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La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales resolvió archivar el proyecto de minería a gran escala en las inmediaciones al páramo de Santurbán. Pero este no es el final de un conflicto ambiental que ya cumple 10 años.
Cuando comenzaron en Santander las primeras movilizaciones en defensa de Santurbán -con apenas 700 personas que marchaban en contra del proyecto de la minera canadiense GreyStar en 2010- eran pocos los políticos interesados en el tema. Diez años después, ya sin la amenaza de GreyStar, pero con la idea de instalar el proyecto de Minesa, las exigencias a las que se unieron miles de voces llegaron hasta el Senado de la República y, en un hecho sin precedentes, se pusieron de acuerdo todas las bancadas para unirse en defensa de este ecosistema.
La discusión por Santurbán se ha convertido en una causa nacional y ha estado latente durante todo el año, pero las últimas semanas han sido cruciales. El pasado 2 de octubre, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) informó que había decidido archivar el proyecto de explotación minera de Minesa por inconsistencias en su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Cuatro días más tarde tuvo lugar en el Senado un debate de control político en defensa de Santurbán, en el que ministros y autoridades ambientales debían aclarar los cuestionamientos sobre los conflictos y decisiones tomadas.
Tras casi 12 horas de ese último debate, los congresistas enviaron un mensaje claro al Gobierno Nacional: “No insistan con la explotación minera en Santurbán”, ni en el páramo, ni en los ecosistemas circunvecinos que pongan en riesgo su biodiversidad, la licencia debe ser negada. Lo hicieron a través de una proposición que muchos han calificado como histórica, pues fue respaldada de manera unánime por todas las bancadas, con 82 votos a favor y cero en contra. Allí también pidieron al presidente Iván Duque prohibir la minería en todas las zonas colindantes de los 37 páramos del país.
Aunque hasta aquí hay varias victorias y, sin duda, fueron muchas las voces de celebración tras el anuncio de la ANLA de archivar la licencia de Minesa, estas decisiones todavía están lejos de ponerle fin a un debate que ya cumple una década. Las preguntas, en cambio, se multiplican.
El director de la ANLA, Rodrigo Suárez, aseguró en el debate de control político que la decisión de archivar el proyecto se había tomado respetando el marco normativo vigente, pues la información que recibió la entidad del EIA de Minesa y en los complementos que se solicitaron posteriormente generaban “incertidumbre e inseguridad” y no eran suficientes para tomar una decisión de fondo. Según el auto publicado por la entidad, la empresa se contradecía en varias partes, pero principalmente en un aspecto fundamental: la conexión entre el agua subterránea y el agua superficial. El documento aseguraba que mientras en el estudio isotópico el proyecto no involucra conectividad entre el agua subterránea y la mina, en la parte sobre hidrogeología se asume que esta conectividad sí existiría. “Las anteriores contradicciones generan incertidumbre frente al real alcance del impacto en el componente hidrogeológico del capítulo de evaluación ambiental y, por ende, de la real delimitación del área de influencia”, explica el auto.
Para Gregorio Mesa, profesor titular de la Universidad Nacional y director del Grupo de Investigación de Derechos Colectivos y Ambientales, esto no es una extrañeza. Sus más de 30 años de trabajo en la protección del ambiente le han dejado claro que, aunque el EIA es un instrumento jurídico muy importante “porque es donde la empresa le cuenta al Estado lo que va a hacer”, usualmente quienes solicitan las licencias no presentan la información completa, “quieren es que les den las autorizaciones”. Eso pasa con Minesa y Santurbán, pues, asegura, el estudio no presenta las interrelaciones dinámicas que hay entre todos los elementos del ambiente (el suelo, subsuelo, aguas subterráneas, superficiales, flora, fauna y seres humanos que lo habitan).
Lo que le inquieta es que, con esos argumentos, la ANLA decidiera archivar la licencia y no negarla completamente. “Lo que dice la ley es que se otorga o se niega la licencia. Y si no tiene los requisitos y los estudios que hizo la empresa son insuficientes, hay que tomar una decisión de fondo. Pero estos mensajes de archivar invitan a la confusión y les hacen creer a las empresas que tienen el derecho a seguir insistiendo”, asevera.
Lo mismo afirma el abogado y consultor ambiental Rodrigo Negrete. Según explica, lo que dicta cómo se debe dar respuesta a un EIA es la Ley 99, la cual exige que la ANLA niegue u otorgue la licencia. “Debe existir una respuesta de sí o no”. Sin embargo, lo que le ha permito a la ANLA ser más flexible con esta respuesta es un decreto, el 2041 de 2014, que abre esta posibilidad. “Pero la ley debería ser el referente superior”, comenta. “Con el archivo están dilatando la decisión. A mí no se me hace seria esa decisión de la ANLA cuando la ley, no el decreto, dice que se debe resolver de fondo. Que la nieguen”.
A las voces de los abogados se suman muchas otras. Para Erwing Rodríguez-Salah, accionante de la Sentencia T-361, que llevó a la nueva delimitación del páramo de Santurbán, la decisión de la ANLA es “otra de las estratagemas del Gobierno para darle un respiro al proyecto de Minesa y para continuar con su política minera por encima de argumentos legales, técnicoscientíficos”. Esto, explica, desconociendo la voluntad de gran parte de los colombianos que se niegan a darles licencia social a este tipo de proyectos. Desde el Comité para la Defensa del Páramo del Agua y del Páramo de Santurbán, se afirma que, si bien la decisión de la ANLA es producto de la lucha y la presión ciudadana que se ha hecho desde 2010, la decisión no es la que buscan de fondo.
Si este no es el fin, ¿qué viene? Quienes llevan años siguiendo el tema dicen que una de las vías más posibles es que la discusión se defina en el terreno judicial. “Durante más de 10 años nos ha tocado definirlo en los estrados con acciones jurídicas”, comenta Rodríguez-Salah. “Los jueces tendrán que decidir en determinados momentos quién tiene o no el derecho. Sin embargo, es un camino difícil”, señala Mesa. Otra de las vías es la movilización social. “En Santurbán hay una comunidad y un pueblo que se la han jugado por la protección ambiental, y la movilización ha llevado a defender ese ecosistema tan importante. Lo van a seguir defendiendo”, insiste el profesor de la Nacional. Sin embargo, todavía quedan muchas preguntas por responder. Una de esas es, ¿estará la empresa dispuesta a esperar otros años más en la incertidumbre? Aunque no es una decisión de fondo, el archivo al proyecto Soto Norte le pone varias trabas a Minesa. Tendrían que hacer un nuevo EIA, lo que implica, casi, iniciar un nuevo proceso de cero. Si desisten del proyecto, ¿qué va a pasar con los municipios del páramo que se consideran dependientes de la actividad minera? ¿Cómo se está planteando el proceso de transición económica en esas zonas cercanas al páramo? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que haya una decisión definitiva?
››Quienes llevan años siguiendo el tema aseguran que una de las vías más posibles es que la discusión sobre Santurbán se defina en el terreno judicial.