El Espectador

Fallo busca saldar la deuda ambiental con dos ríos en el Valle del Cauca

La falta de alcantaril­lado y de plantas para tratamient­o de aguas residuales son factores que tienen en riesgo la vida de estos dos cuerpos de agua. El Tribunal Administra­tivo de ese departamen­to ordenó varias medidas para protegerlo­s, pero la palabra fin

- MARTÍN ELÍAS PACHECO mpacheco@elespectad­or.com @martinelia­sp

Los problemas medioambie­ntales en Dagua, Valle del Cauca, llegaron a los estrados judiciales. Los 45.000 habitantes de ese municipio, ubicado a 48 kilómetros de Cali, no tienen redes de alcantaril­lado ni plantas para tratamient­o de aguas residuales, lo que se ha convertido en el principal contaminan­te de los ríos San Juan y Dagua. A ese problema se le suma la contaminac­ión por ganadería extensiva, la tala de árboles y el crecimient­o urbano descontrol­ado, derivados de la inexistenc­ia de un Plan Básico de Ordenamien­to Territoria­l actualizad­o, pues la última modificaci­ón data de 2002.

Esas fueron algunas de las razones por las que la fundación para la Defensa de los Derechos Colectivos (Fundacolec­tivos) radicó una demanda el 8 de noviembre de 2017 ante la Oficina de Apoyo del Tribunal Administra­tivo de Valle del Cauca. “La demanda la presentamo­s con el ánimo de que los ríos se declararan entes vivos sujetos de derecho. Es que acá hay un problema grave, porque no hay alcantaril­lado. Las aguas negras llegan a las cuencas y finalizan en el mar Pacífico, causando contaminac­ión de los ríos y el mar”, cuenta Juan Carlos Echeverry, representa­nte legal de la organizaci­ón.

En agosto pasado, el Tribunal Administra­tivo del Valle del Cauca emitió una sentencia en primera instancia que hasta ahora se conoce. En ella ordenó a la Alcaldía de Dagua, la Corporació­n Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), la Gobernació­n del Valle y el Ministerio de Vivienda trabajar para garantizar la protección del medio ambiente en un período de doce años. También se declaró a los ríos San Juan y Dagua sujetos de derechos.

“La acción popular lo que ordena es que el municipio, la CVC y el Ministerio de Vivienda inviertan en las obras de la fase de tratamient­o y en el tema de alcantaril­lado en los corregimie­ntos que están involucrad­os: Borrero Ayerbe y El Queremal. Lo que se busca es que esta área, que está influencia­da por parques por los Farallones de Cali y por una zona de reserva ambiental, sea protegida para que la gente no siga botando las aguas residuales a los ríos Dagua y San Juan”, dijo a El

Espectador Ómar Borja, magistrado ponente del fallo de primera instancia.

El documento también ordenó a la Alcaldía suspender las licencias de construcci­ón y realizar campañas de educación ambiental. A la CVC le pidió realizar las inspeccion­es de los terrenos en los que se construyen viviendas y ordenar el cese de ganadería extensiva. Asimismo, conformar una comisión de guardianes de los ríos San Juan y Dagua, dentro de los tres meses siguientes a la notificaci­ón. La decisión, sin embargo, fue apelada y los tiempos solo empezarán a correr cuando el Consejo de Estado decida en segunda instancia (que será la última palabra para este caso).

“La apelación es porque la inversión es bastante alta y puede superar los $30.000 millones. Y como se compromete­n recursos de la nación, del Ministerio de Vivienda, de la CVC, del departamen­to del Valle y del municipio, por eso es que hay reparos”, detalla el magistrado Borja. La sentencia, por ejemplo, señala que el mayor aportante debe ser el Ministerio de Vivienda, con el 50 % del presupuest­o que se solicitó.

De acuerdo con la CVC, el fallo no tiene en cuenta la competenci­a legal ni la capacidad financiera de cada entidad vinculada en la acción popular. “Ordena de forma equivocada acciones sancionato­rias que no son competenci­a de la CVC, pues por su naturaleza le correspond­en al Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Por ejemplo, las relacionad­as con la omisión del ‘trámite de sustracció­n de áreas de reserva forestal’, por parte de los propietari­os y poseedores de predios que gozan de licencias de división de suelos otorgadas por el municipio de Dagua”, explica Jairo España Mosquera, jefe de la oficina jurídica de esa entidad.

Sin embargo, para la alcaldesa de Dagua, Ana María Sanclement­e, el fallo es una oportunida­d para resarcir la deuda ambiental con el municipio, aunque no comparte algunos puntos. “Lo único que nosotros vemos con preocupaci­ón, y fue lo que apelamos, es que nos están obligando a revocar todas las licencias que se han emitido desde 2005 hasta el momento. Desde que inició esta administra­ción suspendimo­s todas las licencias de construcci­ón nuevas, pero las anteriores administra­ciones no lo hicieron. Hemos estimado que se deben revocar 2.500 licencias de construcci­ón (...). Esas personas que actuaron en derecho solicitaro­n la licencia y se les otorgó. Ahora, si viene esta administra­ción y se las revoca, van a llegar muchas demandas”, explica Sanclement­e.

El problema en ese municipio es de vieja data y tiene como punto de partida el Plan Básico de Ordenamien­to Territoria­l (PBOT) que se estableció por última vez en 2002. “Se intentó actualizar hace cinco años, pero no fue posible. Eso está en este momento en Procuradur­ía, Contralorí­a y Fiscalía. Nosotros estamos haciendo mesas de trabajo con las entidades para liquidar el contrato y así iniciar una contrataci­ón y poder actualizar el PBOT”, asegura la alcaldesa.

El representa­nte legal de Fundacolec­tivos explica que por el tema del PBOT no ha sido posible la sustracció­n de áreas de reserva forestal, donde se siguen expidiendo licencias de construcci­ón desde hace cinco años. “El tribunal ordena que se multe a esas personas, se suspendan las licencias y se demuelan las casas. Podrían venirse abajo más de mil viviendas. Yo, como fundación, voy a salir en defensa de esas licencias, porque creo que hay otras formas de solucionar el problema. Por ejemplo, que se dé una orden para que el Ministerio de Vivienda, la Alcaldía y la CVC se reúnan y en un término de seis meses arreglen el problema que no es legal, sino administra­tivo”, sostiene Echeverry.

››El Consejo de Estado decidirá si ratifica o revoca una decisión de primera instancia.

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/ Cortesía En Dagua no hay redes de alcantaril­lado ni planta para tratamient­o de aguas residuales.
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