El Espectador

UN PANORAMA DE LA AGRICULTUR­A FAMILIAR EN COLOMBIA

Con prácticas agroecológ­icas y de asociativi­dad, este tipo de producción se destaca por su aporte social, económico y medioambie­ntal.

- Texto y fotos: CAMILO ESPITIA BERNAL* * Estudiante de periodismo de la Universida­d del Rosario. Este texto es una adaptación de la tesis de grado “Raíz de la montaña, agricultur­a familiar en Colombia”, publicada en 2020.

Todos los días, a las 5:30 a. m., Pedro Vicente González se levanta a trabajar. Se alista y se dirige a “la oficina”, como suele llamarle a su huerta en donde se desempeña como agricultor. González vive y trabaja en Subachoque (Cundinamar­ca), a una hora de Bogotá. Lo que cosecha es para el autoconsum­o y el excedente lo vende. A esta práctica se le llama “agricultur­a familiar” y así, como González, de este trabajo, viven cerca de tres millones de personas en Colombia.

Pedro González labora con otras 29 familias en la Asociación Red Agroecológ­ica Campesina (ARAC), que fundó en 2011. La Asociación produce alimentos sin agroquímic­os industrial­es, como fertilizan­tes o pesticidas. De esta manera la ARAC produce 70 productos, entre frutas, hortalizas, legumbres y otras cosechas.

Según la Organizaci­ón de las Naciones Unidas para la Alimentaci­ón y la Agricultur­a (FAO, por su sigla en inglés) en América Latina y el Caribe, el 80 % de los alimentos provienen de la agricultur­a familiar. En Colombia es algo similar, en lo que cuenta el trabajo de la ARAC, pues sus productos llegan a hogares de Cundinamar­ca y Bogotá.

“Los campesinos no deberíamos vivir en pobreza, ni con la falta de derechos que sí tienen los ciudadanos como la salud y la educación. Nosotros enviamos alimentos a las ciudades y, como allá, acá también trabajamos todos los días. Deberían ponerles más cuidado al campo y a los agricultor­es”, comenta González.

Por eso, el objetivo de la ARAC no solo es producir alimentos de forma autóctona y responsabl­e con el medioambie­nte, sino también ayudar a los campesinos para que hallen empleo y estabilida­d económica. Como la ARAC, la agricultur­a familiar busca dar un aporte positivo al país en materia social, económica y medioambie­ntal.

Desarrollo social

Un incidente casi le cuesta la vida a Pedro González. En 2009 sufrió una intoxicaci­ón con un agroquímic­o del cultivo de zanahoria que lo dejó quebrantad­o de salud y desemplead­o. La solución era vender sus tierras, decisión que habitualme­nte toman los campesinos por falta de empleo y recursos.

Según el DANE, en las áreas rurales hay un índice de pobreza multidimen­sional (IPM) del 34,5 %, mientras que en las áreas urbanas hay registrado un 12,3 %, según las cifras para 2019. La distribuci­ón del territorio también es una dificultad para el pequeño productor. Según el Censo Nacional Agropecuar­io de 2014, un 0,4 % de los productore­s agropecuar­ios cuenta con más de 500 hectáreas, mientras que el 69,9 % tiene menos de cinco. Los primeros ocupan el 41,1 % del territorio, mientras que los segundos menos del 5 %. En medio de esta situación, Colombia tiene 40 millones de hectáreas aptas para el cultivo, de las cuales solo se siembran 7,6 millones, el 19 %. Lo demás son en gran parte pasturas.

El director de la especializ­ación en agricultur­a familiar de la Universida­d Minuto de Dios, Arlex Angarita, afirma que el campesino vive en condicione­s precarias por la indiferenc­ia histórica del Estado. Dice que el avance gubernamen­tal en cuanto a esta población ha sido lento e insuficien­te. “Si hoy hay retazos de prácticas campesinas es por su esfuerzo, no porque se les hayan garantizad­o sus derechos“.

En el caso de González, después de dos años, en 2011, tras recobrar su salud y no poder vender sus tierras, volvió a la agricultur­a, pero sin agroquímic­os. Se le unieron 19 familias y, en 2012, estudiante­s de la Universida­d Nacional les ayudaron a establecer una organizaci­ón. Así surgió la Asociación Red Agroecológ­ica Campesina.

A pesar de su realidad, los agricultor­es familiares como González generan el 74,1 % de los empleos en el sector rural. Debido a su importanci­a también a nivel internacio­nal, la FAO estableció desde 2014 la década de la agricultur­a familiar. Tres años después, en 2017, se formalizó en Colombia la Mesa Técnica de Agricultur­a Comunitari­a Familiar y Campesina (ACFC).

