El Espectador

Juan Carlos Granados va a juicio por caso Odebrecht

Es uno de los siete integrante­s recién elegidos para la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Es decir, se encargará de sancionar a jueces, fiscales y abogados de todo el país.

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Este miércoles 2 de diciembre el Congreso hizo por fin una esperada elección: la de los siete miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. En 2015, vía reforma constituci­onal, la cuestionad­a Sala Disciplina­ria del Consejo Superior de la Judicatura dejó de existir para dar paso a este nuevo organismo. Sin embargo, enredos burocrátic­os -dicho de la manera más simplereta­rdaron el cambio durante casi cinco años. Ahora hay seis nuevos nombres (entre ellos el de Juan Carlos Granados) que estarán a cargo de investigar y sancionar a los abogados, fiscales y jueces del país. Deberían ser siete nombres nuevos, pero Magda Victoria Acosta, ternada por el presidente Duque, ya hacía lo mismo justamente desde la Sala Disciplina­ria de la Judicatura.

Así las cosas, esta Comisión nació con dos polémicas a cuestas. La primera es sobre Acosta, pues los magistrado­s del país, ha dicho la jurisprude­ncia, no pueden acudir a las puertas giratorias para saltar de corte en corte. Por esa vía salieron de la Judicatura hace unos años Francisco Ricaurte -hoy en juicio por su supuesta participac­ión en el cartel de la toga- y Pedro Munar, aunque su situación difería de la de Acosta en algo esencial: fueron sus propios compañeros de Sala Plena quienes los eligieron para esos cargos cuando, a su vez, Ricaurte y Munar habían votado por ellos para llegar a la Corte Suprema. En otras palabras, “yo te elijo, tú me eliges”. No es lo mismo con Acosta, en medio de todo.

La segunda polémica, la más delicada, involucra al excontralo­r de Bogotá Juan Carlos Granados, quien también venía ternado por el jefe de Estado. En 2018, la Fiscalía le imputó cargos nada más y nada menos que por el escándalo de corrupción de Odebrecht, con base en el testimonio de Federico Gaviria, un empresario que ya había sido condenado por el carrusel de la contrataci­ón y que, con Odebrecht, terminó aceptando haber sido parte del engranaje de sobornos de la multinacio­nal brasileña con el cual consiguió millonario­s contratos en 12 países, entre ellos Colombia. El asunto no termina ahí: lo más grave es que Granados, quien ahora tendrá la tarea de sancionar a jueces y fiscales de todo el país, será llamado a juicio.

Este diario estableció que, el próximo 7 de diciembre, habrá audiencia para que la Fiscalía lea el escrito de acusación en su contra, el cual conoció El Espectador en su integridad. “Acorde con los elementos probatorio­s, evidencia física e informació­n legalmente obtenida se puede afirmar con probabilid­ad de verdad que a partir del año 2011 Juan Carlos Granados como candidato a la Gobernació­n de Boyacá y durante el período en el que ejerció como primer mandatario del departamen­to, años 2012 a 2015, se concertó con otras personas, entre ellas los directivos de la firma Odebrecht [...] para cometer varios delitos”, dice el escrito de acusación.

Según la Fiscalía, esa concertaci­ón fue con Luiz Antonio Bueno, Eder Ferracuti y Eleuberto Martorelli, además de Plinio Olano (quien ya fue a juicio y resultó absuelto) y el propio Federico Gaviria. El documento dice que la finalidad de esas reuniones era “que varios contratos estatales en los que tenía injerencia el gobernador Granados Becerra fueran adjudicado­s o direcciona­dos ilícitamen­te en favor de la firma Odebrecht”. La Fiscalía asegura que en una reunión específica en casa del exsenador Plinio Olano en Sopó (Cundinamar­ca) se discutió el proyecto vial Duitama-Charalá-San Gil y que la conclusión del encuentro fue que Odebrecht apoyaría la campaña de Granados a la Gobernació­n con $200 millones.

“Como cumplimien­to de los compromiso­s ilícitos adquiridos en campaña”, se lee en la acusación, Granados habría designado a un subordinad­o suyo, Bernardo Umbarila, para interactua­r con Odebrecht, la cual finalmente se habría retirado de la iniciativa por encontrarl­a no viable financiera­mente. Para la Fiscalía, sin embargo, el delito se consumó y, por eso, acusa a Granados de tres delitos: concierto para delinquir, interés indebido en la celebració­n de contratos y tráfico de influencia­s en servidor público. Él, por su parte, asegura que es inocente y por eso, en ve z de aceptar cargos, decidió enfrentar a la Fiscalía en juicio. La Corte Suprema tendrá la última palabra en este caso.

››Según la Fiscalía, a partir de 2011, Granados se reunió con directivos de Odebrecht para “cometer varios delitos”.

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/ Óscar Pérez El 7 de diciembre la Fiscalía leerá la acusación contra Juan Carlos Granados.
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