Trump y la reforma tributaria

tismo liderado por Ospina Pérez estuvieron de acuerdo en que Laureano dejara el poder. Y se fue “el Monstruo” con el beneplácito de la nación, y a los pocos días esa misma Asamblea Constituyente decretó la vacante del cargo y reconoció como presidente al general Gustavo Rojas Pinilla (Gurropín), en quien, ingenuamente, los perseguidos confiaron. Gurropín resultó también un dictador godo, corrupto y sanguinario que al año de estar en el poder mostró su peligrosidad cuando sacó el ejército para que reprimiera una manifestación estudiantil con el saldo de varios jóvenes asesinados. Pero eso no fue todo. En mi Valle del Cauca se hizo amo y señor el pájaro León María Lozano, alias “El Cóndor”, armado por los momios caleños, a quien Rojas Pinilla condecoró con la deshonrada Cruz de Boyacá.

CIERTA GENTE DE MUCHAPLATA SE beneficia de la evasión tributaria. No hay nada más inequitativo e injusto que un multimillonario pague menos impuestos que su secretaria y el resto de sus empleados; una práctica que, cuando es alcahueteada y permitida por la ley y la costumbre, deslegitima las bases éticas de una sociedad y consagra la desigualdad económica y social.

Esto quedó nítidamente claro con la revelación de las declaraciones de impuestos del presidente Trump. The New York Timesmostró que el millonario, dueño de hoteles y campos de golf, pagó escasos US$750 en los dos primeros años de su gobierno y no pagó nada en la mayoría de los 15 años anteriores. Mientras tanto, millones de personas de las clases medias le entregaban al fisco un porcentaje significativo de sus ingresos anuales.

Como en otros casos semejantes, Trump consiguió reducir sus impuestos con la ayuda de ejércitos de costosos contadores

La visión de Casas jamás coincidirá con la de un liberal, ni su empeño en mostrar a Laureano como un demócrata, cuando no lo fue, o en sostener que Álvaro Gómez no tuvo años tempestuosos en sus días de parlamentario saboteador y en los inicios del Frente Nacional, el cual, entre otras cosas, no fracasó por las disputas entre rojos y azules, sino porque si bien fue un pacto que trajo paz, excluyó otras opciones políticas a las que luego en las urnas les embolataron el regreso al poder de Gurropín. Tampoco es posible coincidir en que la elección popular de alcaldes fue impulsada para buscar más democracia, sino una inteligente estrategia electoral para recobrar el control de los municipios conservadores, con consecuencias desastrosas para la actividad pública.

A pesar de todas esas discrepancias, el libro y auditores que se especializan en lograr los beneficios permitidos y no permitidos que se cuelan por las rendijas de las leyes tributarias. Eso sí, por alguna de estas prácticas, el presidente está siendo investigado por la Fiscalía, ante la cual sus abogados tratan de impedir el avance de las investigaciones criminales.

La prensa reporta que entre los mecanismos utilizados por Trump para no pagar impuestos se encuentran la asignación de gastos personales a sus empresas y la agresiva utilización de las devoluciones y las pérdidas de sus empresas como escudos fiscales.

Las revelaciones de algunas de las trampas de Trump, semejantes a las que se hacen en todas partes, se deben tener en cuenta en momentos en que se discute el contenido de la inevitable reforma tributaria en Colombia. Su análisis debe ayudar a orientar las iniciativas dirigidas a aumentar los recaudos y hacer que el sistema sea progresivo —es decir, que garantice que quienes más tienen paguen más—, tal como lo ordena la Constitución de 1991. Una reforma que tenga ese objetivo, por lo tanto, debe comenzar por combatir la evasión, que puede superar los $40 billones por año, la principal causa de la inequidad de nuestro sistema tributario. De nada servide Casas hay que leerlo, pues tiene el mérito de haberse atrevido a divulgar su talante partidista de muchos sucesos que hoy apenas estamos terminando de entender. La verdad se construye oyendo inclusive la versión contraria. Casas, por fortuna, no es enemigo, sino un contradictor ilustrado y noble.

Refiere Casas que antes de casarse con la adorableMaría Emma Mejía, ella pensaba que él era muy buen tipo pero muy godo. No se equivocó, ese es el gran milagro de este cachacazo que se ha ganado un sitio de privilegio entre quienes hemos tenido el placer de tratarlo.

