pidió perdón por la detención ilegal, tortura y ejecución extrajudicial de Jorge Alfonso Freytter. Perdón que la familia del profesor no aceptó. Jorge Freytter Florián, hijo del docente, le dijo a Colombia 2020 que todavía hay mucho por esclarecer en el caso de su padre. “Insistimos en que Jorge
40 hable de cómo se tomaron las universidades, quiénes eran sus fichas con nombre propio dentro de los gobiernos universitarios, en este caso de la Universidad del Atlántico, quiénes eran de la nómina del paramilitarismo para darles listados de docentes críticos; cómo se diseñaron y planificaron todos estos asesinatos contra el sindicalismo y de dónde venían esos recursos económicos”, expresó.
Uno de los casos más emblemáticos en este sector en el Atlántico fue el del profesor Alfredo Correa de Andreis, asesinado el 17 de septiembre de 2004, en Barranquilla. Este caso, por su parte, sí tiene condenados a quienes fueron los máximos responsables: Jorge Noguera, entonces director del DAS, y
Jorge 40, del Bloque Norte. Además, fue por este caso que quedó al descubierto la alianza criminal, entre ese departamento de seguridad estatal y los paramilitares, en la que Noguera habría puesto a disposición de los armados los servicios de inteligencia de esa entidad.
Hay otro caso del sector de la educación en el que se espera que
Jorge 40 aclare responsabilidades. El de los profesores Roque Morelli y Julio Otero, y el estudiante Hugo Maduro, de la Universidad del Magdalena, asesinados entre mayo de 2000 y septiembre de 2002. Los tres fueron voces críticas contra el proyecto que en ese momento se llevaba a cabo en la universidad, denominado la “Refundación”, a cargo del entonces rector Carlos Caicedo, hoy gobernador del Magdalena. Por esos homicidios han sido condenados algunos paramilitares e incluso un agente de la Sijín como autores inmediatos de los hechos. Sin embargo, como determinadores están vinculados a la investigación Jorge 40 y Carlos Caicedo. En el caso de este último existen testimonios cruzados de paramilitares que en algunos casos sostienen que estaría involucrado en los asesinatos y en otros lo niegan e incluso afirman que él era uno de los objetivos de los paramilitares. Desde entonces los familiares de las víctimas han señalado a Caicedo como determinador de los crímenes.
El capítulo minero en el Cesar
Jorge 40 también tiene responsabilidades por aclarar en el corredor minero de carbón del Cesar. Principalmente, en el doble homicidio de Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita, presidente y vicepresidente, respectivamente, de Sintramienergética, sindicato de la multinacional carbonera Drummond. El 12 de marzo de 2001, tras terminar su turno en la mina La Loma, cuando ambos líderes se desplazaban en un bus de la empresa, el vehículo fue interceptado por paramilitares del frente Juan Andrés Álvarez. A Locarno lo asesinaron allí mismo y el cadáver de Orcasita apareció después. Por ese doble crimen fue condenado el paramilitar Jairo de Jesús Charris Castro, el Viejo Miguel, y Jaime Blanco Maya, quien en la época tenía el contrato de suministro de alimentos con la empresa.
Lo que han establecido las autoridades hasta ahora es que los dos líderes sindicales se volvieron un objetivo para Blanco Maya, pues venían presionando para que se cambiara el operador del suministro de alimentos para los trabajadores por mala calidad, lo cual le quitaría el contrato. Sin embargo, actualmente por esos homicidios son investigados seis directivos de la Drummnond que fueron llamados a indagatoria en octubre pasado: Augusto Jiménez, presidente de la carbonera en Colombia entre 1990 y 2012; José Miguel Linares, vicepresidente ejecutivo de la época y actual presidente; Alfredo Araújo, gerente de relaciones con la comunidad, capturado en 2015 y dejado en libertad; Jorge Garzón Hernández, director de seguridad de ferrocarril entre 1996 y 2006, y Ricardo Linero y Luis Rodríguez Victoria, coordinadores de seguridad de la mina entre 1996 y 2005.
La Drummond le respondió a Colombia 2020que la empresa “no tiene ni ha tenido vínculo alguno con organizaciones al margen de la ley. En cuanto a las acusaciones contra la compañía y algunos de sus ejecutivos en relación con el asesinato de líderes sindicales y otras presuntas violaciones de derechos humanos, jamás la empresa o sus directivos han tenido nada que ver con esas imputaciones y desde siempre han colaborado con las autoridades colombianas”. Además, recordó que esos señalamientos fueron desestimados en Cortes de Estados Unidos, hasta donde familiares de las víctimas llevaron los casos, pues la carbonera es de origen estadounidense.
Sin embargo, el capítulo de la Drummond, otras carboneras del Cesar y su relación con los paramilitares aún no está cerrado, pues sigue siendo investigado por la Fiscalía. Por eso, lo que declare Jorge
40 sobre este episodio es fundamental, más aun cuando antiguos paramilitares han señalado que él les habría ordenado no hablar de la relación con esa empresa. Jhon Jairo Esquivel, conocido como el
Tigre, primer comandante del frente Juan Andrés Álvarez, dijo que Jorge 40 al visitarlo en prisión le habría dicho: “Cada quién sálvese como pueda y diga lo que tenga que decir, pero no hable de Drummond”. Este testimonio lo rindió el
Tigre en el proceso que las Cortes de Estados Unidos desestimaron, pero en Colombia la verdad aún está pendiente.