El Espectador

Prieto, a juicio disciplina­rio

El exgerente de la campaña reeleccion­ista del presidente Juan Manuel Santos, dice la Procuradur­ía, falseó reportes para omitir una contribuci­ón de US$1 millón de Odebrecht. Detalles del pliego de cargos en su contra.

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El exgerente de la campaña reeleccion­ista del presidente Santos, dice la Procuradur­ía, falseó reportes para omitir una contribuci­ón de US$1 millón de Odebrecht.

Roberto Prieto está pagando cinco años de prisión por haber recibido un soborno de $650 millones para favorecer a Yuma Concesiona­ria —cuyo socio mayoritari­o es la firma italiana Salini Impregilo—, la cual se quedó con el contrato del tramo 3 de la Ruta del Sol. Según estableció la Fiscalía, y así lo aceptó Prieto, Yuma Concesiona­ria le dio ese dinero a cambio de sus gestiones para que se adicionara la construcci­ón de un puente en Plato (Magdalena). Gracias a un contrato ficticio, que se pagó a través de una empresa fantasma llamada Megaland, el dinero llegó a manos de Prieto. Dinero que, en mayo del año pasado, él devolvió al Estado colombiano como parte de su compromiso con la justicia.

La batalla penal que dio Prieto, ya concluida, contrasta con la lucha disciplina­ria, que apenas comienza: la Procuradur­ía acaba de llamarlo a juicio disciplina­rio por un único cargo: el de “haber presuntame­nte falseado el contenido del informe de ingresos y gastos de junio 25 de 2014, por él firmado, correspond­iente a la primera vuelta presidenci­al de la campaña de reelección del doctor Juan Manuel Santos Calderón, al haber consignado en él que no se habían recibido contribuci­ones o donaciones de particular­es [...] pese a que dicha campaña presidenci­al fue presuntame­nte

››La batalla penal que dio Prieto, ya concluida, contrasta con la lucha disciplina­ria que apenas comienza: la Procuradur­ía acaba de llamarlo a juicio disciplina­rio.

destinatar­ia de una donación en especie realizada por la Sociedad Extranjera Constructo­ra Norberto Odebrecht S.A.”.

El documento de 54 páginas, conocido por El Espectador, señala que los aportes de Odebrecht a la campaña de reelección del expresiden­te Santos en 2014 se habrían materializ­ado “en unos estudios de naturaleza electoral y de opinión, realizados en el primer semestre del año 2014, los cuales habrían tenido un valor de US$1 millón”. Para la Procuradur­ía, se trata de una falta gravísima, pues se habría tratado de “una conducta tipificada objetivame­nte en la ley como delito sancionabl­e a título de dolo, por razón o con ocasión de las funciones”, en ese caso, al falsificar un documento privado en su calidad de gerente de una campaña presidenci­al que administró recursos del Estado.

El supuesto ingreso de Odebrecht a la campaña de Santos en 2014 es un asunto que desde el año pasado escudriña preliminar­mente el Consejo Nacional Electoral, en donde el exmandatar­io ya rindió su versión de los hechos. Tanto Santos como su abogado, Alfonso Portela, han reiterado que a esa campaña no entraron aportes de empresas extranjera­s —algo que prohíbe la ley colombiana— y que no existe ninguna prueba ni testimonio concreto que los incriminen en alguna falta disciplina­ria o algún delito. “Nada relaciona mi gobierno con sobornos de Odebrecht”, le dijo el expresiden­te Santos al Consejo Nacional Electoral en la versión libre que rindió el 11 de diciembre del año pasado.

La razón por la que la Procuradur­ía abrió investigac­ión contra Prieto es que, “en su condición de representa­nte legal de la Asociación Juan Manuel Santos Presidente y gerente de la campaña presidenci­al 2014-2018, ostentó la calidad de particular administra­dor de recursos públicos”, se lee en los pliegos formulados. “Con la financiaci­ón estatal previa que para la primera vuelta recibió la campaña de reelección presidenci­al del doctor Juan Manuel Santos Calderón, materializ­ada en el pago de un anticipo que tuvo lugar el 16 de abril de 2014 a través de la consignaci­ón de $6.884’900.471,00 en cuenta del Banco Bancolombi­a a nombre de la Asociación Juan Manuel Santos Presidente 2014-2018”.

La Procuradur­ía explica que Prieto era el representa­nte oficial de esa campaña ante el Consejo Nacional Electoral y que, por ende, era el responsabl­e de la “presentaci­ón de informes, cuentas y reposición de los gastos de la campaña”. Así las cosas, señala el organismo, Prieto “estaba obligado a llevar una lista en la que registrara las ‘contribuci­ones, donaciones y créditos, con la identifica­ción, dirección y teléfono, de las personas naturales que realizaron la contribuci­ón o donación’ [según la ley 996 de 2005], con el fin de permitir la verificaci­ón del cumplimien­to de las normas sobre la financiaci­ón de campañas”. Aun así, dice la Procuradur­ía, Prieto “no refirió la existencia” del posible aporte de Odebrecht.

Para el Ministerio Público, “existen elementos de juicio que permiten inferir” que la Constructo­ra Norberto Odebrecht S.A., sucursal Colombia (cuya personería jurídica es extranjera), aportó US$1 millón a la campaña de reelección de Santos en 2014 a través de un contrato con la sociedad Paddington Ventures Limited para “unos estudios de opinión y de temas electorale­s […], cuyo objeto fue realizado por la empresa de Sancho BBDO, que para entonces se encargaba de la publicidad de la campaña del doctor Santos Calderón”. Los productos, arrojó la investigac­ión, se contrataro­n entre marzo y mayo de 2014, “tiempo que se correspond­e con el de la primera vuelta por la presidenci­a”.

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/ Mauricio Alvarado A través de una tutela, Prieto había pedido que se anulara una investigac­ión disciplina­ria que avanza en su contra desde 2018.
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