Así se congeló la investigación contra Esteban Ramos
El hijo de Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia, iba a ser imputado por la Fiscalía en agosto pasado por el delito de cohecho; sin embargo, varias decisiones del ente investigador frenaron la audiencia y el fiscal que adelantaba el proceso fue apartado del caso y trasladado a Nariño.
En agosto pasado, la Fiscalía Genera tenía todo listo para imputarle cargos a Esteban Ramos Maya, hijo del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, por el delito de cohecho por dar y ofrecer. Para el 18 de agosto quedó programada esa audiencia virtual ante un juez de Medellín, en la que también estaba previsto imputar cargos al fiscal José Umbarila y a la entonces esposa de Ramos, Alejandra González Chavarriaga. Sin embargo, entre excusas de un abogado, una llamada desde la cúpula de la Fiscalía en medio de la diligencia y dos documentos del ente investigador, el proceso contra de Ramos Maya quedó súbitamente congelado.
Varias fuentes cercanas al caso le contaron a El Espectador los pormenores de lo que sucedió hace dos meses y de lo que calificaron como “particulares” decisiones que rodearon la decisión de la Fiscalía de frenar lo que un grupo de fiscales adscritos al CTI venían desarrollando desde hace varios meses. El caso se remonta a la investigación en contra del abogado Leonardo Pinilla, el exabogado de Luis Alfredo Ramos, socio de Luis Gustavo Moreno, hoy vinculados al escándalo del cartel de la toga. Cuando el jurista fue capturado, su celular pasó a manos de los investigadores que revisaron uno a uno sus mensajes y correos electrónicos.
Allí, el CTI encontró una conversación con el fiscal José Umbarila, quien sí alcanzó a ser imputado el pasado 18 de agosto. En esos mensajes, la Fiscalía evidenció que, para noviembre de 2016, el abogado intercedió para que el hijo del exgobernador, Esteban Ramos, le comprara un tiquete al entonces fiscal para que pudiera viajar a Medellín. Ese traslado era clave para la familia Ramos pues lo que el funcionario iba a hacer ante los estrados era presentar un preacuerdo por falso testimonio con uno de los principales testigos que le contó a la Corte Suprema de Justicia que Luis Alfredo Ramos habría mantenido vínculos con paramilitares.
En otras palabras, ese preacuerdo iba a demostrar a la justicia que Carlos Areiza, el testigo clave en contra de Ramos, había mentido y no era cierto nada del caso de parapolítica del exgobernador. En el afán para que el fiscal Umbarila pudiera llegar, él mismo se comunicó con Pinilla en busca de ayuda pues, por mal clima, su vuelo entre las ciudades estaba cancelado. Según la Fiscalía, Pinilla se comunicó con Esteban Ramos y él utilizó la cuenta bancaria de su esposa para pagar el vuelo del fiscal. Todo quedó evidenciado, no solo en los mensajes que intercambiaron el abogado y el fiscal, sino también en pruebas que logró conseguir la Fiscalía.
Las evidencias eran irrefutables. Por eso, cuando el ente investigador todavía estaba bajo el mandato de Fabio Espitia, un grupo de fiscales encabezados por Daniel Cardona, intentó hacer una primera imputación a Ramos, su expareja y el fiscal en febrero pasado. Esa audiencia se realizó en los juzgados de Paloquemao en Bogotá, pero no tuvo mayores avances porque los investigados le pidieron que el caso no se adelantara en la capital, sino en Medellín, pues los supuestos delitos habrían ocurrido en esa ciudad. Entonces, la solicitud pasó a resolverse en la Corte Suprema que, meses después, declaró que, en efecto, el proceso tenía que adelantarse en la capital antioqueña.
Con el problema de la jurisdicción resuelto, los fiscales volvieron a pedir una audiencia de imputación de cargos. La pandemia por el COVID-19 demoró el asunto. Pero el programa de reparto logró programar esa diligencia virtual para el pasado 18 de agosto. El fiscal que acudió a esa cita fue Alberto Ortiz, delegado de Cardona. La audiencia arrancó con la primera sorpresa: el abogado de Esteban Ramos presentó una excusa. El juez del caso no tuvo otra opción que aceptarla y pedir a la Fiscalía que reprogramara la imputación. Y así fue. Ramos Maya logró esquivar lo que significaba para él la vinculación formal a una investigación penal.
