“Falta tiempo para cicatrizar las heridas de la guerra”

El exministro Juan Fernando Cristo habla de la estremecedora confesión del Partido FARC y de uno de sus senadores, “Carlos Antonio Lozada”, sobre el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y otros cinco asesinatos. Analiza las reacciones del Gobierno a esa declaración, negando, “a priori”, que sea cierta. Comenta también las consecuencias judiciales para los declarantes y afirma que “no hay duda” de la competencia de la JEP en estos casos. El país todavía se encuentra estupefacto con la confesión de las Farc sobre los asesinatos de Álvaro Gómez Hurtado, el general Landazábal, Jesús Bejarano, dos disidentes de las Farc y un político con cercanías paramilitares. ¿Cómo recibió esa confesión?

Inicialmente, con mucha sorpresa e incredulidad. Nunca había escuchado una versión en ese sentido. Después las Farc entregaron la carta a la JEP reconociendo responsabilidad y, luego, el propio Carlos Antonio Lozada confesó su participación directa. Hoy, tras este acelerado proceso de revelaciones en que, además, se descubre la existencia del libro de cartas de Tirofijo, las declaraciones de hace unos años de un desmovilizado y de un exoficial del Ejército, no se entiende cómo en estos 25 años no se investigó a fondo esta hipótesis ni las que hubo sobre los casos de las otras víctimas. Habrá que esperar la comparecencia de las Farc ante la JEP para que cuenten toda la verdad y esta sea confrontada judicialmente. Ahora, no se comprendería para qué un senador y jefe político del nuevo Partido FARC se atribuiría semejante responsabilidad en vano, en uno de los hechos más ignominiosos de la historia de Colombia.

Entonces, para usted, ¿es más creíble la declaración de las Farc después de la autoincriminación de “Lozada”? ¿La situación judicial de este cambia por su confesión?

Sin duda es mucho más creíble. Ya no se trata de un reconocimiento colectivo frente al que muchos pensaron que se iba a señalar como responsables a los comandantes de las Farc ya fallecidos: reconoce responsabilidad un jefe político actual de los más importantes en su colectividad. No encuentro razones sensatas para dudar de su versión. Espero que confiese todos los detalles ante su juez constitucional. Precisamente, ese es el objetivo de la JEP.

Empieza a concretarse una de las razones de los Acuerdos: conocer la verdad de la guerra. ¿Por qué las Farc iniciarían el desarrollo de esa verdad con un hecho tan grave?

Ellos no iniciaron el reconocimiento de la verdad con este crimen. Recuerde que antes habían avanzado en hechos tan graves como el atentado criminal al club El Nogal o el asesinato de los diputados del Valle del Cauca, el reclutamiento forzado de menores y los secuestros. Francamente, respecto de este crimen en particular, no encuentro motivo para que las Farc y, en especial, Lozada se atribuyan un magnicidio de tal dimensión si no fuera cierto. No conozco que haya ninguna motivación distinta a la de cumplir con lo pactado en los Acuerdos, aunque hay rumores sobre enfrentamientos y divisiones entre quienes se apartaron de los Acuerdos y quienes lo están cumpliendo. Esa es una de las preguntas que el propio Lozada deberá responder ante la JEP.

En cuanto a las presuntas divisiones internas entre exmiembros de las antiguas Farc, ¿ha hablado con Piedad Córdoba? Ella parecía tener pistas certeras sobre lo que sucedería. ¿Ella estaría notificando al Partido Fuerza Alternativa?

Hace mucho tiempo no hablo con Piedad. No tengo idea. Es una buena pregunta para ella.

Se ha dicho que la cita en su casa con el expresidente Santos y algunos miembros del Partido FARC era para hablar de este tema. ¿Cuál era el motivo de la reunión con los firmantes del Acuerdo de Paz?

Como lo señalamos con el expresidente Santos, se trató de una reunión de las varias que se han hecho en los últimos años con los negociadores del Acuerdo de Paz para discutir la imperiosa necesidad de que las Farc asumieran un claro compromiso con la verdad en sus comparecencias ante la JEP, ya que muchos sectores de la sociedad consideraban, con razón, que no lo estaban haciendo. Fue una reunión con discusiones y debates muy fuertes que esperamos haya contribuido a la deliberación interna entre ellos, como se vio en los días siguientes.

¿Allí se habló del caso Gómez Hurtado o de otros crímenes en particular?

Nunca se habló ni de ese crimen ni de ninguno en particular, sino de la necesidad de contar toda la verdad ante la JEP.

Con los días se ha pasado de “nunca hubo pistas que condujeran a las Farc” a “se había dicho” o “se había encontrado que...” Una de las versiones indicaría que en la mesa de La Habana se había hablado de ese magnicidio. ¿Alguna vez se trató este tema con usted o su grupo, o supo sobre ese caso?

Estuve en la recta final y en las renegociaciones del nuevo Acuerdo y nunca escuché nada sobre este crimen.

¿Cuáles son las sanciones previstas en el Acuerdo cuando los comparecientes confiesan uno o varios crímenes?

Las sanciones propias del sistema para quienes reconozcan responsabilidad son de 5 a 8 años de restricción de libertad.

¿Quiere decir que “Lozada”, cuyo nombre de pila es Julián Gallo, tendría que someterse a entre 5 y 8 años de “restricción de la libertad”?

Según los Acuerdos y las normas aprobadas por el Congreso, quienes reconocen tempranamente ante la JEP todos los crímenes que cometieron con ocasión del conflicto tienen esa sanción. Significa que el Tribunal de la JEP impondrá una efectiva restricción de la libertad en un lugar geográfico determinado, la obligación de pedir autorización para salir de ese sitio y el cumplimiento de medidas de reparación restaurativa para las víctimas de sus crímenes. Ese catálogo de sanciones tendrán un monitoreo por parte de la Misión de Verificación de Naciones Unidas, cuyas características deben definir la ONU y el Gobierno.

