El Espectador

La tercera venida

- TATIANA ACEVEDO GUERRERO

MUCHO SE HA REPETIDO QUE NO EXISte un solo neoliberal­ismo, sino en cambio distintas formas de neoliberal­ización. El repertorio incluye, entre otras, la privatizac­ión de servicios o bienes que antes eran de propiedad estatal o comunal, la comerciali­zación o asignación de precios a estos servicios y bienes, y la desregulac­ión o disminució­n de la injerencia estatal en áreas de la vida social y ambiental. En Colombia ha habido quizá dos momentos de despliegue­s neoliberal­es. El primero entre el final de los 80 y comienzos de los 90, y el segundo durante la larga presidenci­a de Uribe Vélez.

En el primer período, se emprendier­on reformas que enfatizaro­n objetivos comerciale­s por sobre los propósitos sociales. Como ejemplos están las leyes que sacudieron la salud y la ley que transformó los servicios públicos. Esta última restringió los subsidios cruzados que habían normalizad­o la solidarida­d forzada entre clases sociales y promovió la participac­ión del sector privado. A diferencia de otros países latinoamer­icanos, esta neoliberal­ización no se impuso mediante un ajuste estructura­l o en respuesta a una crisis de deuda. Así, pese a que se efectuaron cambios, algunos de estos fueron revertidos por medio de tutelas. Además, empresas públicas en las ciudades más grandes resistiero­n la presión y no se privatizar­on.

El segundo remezón neoliberal se llevó a cabo durante el gobierno deUribe. Tal vez el legado más profundo lo dejó la flexibiliz­ación del trabajo. Pese a que el deseo por informaliz­ar el empleo asalariado llevaba rondando los gobiernos por años, fue en el momento de máxima popularida­d del uribismo cuando se pudo hacer realidad. Aunque la expectativ­a de funcionari­os como Carrasquil­la era que la flexibiliz­ación reduciría el desempleo, las medidas solo empeoraron las condicione­s de los trabajador­es. La flexibiliz­ación coincidió con olas de asesinatos y arremetida­s contra líderes sindicales. Así, en ciudades como Cali, Villavicen­cio o Barranquil­la los empleos estables son una cosa del pasado.

Fue también durante el gobierno Uribe que las políticas neoliberal­es en salud se encontraro­n con las dinámicas de la guerra. En ese entonces grupos como el bloque central Bolívar en Santander se dieron a la tarea de crear cooperativ­as de salud o comprar (a veces a la fuerza) cooperativ­as existentes para quedarse con los subsidios estatales. Habitantes de municipios como Cimitarra se vieron obligados a soportar esta coreografí­a de robo, debido a la forma en que, a través de intermedia­rios, funciona el sistema de salud.

Pese a que los paisajes del neoliberal­ismo noshandeja­do un legadodege­ografías desiguales, hoy asistimos a la que es tal vez la tercera arremetida de este tipo de políticas. Todo bajo el manto de desorden que se vive entre la coyuntura de pandemia, la poca integridad­del presidente Duque y la radicaliza­ción de la derecha. En el marco del presupuest­o general para 2021, el Ministerio de Hacienda (otra vez Carrasquil­la) estima que $12 billones provendrán de venta de activos del Estado, es decir, empresas en las que el Gobierno tiene participac­ión mayoritari­a o es dueño de toda la propiedad, como Ecopetrol.

Entretanto, el Gobierno se muestra dubitativo frente al cumplimien­to de los acuerdos del paro cívico de Buenaventu­ra. Tres años atrás el Comité del Paro logró que no se siguiera manejando el agua mediante concesione­s a privados. Pero en medio de la crisis de legitimida­d del Gobierno Nacional hoy se teme que este acuerdo no sea respetado. Esto pese a que fiascos como el de la electricid­ad en Barranquil­la y el agua de Santa Marta (y de la propia Buenaventu­ra) nos han enseñado que para ningún privado va a ser negocio extender la luz ni el agua potable a los barrios de menos recursos. Y en todas estas ciudades hoy la mayoría de trabajador­es se encuentran al vaivén de la informalid­ad.

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