La segunda sorpresa de esa diligencia fue una llamada desde la cúpula de la Fiscalía. El Espectador pudo constatar con tres fuentes distintas que, desde lo más alto del ente investigador, se emitió la orden de suspender esa audiencia de imputación. Sin mayores razones para pedirlo, los directivos insistieron en que tenían que pararla, pero la respuesta de los funcionarios a cargo del caso fue que no se podía, pues además de que ya estaba instalada la diligencia, toda su investigación estaba en orden y las pruebas eran suficientes para vincular a Ramos, González y Umbarila. Quienes hicieron la llamada quedaron de brazos cruzados.
El fiscal Ortiz logró imputarles cargos a Alejandra González Chavarriaga y a José Umbarila. Pero el tema no paró ahí. Una semana después de la audiencia, el 24 de agosto de 2020, el fiscal Francisco Barbosa firmó una resolución que, para penalistas consultados por este diario, es “bien particular”. La cabeza del ente investigador explicó en ese documento que la Constitución y las leyes le confirieron a él la posibilidad de asumir directamente investigaciones y procesos, sin importar sus estados, y también la potestad de asignar y desplazar libremente a sus servidores. Y que la jurisprudencia también puso en sus manos la libertad de convocar comités técnicos jurídicos para la revisión de cada caso.
››Según la investigación de la Fiscalía, Ramos le compró un tiquete a un fiscal para que viajara a Medellín a presentar un recurso que podría beneficiar a su padre.
Después de mencionar varios casos en cabeza del fiscal Daniel Cardona, Barbosa señaló en el documento que ese mismo día 24 de agosto, a través de un escrito enviado a su propio despacho, Esteban Ramos y su pareja, solicitaron la realización de un comité técnico “toda vez que en su criterio procede el archivo de la actuación y no se dan los requisitos legales para que se formule imputación de cargos en su contra”. La particularidad de la resolución, apuntaron penalistas consultados, es que “es probable que esta sea la primera vez en la historia de la Fiscalía en la que los investigados solicitan este tipo de comités y el fiscal ordena a sus subalternos a organizarla. Es algo fuera de lo normal”.
Barbosa le encomendó la tarea de convocar a la reunión a su mano derecha: el coordinador de fiscales ante la Corte Suprema, Gabriel Jaimes Durán. Según la resolución, a ese comité debían asistir el director encargado del CTI, que en ese momento era Daniel Cardona, y sus fiscales de apoyo, así como otros delegados. Todo con un solo fin: que se estudie la situación planteada por los solicitantes y se garantice los principios de unidad de gestión y jerarquía, sin perjuicio de la independencia de los fiscales”. Cuatro días después, el fiscal Jaimes Durán firmó un segundo documento que envió al equipo encargado del expediente de Ramos Maya.
Además de advertir que era él convocó al comité técnico, Jaimes hizo una advertencia: “Me permito indicar a usted de manera respetuosa, se abstenga de realizar cualquier actuación de fondo o de impulso en la mencionada noticia (la de Ramos Maya) hasta tanto no se lleve a cabo el citado comité”. Y orden emitida, orden ejecutada. La imputación contra el hijo del exgobernador quedó quieta. Sin embargo, el equipo que durante casi un año había estado al frente de la investigación, sí tuvo movimientos. El fiscal Cardona fue trasladado, sin mayores razones, a una unidad de la Fiscalía en Nariño. El Espectador pudo confirmar que renunció en los últimos días.
Este diario trató de comunicarse con el exfuncionario, pero él no quiso referirse al caso. Solo explicó que se encuentra en una grave situación familiar y prefería no decir nada más. Fuentes consultadas para este reportaje llamaron la atención sobre tres puntos claves que dejan este “frenazo” en el expediente contra Ramos Maya. El primero de ellos tiene que ver con la génesis de esta investigación que está directamente relacionada con un testigo clave en el caso del exgobernador. El exparamilitar Carlos Areiza es un viejo conocido en el mundo de los falsos testimonios y en las investigaciones de la Fiscalía y la Corte por parapolítica.
