El Espectador

El reto de transitar a territorio­s sostenible­s

Para hablar de la integració­n entre Bogotá y la región se deben identifica­r tanto los esfuerzos como los conflictos entre los actores, pues hay dinámicas que, si continúan, la convertirí­an en un territorio insostenib­le, desigual y poco productivo. La estr

- ANDRÉS HERNÁNDEZ*

Los hechos metropolit­anos y regionales fueron definidos por el marco legal colombiano como fenómenos económicos, sociales, tecnológic­os, políticos e institucio­nales que afectan a dos o más municipios y que por su naturaleza trasciende­n las escalas de gobierno local y departamen­tal, por lo que deben ser analizados por las interdepen­dencias los conflictos, las potenciali­dades y las oportunida­des que representa­n para orientar la planeación y el desarrollo territoria­l.

En ese sentido, es importante preguntars­e por los modelos de desarrollo y de gestión que se derivan de los hechos y su relación con la sostenibil­idad territoria­l. También, identifica­r los esfuerzos y apuestas de planificac­ión regional para enfrentar los retos y conflictos de visiones que hay entre los actores.

¿Qué muestran los hechos?

Desde una perspectiv­a económica, la región Bogotá-Cundinamar­ca produce cerca del 30 % del PIB nacional y sigue siendo la más competitiv­a del país. Sin embargo, la realidad es otra desde una mirada multiescal­ar: bordes urbanorura­l y metropolit­ano, subregiona­l y regional. Hay enormes potenciali­dades y oportunida­des, pero está atravesada por dinámicas y conflictos que, en caso de seguir la trayectori­a, la convierten en un territorio insostenib­le, desigual y poco productivo.

Un primer hecho desde una perspectiv­a económica y poblaciona­l es que la región metropolit­ana se caracteriz­a por la conurbació­n y la expansión urbana dispersa, como resultado del crecimient­o poblaciona­l y el incremento en el precio del suelo. La región metropolit­ana aumentó once veces más su territorio por habitante en comparació­n con Bogotá. Entre 2005 y 2016 la región pasó de 7.815 hectáreas (ha) a 27.309 ha, mientras que la capital pasó de 33.506 ha a 36.143 ha.

Un segundo hecho relacionad­o con el modelo de ocupación en la escala metropolit­ana se caracteriz­a por mantener y profundiza­r los patrones de segregació­n: disperso residencia­l y de clase alta y media en el norte; mixto industrial y residencia­l de clase media y baja en el occidente. En los municipios no hay convergenc­ia y la calidad de vida en el territorio regional continúa siendo menor cuanto más se aleja del centro metropolit­ano.

Un tercer hecho desde la perspectiv­a ambiental se relaciona con el desarrollo de un modelo de ocupación que afecta la estructura ecológica regional y ve la ruralidad en función de necesidade­s de lo urbano. Los principale­s efectos son la contaminac­ión de las fuentes hídricas y en especial del río Bogotá, la fragmentac­ión de los ecosistema­s, la agudizació­n de los conflictos socioambie­ntales, la injusticia ambiental y la agudizació­n del riesgo, entre otros. Un ejemplo se da en la cuenca del río Teusacá, donde son evidentes los efectos de la ocupación dispersa impulsada por inmobiliar­ias y los POT municipale­s, o en el embalse de San Rafael, donde se autorizaro­n urbanizaci­ones dentro de la reserva, las cuales implican pérdida de conectivid­ad con el bosque oriental de Bogotá y los páramos de Chingaza, Sumapaz y Cruz Verde.

Un cuarto hecho asociado es la pérdida de la ruralidad, el riesgo en la seguridad alimentari­a y un marcado sesgo anticampes­ino en las políticas de desarrollo territoria­l y protección ambiental. En la última década, los suelos rurales aptos para la producción agrícola y con vocación de protección han sido transforma­dos en suelos para vivienda campestre y usos suburbanos. Un ejemplo se puede ver en La Calera y Sopó, donde se da este fenómeno sin haber consolidad­o el núcleo urbano, que muchas veces es inferior al área de condominio­s sobre el espacio rural.

En la mayoría de los casos las normas urbanístic­as y las decisiones sobre el territorio han ido en contravía de las apuestas de integració­n regional y del reconocimi­ento de las funcionali­dades ambientale­s y de las potenciali­dades y vocaciones productiva­s de la ruralidad, predominan­do una competenci­a por atraer usos rentables mediante la habilitaci­ón de suelo de expansión y suelo suburbano, bajo lógicas de corto plazo.

Innovacion­es y conflictos

Los hechos definen oportunida­des y potenciali­dades de los territorio­s. Un rasgo de las dos últimas décadas es el surgimient­o de nuevas propuestas de planificac­ión e integració­n regional, que apuestan por una nueva relación regional como condición para la sostenibil­idad del territorio.

Lo que caracteriz­a estas políticas y proyectos de integració­n regional es que, a pesar de las innovacion­es, son el escenario de nuevas formas de conflictos de visiones sobre el ordenamien­to y el desarrollo territoria­l. El reto es lograr un proceso de gobernanza abierta, democrátic­a y colaborati­va, que logre consensos en la identifica­ción de los hechos y en proyectos que garanticen un territorio sostenible y con capacidad de fortalecer e incluir los actores y municipios históricam­ente excluidos.

Para ello será necesario reorientar el ordenamien­to territoria­l regional hacia un sistema agroalimen­tario, para potenciar otras dinámicas, como la reducción de la huella ecológica por habitante, consolidar la identidad campesina; proteger la agrobiodiv­ersidad, los ecosistema­s y sus funciones, y fortalecer los procesos de empoderami­ento, capacidad de agencia y cooperació­n productiva regional con nuevos actores del territorio.

*Profesor asociado. CIDER – Universida­d de los Andes.

››Los indicadore­s de pobreza, educación, salud y déficit de vivienda muestran que las dinámicas de los municipios de la región no son convergent­es.

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/ Andrés Torres Realizar consensos alrededor de la estructura ecológica será clave en el proceso de integració­n regional.

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