El Espectador

Zarpazo judicial

- NOTAS DE BUHARDILLA RAMIRO BEJARANO GUZMÁN

SIN NINGÚN PUDOR, EL GOBIERNO avanza con paso seguro en su peligrosa y antidemocr­ática empresa de apoderarse de la justicia. Es un viejo sueño del uribismo en el que paradójica­mente coincide con el régimen de Maduro.

El punto no es solamente que el uribismo sea hoy amo y señor en la Fiscalía, al extremo de que hasta la sección de extinción y dominio la gobierna la hija del rector de la cueva del fascismo, la Universida­d Sergio Arboleda, a quien varios medios coronaron como la reina anticorrup­ción, a partir de un relato confuso y nada verosímil, todo porque al parecer tuvo un enfrentami­ento laboral con una subalterna de prestigio personal y profesiona­l a la que con su inmenso poder no solo sacó a sombrerazo­s del cargo, sino que en los medios ha tratado de convertir en una indeseable, por decir lo menos; mientras tanto, ella se presenta como la redentora. Eso es apenas una muestra de lo que está ocurriendo en la Fiscalía, donde para tener audiencia y ser oído se requiere acreditar credencial­es de membresía del Centro Democrátic­o o de la Sergio. Por eso al señor Bieri, el censurador de la Casa de Nari, no le ha pasado absolutame­nte nada —salvo en la Procuradur­ía— y probableme­nte nada le suceda, porque es de las propias tropas.

La cosa no para allí. Hace pocos días el Gobierno consiguió designar como magistrado de la Corte Constituci­onal al doctor Jorge Ibáñez, sin duda un jurista con buen recorrido, de quien el Gobierno espera que no se le olvide cómo fue posible que se hizo togado. Confío en Ibáñez, porque es curtido en la polémica y a salvo de la lisonja, pero lo que no se puede borrar es que quienes lo han llevado hasta allí creen que han hecho una inversión segura con él. Por el bien de la democracia, ojalá nada de eso ocurra.

Pero sigue libre la plaza en la Corte Constituci­onal que dejó el pastorcito mentiroso de Carlos Bernal, el engendro de la lagartería del rector del Externado. Han pasado casi cuatro meses desde su renuncia intempesti­va y el Gobierno no integra la terna de juristas para someterla al escruti

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