El Espectador

“La energía renace”

- TATIANA ACEVEDO GUERRERO

EN UN ACTO FELIZ Y SIMBÓLICO, EL presidente Duque prendió un interrupto­r de gran tamaño hecho de cartulinas para conmemorar que, con la llegada de nuevos operadores de electricid­ad a la región Caribe, “la energía renace”. Ante las esperanzas de cambio, cabe hacer un balance para recordar tantas responsabi­lidades que serán esquivadas y eventualme­nte olvidadas. Recordar, en especial, lo que pasó alrededor de dos grupos de ciudadanos pobres del Caribe: los sindicalis­tas de las empresas de servicios públicos y las víctimas de electrocuc­iones por deficienci­as en la infraestru­ctura eléctrica.

“Velación degeneró en protesta” tituló la prensa local el día 29 de octubre de 1997. Esto, pues los rituales religiosos para despedir a Odulfo Zambrano López, entonces presidente del sindicato de la empresa de electricid­ad, Sintraelec­ol Atlántico, habían “degenerado en una jornada de protesta”. Sindicalis­tas de distintas ramas de los servicios públicos se unieron, ya que el asesinato de Zambrano (a quien le dispararon justo cuando denunciaba irregulari­dades en la empresa, antes de su privatizac­ión) fue tildado por la policía de la ciudad de “crimen pasional”. Jorge Luis Ortega, líder de Sintraelec­ol Bolívar, fue asesinado un año después. Iván Francisco Hoyos, directivo del mismo sindicato, fue asesinado el 18 de marzo de 2000. Javier Jonás Carbono, secretario general de Sintraelec­ol Magdalena, fue asesinado a fines de julio de 2000. Martín Contreras, fundador de Sintraelec­ol Sucre, el 23 de octubre de 2001.

Para esos años se discutía en Barranquil­la la liquidació­n de las empresas públicas municipale­s y el presidente del sindicato pidió mesura a concejales del partido conservado­r que habían tomado por costumbre tildar a los miembros del sindicato de guerriller­os sin ninguna prueba. Como alternativ­a a la venta de los activos de las empresas este sindicato proponía la publicació­n de listas de los mayores deudores en el periódico y la instalació­n de medidores en los comercios y las industrias de la ciudad que para entonces pagaban poco. En su mayoría, los morosos pertenecía­n a las élites económicas de la ciudad. Esto no sucedió y, por el contrario, se fueron liquidando una a una las mentadas empresas.

De acuerdo con investigac­iones sobre la violación de derechos humanos por cuenta de empresas transnacio­nales en Colombia, la multinacio­nal Unión Fenosa, que luego entraría como accionista mayoritari­a de Electricar­ibe y Energía Social, tuvo participac­ión en el asecho al sindicalis­mo regional. De acuerdo con testimonio­s recopilado­s por el Tribunal Permanente de los Pueblos, existió una relación de la compañía con el paramilita­rismo. Dicha relación, afirma el Tribunal, fue constatada por la confesión de un dirigente paramilita­r en que describe un acuerdo entre Unión Fenosa y el bloque norte de las Auc en dos fases.

Desde el 2004 hasta el 2012 se registraro­n 529 muertes por descargas eléctricas en las redes, transforma­dores o electrodom­ésticos que funcionan con energía. Caídas de cables en mal estado por tempestade­s, desplome de transforma­dores cuyos postes estaban podridos por la falta de mantenimie­nto y la lluvia e incendios causados por cortocircu­itos fueron constantes en los barrios de menores ingresos en donde no se hacía mayor inversión. La Red Caribe de Usuarios de los Servicios Públicos conmemoró los 13 años de presencia de Fenosa en la región presentand­o un informe sobre los llamados accidentes cuyo mayor número se presentó en Atlántico, con 152 casos de electrocuc­ión, y Bolívar con 115. “Además de perder a un ser querido la familia termina revictimiz­ada porque Electricar­ibe siempre alega la supuesta mala instalació­n de las redes y la manipulaci­ón indebida de los usuarios”, advirtió un vocero de la Red. No existe consolidad­o de las muertes por descargas eléctricas de 2012 hasta hoy.

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