Miami vice
Un equipo de investigadores de “El Nuevo Herald” y el “Miami Herald”, junto con periodistas independientes, documentaron cómo políticos y magnates en líos judiciales han logrado anticiparse a los obstáculos migratorios del presidente Donald Trump.
“El Nuevo Herald” y el “Miami Herald”, junto con periodistas independientes, documentaron cómo políticos y magnates latinoamericanos han logrado anticiparse a los obstáculos migratorios del presidente Donald Trump, mientras obstaculizan las investigaciones penales en sus países de origen y usan sus fortunas para adquirir visas y residencia permanente.
Donald Trump ganó la presidencia de Estados Unidos, en gran parte, criticando a las “ciudades santuario”, los refugiados y a los inmigrantes. Y lo está intentando nuevamente en su campaña para la reelección. Su muro fronterizo, financiado por contribuyentes y no por México, sigue bajo construcción a pesar del reciente escándalo que involucró a su exasesor de campaña. Su gobierno aumentó drásticamente las tarifas para los solicitantes de asilo y quienes buscan la residencia permanente. También ha separado a miles de familias en la frontera sur del país. Si su predecesor, Barack Obama, se ganó el apodo de “deportador en jefe”, Trump ha empujado las deportaciones a límites nunca vistos.
Sin embargo, desde hace ya muchos años y gobiernos, existe un grupo que se cuela por las rendijas: miembros de las élites latinoamericanas que encabezan la lista de políticos y magnates empresariales con sede en Miami, quienes siempre están un paso adelante de las autoridades. Estos expatriados utilizan sus fortunas y conexiones para adquirir visas, asilo y residencia permanente.
A pesar de que el presidente Trump suspendió una gran parte de la inmigración legal a raíz de la pandemia, en septiembre el Congreso aprobó extender el controvertido programa de visas para inversionistas, mejor conocido como EB-5 hasta finales de este año.
Una investigación realizada por El Nuevo Herald yel Miami Herald, junto con Aristegui Noticias en México y un binomio de periodistas independientes en Colombia, documenta cómo extranjeros de Bolivia, Ecuador, Colombia, Guatemala, México y Venezuela han logrado anticiparse a las autoridades migratorias en Estados Unidos mientras obstaculizan las investigaciones penales en sus países de origen.
Ponerle el dedo
Cuando la ley o las autoridades migratorias están cada vez más cerca, los cleptócratas pueden recurrir al método más viejo del manual: delatar a los demás. El colombiano Alejandro Lyons Muskus pensó que testificar en contra de otros peces más gordos sería su escapatoria. El exgobernador fue reclutado como fuente confidencial por agentes federales en 2017 en Miami, donde residía desde que en Colombia se descubriera su involucramiento con varias tramas de malversación de fondos. Uno de los escándalos más sonoros incluye el cartel de la hemofilia, donde se desviaron fondos o se efectuaron cobros por servicios inexistentes.
Lyons cumplió un papel clave en el arresto de un exzar anticorrupción colombiano, Luis Gustavo Moreno Rivera, que se declaró culpable de un cargo de conspiración de lavado de dinero por aceptar un soborno de Lyons en el Dolphin Mall en Miami. Fue ahí que las cosas se tornaron interesantes. Como muchos otros que se convierten en informantes confidenciales del gobierno, él podría haberse construido una nueva vida en Miami o mudarse a otra ciudad bajo una nueva identidad. No había cometido ningún delito a sabiendas en Estados Unidos.
Fue en ese entonces que, según fuentes colombianas, la DEA descubrió que Lyons le había mentido. En agosto del año pasado, oficiales de inmigración arrestaron a Lyons para deportarlo, un cuento aleccionador de lo que puede llegar a suceder a quienes hacen un trato, pero no lo cumplen. Sin embargo, antes de que pudiera ser deportado fue puesto en libertad. Durante meses, el Herald buscó el paradero de Lyons y rastreó sus activos. Solo encontró SRL inactivas, incluida una empresa registrada a nombre de una supuesta novia. Su esposa y sus tres hijos regresaron a Colombia.