Adenda. El problema del recién nombrado ministro de Ambiente, Carlos Correa, es que carece de ambiente para posesionarse. ría aumentar las tasas o crear nuevos impuestos dirigidos a gravar a los más ricos, si se puede seguir burlando dichas cargas con cierta facilidad, como ocurre en la actualidad.

Llama la atención que algunas iniciativas recientes, supuestamente orientadas a asegurar que se cumpla el mandato constitucional de la progresividad tributaria, hubieran ignorado ingenuamente el principal problema: el de la evasión.

Los primeros pasos para hacer más justo el sistema tributario colombiano deben ser fortalecer la administración de impuestos, mejorar la capacidad técnica de su personal, aumentar sus sistemas con el apoyo de las mejores tecnologías, combatir la corrupción de algunas de sus unidades y elevar su poder sancionatorio. Aunque el Gobierno actual está avanzando en estas tareas con el apoyo del BID, los programas en marcha son lentos e insuficientes. La próxima reforma tributaria debe otorgarle a la DIAN, o a la entidad que la reemplace, más herramientas legales y presupuestales para combatir la evasión, profundizar su transformación y crear mecanismos eficaces para disminuir en nuestro medio prácticas como las que realiza olímpicamente el presidente de Estados Unidos.

EN EL ARTÍCULO ANTERIOREXPUse cómo la estrategia de “deconstrucción” quiere imponer un nuevo modelo de Estado mediante la “revolución molecular disipada”, basado en crear acciones horizontales que generen, gradual y cotidianamente, conductas que alteren la normalidad social del sistema político actual, con el fin de derogarlo. Para esto requieren células que, actuando sincronizadamente, produzcan la desestabilización y el copamiento de la fuerza pública.

En el caso colombiano ha sido evidente la acción de células urbanas del Eln, Farc, JM19 y su coordinación en la operación, quienes aprovechando la legítima protesta pacífica, hacen vandalismo simultáneo en decenas de puntos. Estas milicias necesitan dinero para operar y es aquí donde entra el narcotráfico y sus verdaderos dueños.

La coca es un negocio altamente concentrado: en el 5% del territorio del país, se encuentra el 62 % del problema. Un índice de GINI de 0,89 muestra que tiene una altísima concentración en grandes productores. UNODC menciona que el 55 % de los campesinos venden hoja de coca y el 44 % procesan la pasta. El nivel de ingreso promedio de una unidad de producción agrícola de coca es de cerca de $860.000 /mes hogar. De cada kilo de clorhidrato solo entre el 14 y 16 % es para la remuneración a campesinos; significa que su participación en la renta del negocio es mínima. Por cada unidad pagada de hoja de coca, el valor escala entre 15 y 46 veces en el mercado nacional y 236 en el internacional. La gran renta NO se queda en el campesino, sino en la cadena de los dueños de los complejos cocaleros, financiadores, proveedores de insumos, pero sobre todo en grandes comercializadores, narcotraficantes y estructuras criminales.

El negocio NO está en la producción, está en la cadena, la cual es controlada por economías ilegales y el eslabón débil es la economía campesina. A medida que se genera un copamiento de la zona con estos cultivos, como por ejemplo en los enclaves de Argelia, El Tambo, el Naya y el Catatumbo, la actividad ilegal genera e invierte grandes recursos en el CONTROL SOCIAL total de la zona, mediante una cadena compleja y especializada, en las que participan habitantes, abarroteros, transportadores, autoridades, vendedores de insumos y combustible, quienes financian losmercados yprovisiones de los campesinos, atándolos en ventas a plazo, con endeudamiento permanente, lo que afianza el CONTROL social y político del territorio y donde la oposición del líder social le cuesta la vida.

Estas estructuras criminales tienen negocios relacionados inmensamente rentables, como la minería ilegal, el contrabando, el microtráfico y el tráfico de armas, y pagar por el control social, hace parte del costo de producir. Las economías criminales generan así una cadena perversa de control territorial y de financiamiento de actividades subversivas, incluidas las moleculares en las ciudades.

Como complemento facilitador hay un entramado judicial y de ONG que avanza impidiendo el actuar del Estado, prohibiendo la fumigación, el uso legítimo de las armas por los cuerpos de policía, desmoralizando la fuerza pública y generando un círculo tendiente a desestabilizar el sistema, de acuerdo con los líneamientos del foro de São Paulo.