Magistrados: ¿y ustedes cuándo van a pedir perdón?
EL ENEMIGO ES CLAVE EN LA POLÍtica. Sirve para galvanizar a los seguidores y para disimular los errores de los poderosos.
Este es un invento de hace milenios. Los judíos han servido como comodín. Desde el antiguo Egipto, pasando por los Reyes Católicos y llegando a Hitler que de la mano de su influencer Goebbels usó el miedo para implantar una tiranía comparable a la de algunos emperadores que enRoma utilizaron esta vez a los cristianos como carne de cañón. Liberales contra conservadores. Neofascistas contra mamertos. El enemigo también vale para justificar frustraciones. Cuánto sirvieron de disculpa a varios gobiernos Pablo Escobar, las Farc y el comunismo internacional.
El debate Trump-Biden del pasado martes, marcado por la patanería infantil y detestable de un Trump arrogante y fuera de sí, también tuvo la marca del miedo. No hablaba de los demócratas, sino de los izquierdistas y socialistas.
Enorme parecido con aquello del castrochavismo y el rayo homosexualizador, componentes de nuestra política desde hace algunos años.
La fabulación viene de hace un buen rato. Un antecedente hasta jocoso, si no fuera sombrío, nos viene de Rafael Núñez con la llamada “Ley de los Caballos”.
Cuenta Lina Adarve que en el Bolo, algún lugar del Cauca, aparecieron unos caballos degollados.
El prefecto informó así al ministro de Gobierno: “Popayán, 7 demayo de 1888. En Palmira aparecen ha días caballerías mayores degolladas. Día cuatro (4) de noche degolladas diez (10) en Pradera. Prefecto invistió ciudadanos con carácter agentes policía para capturar responsables, aprobando aún mayor severidad. Día cinco (5) cogióse un responsable, pueblo Pradera túvolo crucificado en la plaza. Hase ordenado sígasele juicio, y averiguar de quién es agente, pues júzgase atentado tiene objeto esparcir terror”.
Pronto se desveló el misterio: en vez de terroristas, se trataba de una banda de perturbados. El prefecto alcanzó a informar así: “Luis Martínez, el matador de caballos, revelóme hoy nombres cuatro (4) compañeros. Cogeránse esta noche. Son de distintos puntos. Cree éste sean agentes de otro. Martínez ganaba veinte (20) pesos como práctico en Pradera. Sólo herido, aunque levemente, pudo cogérsele. Caballo murió de un balazo: era también robado”.
Pero el segundo aviso que desbarataba la leyenda fue desechado. El presidenteNúñez aprovechó para expedir la ley de los caballos que le daba facultades para imponer sin fórmula de juicio el confinamiento, la expulsión y la prisión de los opositores. Una especie de dictadura civil.
Las motivaciones del Consejo de Delegatarios para aprobarla tienen cierto aire actual: era necesario “dictar alguna disposición que autorice al Gobierno para que prevenga y reprima con mano fuerte tales actos (dirigidos por los) cabecillas de la última contienda civil y su finalidad era conspirar para resistir al imperio del orden establecido”.
Además, bien se lee, el prefecto, imbuido del ambiente autoritario, fue promotor de las autodefensas. En efecto, les dio facultades de Policía a los habitantes. Y permitió que el desquiciado fuera crucificado en la plaza del pueblo.
Nada nuevo bajo el sol.
Memorias de un pesimista,
Debate Trump-moderador
LA SEMANA PASADA, EN INÉDITO FAllo, la Corte Suprema de Justicia de Colombia le ordenó al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que en un plazo no mayor de 48 horas después de la expedición del fallo, “proceda a presentar disculpas por los excesos de la Fuerza Pública”. El ministro de Defensa, en cumplimiento del fallo de la Corte, afirmó que la Policía Nacional pide perdón por cualquier violación a la ley. “Esta espontánea expresión de perdón se refiere a cualquier violación a la ley, en cualquier tiempo, en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución, con lo cual se garantiza el respeto al debido proceso que asiste a cada uno de los miembros de la Fuerza Pública”, manifestó el alto funcionario.
En reciente artículo, “Averígüelo Vargas” ( La República, sept. 24/20), el analista Luis Guillermo Vélez Cabrera asevera: “El magistrado Carlos AlbertoVargas, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, uno de los más importantes y poderosos del país, era un activo empresario de la justicia: vendía sus sentencias al mejor postor. Una demanda en contra del Acueducto de Bogotá por $64.215 millones: precio 20 %; una acción en contra del Hospital Militar, $25.000 millones: precio 15 %; una demanda contra la Superintendencia de Sociedades, $30.000 millones: precio 10 %... El caso del doctor Vargas, lamentablemente, no es un hecho aislado, ni una manzana podrida. Las decisiones en los altos tribunales son colegiadas, es decir, requieren el voto de más de un magistrado y tienen revisión, en este caso, ante el Consejo de Estado. ¿Dónde están los cómplices? ¿Hay otros magistrados del tribunal involucrados? ¿Esta red de corrupción llegaba hasta el Consejo de Estado donde, sospechosamente, se confirmaban muchas de las decisiones deVargas?… Vargas debe confesar la extensión completa de su red de apoyo, incluyendo los colegas que presumiblemente le ayudaron a montar este tinglado. Prácticamente no hay corte o tribunal que se salve de un escándalo (recientemente le ha tocado el turno a los tribunales de Meta y Norte de Santander) y, lo que es peor, no existe en estemomento cuerpo disciplinario de la Rama Judicial ni de la profesión de abogado, salvo la impresentable sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura”.
Tampoco se puede dejar pasar de lado el llamado cartel de la toga, una organización dedicada a manejar los procesos a cambio de jugosas sumas de dinero. A esta organización pertenecían magistrados del más alto nivel como Francisco Javier Ricaurte Gómez y José Leonidas Bustos Martínez, el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera —extraditado en mayo de 2018 a Estados Unidos—, el abogado Leonardo Pinilla y el exmagistrado Gustavo Malo Fernández. Óscar Alarcón, el fino columnista de El Espectador, en su columna del 15 de septiembre pasado relata: “Ricaurte y Malo han sido procesados y puestos presos por sus actitudes non sanctas. Munar sigue empapelado sin que aún se le defina su situación jurídica. De ese llamado cartel de la toga también era parte el tristemente célebre Leonidas Bustos, prófugo de la justicia, quien se encuentra en Canadá en vez de estar encanado… Luego, ¿quién creó el cartel de la toga? ¿La actual Corte Suprema de mafiosos?”.
¿No va siendo hora, señores magistrados, de que ustedes en nombre de la ética, la equidad y la honradez, nos pidan perdón por la enorme corruptela y desmanes que ha habido en la justicia, muy concretamente entre los magistrados?