Su testimonio fue la piedra angular de varios expedientes, como el de Ramos, que arrancó hace ya más de 10 años en el alto tribunal. Fue él precisamente el que acusó al exgobernador de haberse reunido con importantes jefes paramilitares de la época como Iván Roberto Duque, alias Ernesto Baéz, y Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar. En 2015, la Fiscalía denunció que Areiza y otros exparamilitares le habían mentido a la justicia cuando relacionaron a importantes políticos con grupos al margen de la ley. En ese momento, el ente investigador anunció que le imputaría a Areiza el delito de falso testimonio y él aceptó ante las autoridades que, en efecto, había mentido.
Agregó en ese momento que el senador Iván Cepeda le había ofrecido dinero a cambio de su testimonio enlodando a políticos, incluido al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Su confesión llevó a la Fiscalía a proponerle un preacuerdo, el mismo que el fiscal Umbarila quería presentar ante un juez en noviembre de 2016 y que logró hacer gracias al pasaje que, dice la investigación, compró Esteban Ramos
y su esposa. El caso no paró ahí. El enfrentamiento entre Cepeda y Uribe por falsos testigos, el mismo que llevó al expresidente a ser capturado, reveló otra arista de la situación de Areiza frente a sus testimonios y que volvió a abrir la puerta a las dudas de su veracidad.
En la decisión que tomó la Corte Suprema en 2018 de archivar una investigación en contra del senador Cepeda por supuesto falso testimonio, y abrir una al expresidente por los mismos delitos, el alto tribunal dejó en evidencia que ese preacuerdo de Areiza tenía varios “peros”. Según el propio testigo, él solo confesó ese delito porque un fiscal lo amenazó diciéndole que, si no lo hacía, le podía ir muy mal pues lo investigaría por otros delitos y la pena sería mayor. En medio de la presión, Areiza terminó aceptando el delito de falso testimonio. El alto tribunal pidió en 2018 investigar esta situación y el caso cayó en manos del fiscal Daniel Cardona.
Lo que vino para Areiza, después de su confesión y retractación, fue una seguidilla de amenazas contra su vida y el bienestar de su familia que le impidieron seguir contando la realidad de lo sucedido. En marzo de este año salió de prisión a casa por cárcel, pero dos meses después fue asesinado por sicarios en Bello (Antioquia). Con Cardona por fuera de la Fiscalía, no solo el caso del hijo de Ramos quedó bajo la dirección de Gabriel Jaimes, sino también la investigación que él mismo adelantaba por este episodio con el testigo Areiza. Con un detalle más: Jaimes es el mismo fiscal asignado a la investigación en contra de Álvaro Uribe que ahora adelanta la Fiscalía.
El segundo punto clave que resaltaron fuentes de este diario es el contexto en el que se da el “frenazo” en el caso de Ramos hijo, que coincidió con una situación similar en el expediente de Ramos padre. El pasado 28 de septiembre, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura -que aún existe a pesar de que una reforma a la justicia la eliminó en 2015-, ordenó que el magistrado Ariel Torres, ponente del proceso contra el exgobernador, sea separado del caso por filtración del borrador del fallo en contra de Ramos, divulgado en julio. La decisión, controversial e inédita, congeló el proceso pues, por ahora, Torres no puede seguir en el caso, por lo que ya fue reasignado al despacho del magistrado de la Sala de Juzgamiento Jorge Caldas..
Al ser reasignado, el nuevo ponente deberá decidir si continúa el caso con el borrador de fallo que presentó Torres -el mismo que fue filtrado-, o si considera necesario elaborar uno nuevo. Decisiones todas que tomarán tiempo. El Espectador consultó al abogado de Ramos, pero no obtuvo respuesta. También preguntó en la Fiscalía si Gabriel Jaimes ya convocó al comité técnico en el caso de Ramos Maya y también preguntó si es normal que los investigados soliciten este tipo de reuniones. Sin embargo, al cierre de esta edición no fue posible obtener estas explicaciones. Por la preeminencia de la información, sigue abierto el espacio a las respuestas.
››El exfiscal Cardona, quien lideró las investigaciones, fue apartado del caso y esta semana renunció a su cargo.