Al margen de la refriega
Durante 17 años, el expresidente boliviano Gonzalo Goni Sánchez de Lozada y su exministro de defensa José Carlos Sánchez Berzaín han enfrentado acusaciones por autorizar a militares a usar fuerza letal contra civiles, la mayoría indígenas aymaras. Sesenta y siete personas murieron y cientos resultaron heridas en octubre de 2003, según informes noticiosos. Sin embargo, Sánchez Berzaín ha puesto en tela de juicio esta cifra y si él fue el que dirigió las acciones de los militares.
En el pico de la crisis, el proestadounidense de Sánchez de Lozada renunció y huyó con Sánchez Berzaín con ayuda del Departamento de Estado, según muestran los documentos. Desde 2003 viven en Maryland y el sur de Florida, respectivamente. Sánchez Berzaín solicitó asilo en 2006, diciendo que sería torturado por secuaces del presidente Evo Morales. Su solicitud fue aprobada en mayo de 2007.
Más tarde ese año, la Corte Suprema de Bolivia le permitió al fiscal general del país acusar formalmente a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín por múltiples cargos, incluido el genocidio, y a pedir su extradición. La solicitud fue denegada en 2012. Bolivia volvió a solicitarla en 2014. Para ese entonces
Sánchez Berzaín hacía mucho tiempo estaba encaminado hacia la residencia permanente.
Sánchez Berzaín y Sánchez de Lozada han prosperado en su nuevo país. Junto a su cuñado, Sánchez Berzaín está asociado a varias SRL a través de las cuales se han comprado diversas propiedades. También encontró su nicho como un cruzado anticomunista entre los cubanos y venezolanos exiliados, abriendo un centro político llamado Instituto Interamericano para la Democracia. También escribe artículos de opinión en contra del socialismo del siglo XXI, al que llama “castrochavismo”.
El panorama se complicó desde que la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard Law School presentara una denuncia civil en virtud de la Ley de Protección de Víctimas de Tortura de 1992, que permite demandas civiles en Estados Unidos contra personas que, actuando en calidad oficial para cualquier nación extranjera, cometieron tortura o ejecuciones extrajudiciales. El litigio comenzó en 2007, y desde entonces ha sido un laberinto legal. En abril de 2018, un jurado de un tribunal federal en Fort Lauderdale, Florida, dictó un veredicto dividido en contra del par, aseverando que los asesinatos sí fueron extrajudiciales y que ambos, Sánchez Berzaín y Sánchez de Lozada, tenían la “responsabilidad de la cadena de mando”. Al mismo tiempo, dictaminó que los soldados no tuvieron la “intención”. Se les otorgó a los demandantes US$10 millones en daños.
En noviembre pasado, un juez desestimó el veredicto. En agosto, un tribunal de apelaciones anuló esa acción, confirmando el fallo original. Bajo la administración Trump, este caso civil es más que suficiente para señalar a Sánchez Berzaín para su destitución y deportación. El entonces secretario
››El exgobernador Lyons fue reclutado como fuente confidencial por agentes federales en 2017 en Miami.
de Seguridad Nacional, John Kelly, firmó un memorándum en febrero de 2017 instruyendo al personal del Departamento para priorizar la remoción de quienes “hayan sido imputados por algún delito que no haya sido resuelto, y hayan cometido actos que constituyen un delito imputable”.
Además, las pruebas referenciales son admisibles en los procedimientos de deportación bajo el Derecho Común estadounidense desde 1988. Los expertos legales dicen que esto se ha aplicado a cientos, sino miles, de inmigrantes. Sin embargo, Sánchez Berzaín permanece en Estados Unidos.
Ni Sánchez Berzaín ni sus abogados, Ana C. Reyes de Williams & Connolly LLP, con sede en Washington D.C., y Evan B. Berger, de Becker & Poliakoff, respondieron las múltiples solicitudes de comentarios del Herald.
Amigos en altas esferas
Manuel Baldizón, de 50 años, es el vivo ejemplo de la cleptocracia. A principios de 2015, el exdiputado guatemalteco parecía imparable en la vía rápida a la presidencia, a pesar de tantísimos rumores que los carteles del narcotráfico habían subvencionado su campaña.