En el marco de lo que acordado, ¿tiene sentido, entonces, pedir el retiro de la curul de “Lozada” como lo está diciendo la Casa de Nariño? La confesión de crímenes por parte de guerrilleros y también de militares, ¿se

‘‘Las sanciones propias del sistema (de justicia transicional) para quienes reconozcan responsabilidad son de 5 a 8 años de restricción de la libertad”.

‘‘Reconoce responsabilidad (sobre el magnicidio) un jefe político actual de los más importantes en su colectividad (‘Lozada’). No encuentro razones sensatas para dudar de su versión”.

castiga o se reconoce como cumplimiento de lo firmado?

La intención de quitarles sus curules a las Farc no es nueva. Es la posición del Gobierno, reiterada hace poco en un informe de balance de la implementación. El reconocimiento de la verdad en el posconflicto es muy doloroso para toda sociedad, pero es necesario. Nos falta mucha verdad aún, no solo de las Farc, sino también del Eln, de los “paras”, de los agentes del Estado y de los financiadores de la guerra. Las reacciones de la ciudadanía, las víctimas y sus familias ante esa verdad son comprensibles. En mi concepto, nos falta tiempo para cicatrizar las heridas de una larga y bárbara guerra. Pero la justicia transicional se creó precisamente para buscar esa verdad y con esas confesiones se cumple lo pactado.

La reacción a la confesión de las Farc es rara: se exige, con razón, que los guerrilleros confiesen sus crímenes, pero en cuanto lo hacen no les creen. En su opinión, ¿esa es una posición política para no reconocerle un triunfo al Acuerdo o es una actitud defensiva con el fin de no aceptar que las hipótesis, durante 25 años, sobre los presuntos responsables del magnicidio eran erróneas?

En el caso del Gobierno, más que rara es esquizofrénica. Duque sale, un día, a dar instrucciones a la JEP de excluir a los integrantes de las Farc de esa Jurisdicción por no decir la verdad. Y al día siguiente su comisionado de Paz plantea que, ante esa confesión, la JEP debe sacar de inmediato a Lozada del Congreso. En ambos casos es una interferencia inaceptable en asuntos de la justicia. Y al fin, ¿las Farc dicen verdades o mentiras? Por eso lo razonable y sensato es permitir que la JEP avance en el caso sin presiones indebidas. No sabe uno si esas posiciones son fruto de la ignorancia de los Acuerdos o de una mala fe deliberada con la intención de continuar sus ataques al Acuerdo. Ahora pretenden que la JEP resuelva en 8 días lo que la justicia ordinaria no ha resuelto en 25 años. Increíble.

Los seis asesinatos declarados por las Farc constituyen una seria prueba para el sistema de justicia transicional, pero el presidente y el fiscal han dicho que la competencia es de la justicia ordinaria. ¿Cabe el conflicto entre la JEP y la Fiscalía o el texto del Acuerdo de Paz resuelve la duda?

No solo en el texto del Acuerdo, sino en las normas constitucionales y legales que crearon la JEP: no hay duda de la competencia de la JEP frente a los integrantes de las Farc que pudieron participar en el magnicidio. Caso distinto es sobre quienes no tienen esa condición y están en indagación en la Fiscalía. Sobre estos últimos, la justicia ordinaria mantiene competencia y la propia Comisión de Acusación. Y usted tiene razón: esta es una seria prueba para la JEP.

La campaña presidencial de 2022 arrancó muy temprano. Hasta del ministro de Defensa se dice que está en la competencia. Usted se retiró del Partido Liberal. ¿Qué va a hacer?

Es prematuro hablar de campañas mientras la gente lucha por evitar el contagio de coronavirus y para no morir de hambre ante la crisis social profunda que vivimos. El año entrante tomaré decisiones, pero, sin duda, participaré en la construcción del gran acuerdo de fuerzas de oposición de centro izquierda. La candidatura presidencial es una opción, no una obsesión. En estos dos años el país retrocedió en términos de pobreza y en garantías a las libertades y los derechos. Por eso debemos hacer un acuerdo de mínimos que comience con la defensa de la Constitución del 91, del Estado social de derecho, la vida, la democracia y la paz que estarán en juego en 2022, amenazados por un proyecto autoritario de extrema derecha. Solo con la conducta de desacatar decisiones de las cortes Duque ha ido, incluso, más lejos que Uribe en cuanto a interferencias y ataques a la justicia. Por eso no puede volver a suceder lo de 2018. Estaré en la posición que sea más útil para construir consensos vitales para el futuro de la democracia de este país.

La tensión social y el rumbo que parece estar tomando el gobierno Duque, por su desacato a los fallos judiciales o por sus declaraciones contra algunas decisiones de la justicia, no auguran unos años fáciles. ¿Cree que habrá

elecciones presidenciales libres y sin presiones en 2022?

Quedan menos de dos años a este Gobierno y presiento que cada día adoptará posiciones más autoritarias de irrespeto a la institucionalidad y a la movilización ciudadana pacífica. Pero creo que las instituciones sobrevivirán y tendremos una transición democrática como está contemplado en la Constitución. Ni siquiera quiero pensar en algo distinto que sería horrible para el país. Pero hay que estar alerta, porque no son positivas las señales. Asistimos a una “madurización” del Gobierno. Y a Colombia no le conviene ni Maduro ni Duque. Hay que cambiar esta administración con participación democrática y con votos. Pero no hay que olvidar que aunque el uribismo es muy malo para gobernar, es bueno para hacer campaña.