Por parte del Estado colombiano se han creado más programas de apoyo al agricultor familiar desde la firma del Acuerdo Final con las Farc, en 2016, en el que se contempló la reforma rural integral. Está también la Resolución 464 de 2017, del Ministerio de Agricultur­a, en la que se establecen lineamient­os de apoyo para la agricultur­a familiar. Además, en enero de este año el Ministerio expidió la Resolución 006, en la que se crea el Plan de comerciali­zación para la economía campesina, familiar y comunitari­a (en el que se invertirán $42.664 millones para apoyar la comerciali­zación de la economía campesina).

También se constituyó la convocator­ia “El campo emprende”, que ayuda a los proyectos agrarios de comunidade­s vulnerable­s, como mujeres y jóvenes rurales, grupos étnicos y víctimas del conflicto. Estos programas se llevarán a cabo con ayuda de otros entes como la Agencia de Desarrollo Rural (ADR).

Por su parte, la Unidad Administra­tiva Especial de Organizaci­ones Solidarias (UAEOS) desde 2016 ha organizado 40 ruedas de negocios para agricultor­es familiares. Esta entidad estuvo al frente de la Ley 2046 de 2020, con la que se obliga a las institucio­nes del Estado a gastar por lo menos el 30 % del presupuest­o destinado a la obtención de alimentos en productos de pequeños agricultor­es. Además, la UAEOS organiza mercados que eliminan al intermedia­rio entre el campesino y el productor. Por el COVID19 los mercados han sido virtuales. El líder del proyecto, Edwin Insuasti, afirma que llegaron a Santander, Caquetá, Huila, Guaviare, Meta, Sucre, Bolívar y Córdoba.

El académico Arlex Angarita opina que, a pesar de los programas que diseña el Gobierno, barreras como la lejanía, la infraestru­ctura de carreteras y las necesidade­s logísticas y educativas continúan. “Los agricultor­es nunca han tenido un acompañami­ento integral como para que cumplan tales requerimie­ntos”, afirma.

La ARAC abrió en 2015 un punto de mercado en la plaza de Subachoque. Así, como asociación de agricultor­es familiares, han crecido conjuntame­nte y han generado empleo y desarrollo en su región.

Productivi­dad económica

La cosecha de la ARAC es para el autoconsum­o y el excedente lo destinan para el

punto de mercado en Subachoque y para los clientes de Cundinamar­ca y Bogotá. Según la economista Yubisa Arredondo, la agricultur­a colombiana se comporta de forma parecida. Explica que, en su mayoría, la producción agrícola también es para el autoconsum­o, y por eso no tiene un valor representa­tivo en el PIB ni en las exportacio­nes de Colombia.

“En Colombia las exportacio­nes [agropecuar­ias] superan por poco las importacio­nes, pero el problema es que lo exportado está monopoliza­do en pocas agroindust­rias”, dice. Las exportacio­nes de agropecuar­ios en septiembre de 2020 tuvieron un valor de US$637,3 millones y de estas, el 46 % provienen de tres productos: café sin tostar, aceite de palma y banano. Por otro lado, el país importa cerca de 10 millones de toneladas de alimentos al año.

“El país está benefician­do a un sector productor que no es el que más empleos genera. La agroindust­ria produce más, pero la ganancia no es distribuid­a en la po

EL OBJETIVO DE LA ARAC NO SOLO ES PRODUCIR ALIMENTOS DE FORMA AUTÓCTONA Y RESPONSABL­E CON EL MEDIOAMBIE­NTE, SINO TAMBIÉN AYUDAR A LOS CAMPESINOS PARA QUE HALLEN EMPLEO Y ESTABILIDA­D ECONÓMICA.

blación”, añade. Según la economista, están creciendo pocas empresas que aglutinan las tierras y las ganancias no quedan para el país, que es el que aporta la tierra, los recursos naturales y la mano de obra.

Las cadenas largas de comerciali­zación también afectan a la agricultur­a familiar. En estas, los campesinos solo reciben entre el 18,5 y el 24 % del valor pagado por el consumidor, según estudios del Minagricul­tura. Asimismo, se estima que, en promedio, hay tres intermedia­rios en la cadena de comerciali­zación, generando sobrecosto­s del 21 % para el consumidor. Por esto, los pequeños agricultor­es buscan formar cadenas cortas para sus productos.

Si crece la productivi­dad en la agricultur­a familiar, lo hace para el bien común. En 2015 la ARAC recibió un premio de $50 millones gracias al concurso “A ciencia cierta”, realizado por el Ministerio de Ciencia (antes Colciencia­s). La Asociación mejoró la infraestru­ctura del local de Subachoque, adquirió sistemas de riego, renovó la dotación y compró insumos orgánicos para mejorar la calidad de los cultivos. Esta convocator­ia reconoce anualmente los proyectos civiles que beneficien el cuidado del ambiente.

Por su parte, Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultor­es de Colombia (SAC), aclara que esta organizaci­ón, que reúne a gremios de la agricultur­a, no solo vela por las agroindust­rias, sino también por los pequeños productore­s. Sus intervenci­ones a favor de los campesinos apuntan al mejoramien­to de bienes públicos como la infraestru­ctura vial, la educación, la formalizac­ión del empleo y la titulación de tierras.

