Juan Carlos I, rey emérito de España, quiere evitar que avance una investigación en su contra por el oscuro uso de tarjetas de crédito. Podría ser acusado de lavado de dinero .
Esta vez el rey emérito trata de evitar que avance una investigación por corrupción a través del uso de tarjetas de crédito. Juan Carlos podría ser acusado de lavado de dinero.
Corina Larsen, la mujer que durante años fue la amante del exrey Juan Carlos I de España, sigue poniéndolo en aprietos. La hoy famosa empresaria alemana no solo mantuvo un romance con el exjerarca español, sino que fue su socia en varios negocios que tienen a Juan Carlos I exiliado en Emiratos Árabes e investigado.
Al escándalo de corrupción por supuestos sobornos recibidos por el rey para favorecer a empresas árabes en varios negocios en España, en el que terminó involucrada Larsen por recibir más de US$65 millones supuestamente como un regalo del exrey, se suma otro que la justicia empieza a investigar y que los abogados de Juan Carlos I quieren evitar que avance.
Los investigadores comenzaron a revisar las finanzas del exmonarca y han descubierto hechos que podrían destapar no solo delitos de corrupción, sino de lavado de activos. Lo que ahora preocupa al exiliado rey es una investigación que comenzó hace un mes y que está relacionada con el uso de tarjetas de crédito.
Fuentes judiciales dijeron a la agencia de noticias AFP que estaban indagando si el exrey usó tarjetas vinculadas a cuentas no registradas a su nombre, lo que podría constituir un posible delito de lavado de dinero.
Según esas fuentes, se investigan fondos depositados en varias cuentas españolas controladas por una empresa mexicana y un oficial de la Fuerza Aérea española para saber si el monarca u otros miembros de la familia real accedieron a ellos.
Los fiscales habían enviado solicitudes legales al exterior para determinar si el dinero depositado en las cuentas había sido ocultado a las autoridades fiscales. Si se probaran, los hechos podrían constituir un delito de blanqueo de capitales, por el que Juan Carlos podría ser procesado, ya que el movimiento de fondos y el uso de las tarjetas de crédito ocurrieron después de su abdicación, en junio de 2014.
El equipo legal de Juan Carlos lo habría convencido de adelantarse a un nuevo escándalo y presentar una declaración de impuestos a las autoridades de España para poner en orden su situación financiera, según informó el diario El País. La declaración, presentada a Hacienda a través del abogado Javier Sánchez-Junco, ya estaría siendo estudiada por la Agencia Tributaria y se decidirá esta semana, según fuentes de El País, si necesita más información o qué acción legal se debe tomar.
“El uso de esas cuentas tuvo lugar entre los años 2016 y 2018, cuando Juan Carlos I ya había abdicado y perdido la inviolabilidad”, explican los medios. Según la información de El País, “el importe defraudado podría superar los 120 mil euros en algunos ejercicios, límite a partir del cual se considera delito fiscal, castigado con hasta cinco años de cárcel”.
La regularización voluntaria puede presentarse en cualquier momento antes de que la Agencia Tributaria abra una inspección o un juez cite a declarar como investigado por presunto fraude fiscal o blanqueo de capitales.
“La presentación de una declaración voluntaria está sobre la mesa desde que Corinna Larsen (antigua amiga íntima del soberano) declaró que Juan Carlos I le había regalado 65 millones de euros procedentes de una donación que le hizo el rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdelaziz”, informa la prensa española.
De acuerdo con investigadores, el rey emérito utilizó en varias ocasiones el seudónimo de Juan Sumer para moverse con libertad sin ser detectado por la prensa en varios asuntos privados que hoy salen a la luz. Sumer es el acrónimo de Su Majestad El Rey. Señala la prensa española que el monarca utilizó este nombre para registrarse en hoteles y viajar sin ser identificado. Con Larsen, según ella misma relató, Juan Carlos I usaba el nombre de John Smith.
¿Por qué otros delitos se investiga al rey? La primera investigación se abrió hace dos años, cuando los fiscales examinaron un contrato de un tren de alta velocidad saudita, ganado por un consorcio de empresas españolas en 2011, para saber si el entonces monarca cobró una comisión.
Según el diario suizo La Tribune, el difunto rey Abdulá depositó US$100 millones en un banco privado suizo en 2008, al que tuvo acceso Juan Carlos I, lo que generó sospechas de que se tratara de una comisión por el contrato que se adjudicó tres años después.
Su retorno está pendiente de que el fiscal Juan Ignacio Campos, que dirige las tres investigaciones abiertas por el Ministerio Público contra él, archive las investigaciones o presente una querella.