Confiado de su inminente victoria, viajó a Estados Unidos en febrero de ese año en un tour preelectoral para reunirse con la crema y nata de la política estadounidense. Entre quienes lo recibieron figura Mike Pence, en aquel entonces gobernador del estado de Indiana, quien próximamente se convertiría en el compañero de fórmula de Donald Trump. Jorge, uno de los hijos de Baldizón, era pasante en la oficina de Pence.
La oficina del vicepresidente no respondió a las múltiples solicitudes de El Nuevo Herald. Pero al regresar a casa las cosas se le complicaron a Baldizón. Una comisión antiimpunidad respaldada por las
Naciones Unidas descubrió tramas de corrupción que incluían sobornos y malversación de fondos públicos por líderes políticos que culminó con la renuncia y el arresto del presidente, el gabinete, decenas de políticos y élites.
Entre los implicados, en las puertas de la primera vuelta electoral en septiembre de 2015: el compañero de fórmula de Baldizón, Edgar Barquín, luego sentenciado por asociación ilícita y tráfico de influencias en una red de corrupción de más de US$100 millones. Baldizón perdió la elección de 2015 en primera vuelta. Baldizón necesitaba una estrategia de salida clara y un plan fuera de Guatemala. Fue así como Miami, una ciudad donde había pasado bastante tiempo, se convirtió en una opción atractiva.
Comenzando en 2011, había acumulado una serie de propiedades en el sur de Florida. Sus vínculos a esas propiedades están ocultados en una red de empresas de responsabilidad limitada (conocidas como SRL). Documentos obtenidos por El Nuevo Herald y el Miami
Herald permitieron hacer la conexión. Clearwater International Management LLC y 1-95 Inn LLC son empresas en Florida de una larga cadena de traspasos entre empresas fantasmas, incluyendo B&V Diversified Management LLC y Invest and Business LLC. Ambas fueron creadas en Delaware, un estado que permite ocultar las identidades de la directiva de la empresa. I-95 Inn y Clearwater, las empresas de Florida, están registradas a nombre de otro Manuel Baldizón, su hijo de 27 años.
A pesar de la implosión de su carrera política en casa, Baldizón siguió codeándose con la crema y nata de círculos republicanos. Su página personal de Facebook muestra fotos de Baldizón en el baile de inauguración presidencial en enero de 2017, donde aparece con Pence y los hermanos del vicepresidente.
Convertirse en informante fue el camino elegido finalmente por Manuel Baldizón, el guatemalteco que estuvo a punto de convertirse en presidente. Necesitaba hacer algo cuando sus vínculos con el narcotráfico y la corrupción de Odebrecht
finalmente lo alcanzaron. En enero de 2018, la entonces fiscal general, Thelma Aldana, reveló que la constructora había repartido alrededor de US$17,9 millones en sobornos, y que presuntamente US$3 millones de estos terminaron en los bolsillos de Baldizón. Pero cuando se llevaron a cabo las redadas, Baldizón no se encontraba por ningún lado.
El 20 de enero de 2018, Baldizón llegó al aeropuerto de Miami en un vuelo procedente de República Dominicana. Era una ruta que había hecho muchas veces. Pero al llegar al control de pasaportes fue arrestado con una orden judicial de la Interpol. Las autoridades de Estados Unidos y Guatemala dijeron que Baldizón pronto regresaría para enfrentar cargos de corrupción en su país. En cambio, él solicitó asilo político en Estados Unidos.
Mientras esperaba comparecer ante un juez de inmigración, agentes de la DEA y del FBI se acercaron a Baldizón para investigar el lavado de dinero vinculado a los carteles de la droga. El excandidato aceptó un acuerdo de culpabilidad, que incluía una sentencia reducida de 50 meses y ayudó a derribar a otro lavador de dinero el año pasado. Uno de sus apartamentos en Miami fue confiscado, pero otras propiedades permanecen bajo el control de su hijo.
Mientras tanto, continúa la represión de la administración Trump contra la inmigración, cerca de 50 mil inmigrantes indocumentados están confinados en cárceles, prisiones, y otras formas de detención por parte de ICE.
››Lyons fue clave en el arresto de un exfiscal anticorrupción colombiano, Luis Gustavo Moreno.