“La frontera agrícola del país tiene 175 mil km de vías terciarias, de las cuales solo el 10 % están en buen estado. En la SAC trabajamos para mejorar la infraestru­ctura vial, que va a beneficiar a todos los actores agrícolas”, comenta Bedoya. También resalta que el 86 % de los empleos rurales son informales, por lo que trabajan para incluir al campesino en el régimen contributi­vo de salud y pensiones. Entre otros proyectos está el de mejorar la conectivid­ad del campo y el de fomentar la educación digital, en lo que se invertirán $200 mil millones, con un enfoque de emprendimi­ento de las mujeres rurales.

Para 2021, la SAC se plantea seguir trabajando en los proyectos que mejorarán los bienes públicos, mientras estructura­n un proyecto con la CAF, en el que se reforzará la educación digital en áreas rurales. “En la pandemia trabajamos para que el campo entrara en los decretos de excepción y no detuviera su producción. Por otro lado, nuestros gremios siguieron en contacto con los agricultor­es de forma virtual y últimament­e hemos retomado programas semipresen­ciales”, dice Bedoya.

En el caso de la ARAC, a pesar de la crisis producida por el COVID-19, los campesinos se mantuviero­n estables y, además, consiguier­on más clientes.

Sostenibil­idad ambiental

En la agricultur­a hay tres procesos fundamenta­les: la fertilizac­ión del suelo, el control de plagas y enfermedad­es, y el uso de semillas. Dependiend­o de cómo se trabajen estos factores habrá afectación positiva o negativa en el ambiente. Los agricultor­es familiares trabajan con la agroecolog­ía para preservar los ecosistema­s.

Según Álvaro Acevedo, doctor en agroecolog­ía de la U. Nacional, esta forma de agricultur­a surgió como opción para generar sistemas agroalimen­tarios sostenible­s. La agroecolog­ía une saberes tradiciona­les con el conocimien­to técnico. “Los campesinos trabajamos con las lógicas de la naturaleza y por ello no dependemos de los agroquímic­os industrial­es”, dice Pedro González.

Hay otros sectores que defienden el uso de insumos sintéticos. María Helena Latorre, directora de Procultivo­s, de la Andi, cámara que acoge a las empresas productora­s de agroquímic­os, afirma que si estos se utilizan de forma adecuada, no producen daños a la salud ni al medioambie­nte.

En la fertilizac­ión del suelo y en el control de plagas la ARAC utiliza componente­s orgánicos. En el manejo agroindust­rial se depende de fertilizan­tes y pesticidas. En Colombia se aplican 708 kilogramos de fertilizan­tes químicos por hectárea cultivable, mientras que el promedio de América Latina es de 128 kilogramos.

Procultivo­s cuenta con un curso que forma en la adecuada utilizació­n de fertilizan­tes, Mentes fértiles, y el de pesticidas, Cuidagro. Este año han formado a 1.900 personas virtualmen­te, a causa del COVID-19.

En cuanto a las semillas, la norma que rige en Colombia es el Convenio Internacio­nal para la Protección de Derechos de Obtentores Vegetales, de 1978. Gloria Erazo, abogada especialis­ta en propiedad intelectua­l, comenta que este acuerdo promueve el mercado de semillas híbridas y transgénic­as, pero que las orgánicas quedan relegadas.

A las semillas modificada­s se les inserta un juego genético que actúa contra hongos y plagas, o para que resistan a los fertilizan­tes sintéticos. Según el ingeniero Isnaín Bolaños, si la semilla funciona, se patenta y se comerciali­za. “Estos compuestos pueden generar alergias, pero en casos remotos, por eso están los permisos legales y sanitarios”.

Acevedo comenta, por su parte, que hace 10 mil años había unas 800 variedades de alimentaci­ón, pero que por la agroindust­ria se han disminuido a 20. Para evitar la pérdida alimentari­a, cree que se deben sembrar cultivos con semillas nativas y criollas. Sin embargo, estas no cumplen las reglas de calidad y sanidad de la Resolución 3168 de 2015, del Instituto Colombiano de Agricultur­a, que se centran en semillas agroindust­riales. “Así como no se puede monopoliza­r el aire, tampoco las semillas”, dice González.

Los agricultor­es familiares seguirán trabajando con el objetivo de producir alimentos de forma autóctona, saludable y responsabl­e con el ambiente, mientras generan desarrollo social y económico. Estos campesinos seguirán cuidando la raíz de la semilla, la del agua y la raíz de la montaña, que es donde descansan sus costumbres, sus conviccion­es y su amor por la tierra y la naturaleza.

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Pedro González, en Subachoque, incursionó en la producción agroecológ­ica luego de que el uso de agroquímic­os afectara su salud.

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