La verdad judicial de la retoma del Palacio de Justicia
Estos son algunos de los hechos que la justicia ha esclarecido sobre la operación militar que se desarrolló tras la cruenta toma del M-19.
Lejos de buscar salvar las vidas de los rehenes de la toma del Palacio, en las 28 horas siguientes, las Fuerzas Armadas solo buscaron acabar con el enemigo: el M-19. Acabarlo a toda costa, sin importar sus consecuencias, siguiendo una estrategia militar que ya existía y estaba concebida para dos escenarios: la insurrección generalizada o la guerra con los vecinos. El Plan Tricolor 83 decía que no podía haber treguas, negociaciones ni ceses al fuego y fue aplicado a rajatabla por el oficial al mando, el general Arias Cabrales, su segundo al mando, coronel Luis Carlos Sadovnik, y el comandante del Ejército, Rafael Samudio Molina. Esta verdad judicial desbarata la idea de un operativo improvisado, que se construyó sobre la marcha y devela, quizá, por qué el esperado cese al fuego que clamaba en la radio el presidente de la Corte, magistrado Alfonso Reyes Echandía, nunca llegó.
La recuperación del Palacio de Justicia por parte del Ejército, luego de la toma armada que lideró la guerrilla del M-19 el 6 de noviembre de 1985, nunca pretendió recuperar con vida a las más de cien personas que estaban atrapadas en el lugar que representaba la majestad de la administración de justicia. Esta es una de las verdades que descubrió el mismo aparato judicial que se pretendió minar en la incursión guerrillera. Así lo dejó en claro la Corte Suprema
de Justicia, en septiembre de 2019, en la histórica sentencia que ratificó la pena de 35 años de prisión en contra del general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, entonces comandante de la Brigada XIII del Ejército.
Esa sentencia, cuyo contenido tal vez tomará años en ser apropiado por el país, develó una serie de verdades judiciales que hoy, cuando se cumplen 35 años de aquellos aciagos días, vale la pena exponer. La condena se dio por la desaparición de los empleados de la cafetería Carlos Rodríguez,
Bernardo Beltrán, Luz Mary Portela, David Suspes y la guerrillera Irma Franco. Y va de la mano con la decisión que la Corte Suprema tomó en 2015, absolviendo de responsabilidad al coronel (r) Alfonso Plazas Vega, condenado a treinta años de prisión en 2010. La realidad procesal dice que las órdenes de la retoma, con sus consecuencias, las tomó Arias Cabrales, pero siguiendo un plan ya existente. El Espectador retoma algunas verdades que la justicia expuesto sobre esta herida abierta del conflicto.
››Las órdenes implicaban que las personas que salieran con vida fueran interrogadas y puestas a disposición del mando militar, elemento clave de la desaparición forzada.